La descongestión de la Justicia pasa por delegar funciones en la procura

El pasado jueves 5 de octubre tuvo lugar en la sede el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el acto solemne de apertura del año judicial en la Comunidad y lo hizo en un escenario de preocupante situación.

Las sendas huelgas realizadas hace unos meses por los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios judiciales agravaron el ya de por si preocupante estado de este servicio público fundamental.

Comenzamos este nuevo curso arrastrando entre esos grandes problemas uno que quiero señalar de forma particular y tiene que ver con el dinero que se encuentra aún en las cuentas de consignación de los juzgados. Las cantidades procedentes de costas judiciales que no han cobrado los justiciable a los que no se han asignado, o indemnizaciones por despido o responsabilidad civil entre otras y que no han llegado a los ciudadanos que ganaron ese pleito, porque esas cantidades están paralizadas, unos 4.700 millones de euros según el Ministerio de Justicia y unos 10.000 según el estudio del Consejo General del Procuradores o lo que es lo mismo, ¡entre dos y cuatro veces el presupuesto de todo el Ministerio de Justicia para 2023, según la fuente!

Los procuradores llevamos años denunciado que hay demasiado dinero consignado en las cuentas judiciales y que, a pesar de que los procesos declarativos funcionan relativamente bien en España y sus tiempos de resolución no se alejan de los estándares europeos, otra cosa es la fase ejecución que está parada en España y que, a postre, es la que consigue dar al ciudadano su verdadera satisfacción en un procedimiento judicial. Por eso los procuradores reivindicamos poder colaborar de forma más activa con la Administración de Justicia asumiendo esa función.

Y ello con pleno respeto al extraordinario trabajo que realizan los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) pero es obvio que, delegando algunas de sus competencias en profesionales tan cualificados como los procuradores en el ejercicio de sus funciones -como la averiguación patrimonial que podría hacerse y asumirse de inmediato- , verían su ya de por sí extraordinaria carga de trabajo aliviada con la colaboración de la procura.

Por poner un ejemplo, una reciente instrucción obliga a los LAJs a introducir 200 caracteres para hacer esos pagos. No corresponde a ninguna razón procesal ni de eficacia, pero no lo vemos operativo. Esto perjudica y ralentiza el cobro de los mandamientos judiciales. En ese dinero pendiente de llegar a su destinatario tenemos costas judiciales, consignaciones de accidentes de tráfico o fianzas

Hemos de reconocer que la cuenta de consignación funciona correctamente para las transferencia o consignaciones y es una herramienta útil, como todo siempre mejorable, como podría hacerlo el poder tener el acceso a los extractos de movimientos que no es fácil tenerlos.

No podemos olvidar que toda esa ingente cantidad de dinero en las cuentas judiciales en lugar de en las de sus verdaderos dueños está fuera del tráfico comercial y empresarial y por lo tanto es una fuente de debilidad para una economía que, como la española, no anda sobrada de estímulos.

Es necesario buscar una solución inmediata a este problema como adelantar los mandamientos a los procuradores, por los poderes que tenemos con los clientes, pero esto no se hace tampoco, sin que haya ningún inconveniente para usar este mecanismo sin mayor reforma legal cuando se ostenta la representación de la parte no para cobrar esas cantidades.

Y no podemos olvidar la situación personal, profesional y laboral que sufren miles de procuradores, junto a otros profesionales del sector legal como los abogados. Es difícil explicar a nuestros clientes que van a tardar años en ver su pretensión totalmente resuelta: se genera desconfianza en el sistema y se deteriora la seguridad jurídica. Y por supuesto un daño ya muchas veces insoportable para profesionales que trabajan de forma autónoma o en pequeños despachos que deben mantener al tiempo que no puede liquidar minutas por la paralización judicial. Responsablemente y con la vista puesta en la sociedad, los procuradores reclamamos un Pacto por la Justicia con la participación de todas las fuerzas políticas y de los operadores jurídicos que además de conocer como nadie el día de a día de la justicia, tenemos los medio, la preparación y la voluntad de contribuir a tener una justicia del siglo XXI en España.