La relación histórica entre el Poder Judicial y los medios de comunicación

El Poder Judicial se ha refugiado tradicionalmente en su opacidad y ha conseguido vivir muchos años en una cierta clandestinidad mediática

En breve

Si decimos que la relación entre los Medios de Comunicación y el Poder Judicial en España es complicada no nos equivocaremos. Tradicionalmente la Judicatura ha ignorado a los medios y no se ha preocupado en demasía por el crecimiento de su poder e influencia y, lo que es más grave, en cómo éste podría afectarle.

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La percepción de la ciudadanía sobre el Poder Judicial es mejorable, es decir, su imagen de marca está dañada, ya que tiene reputación de ser un mundo oscuro y complicado. Aquí los medios de comunicación juegan un papel muy relevante ya que, si en su labor incluyesen un acercamiento al mundo jurídico y su funcionamiento, el ciudadano perdería ese “miedo” lógico que le tiene. Y si, además, añadimos que ni nuestra clase política ni las Instituciones realizasen continuas injerencias sobre su funcionamiento, ¿no tendríamos una percepción mucho más positiva sobre nuestro Tercer Poder del Estado?

Quizá el tristemente caso de las niñas de Alcàsser (sentenciado en 1997) fue el primer juicio verdaderamente mediático y transversal de la historia de nuestro país. Los medios se limitaron a cubrir ampliamente el caso basando sus informaciones, en una primera fase, en las declaraciones de los abogados y en otra posterior en los hechos probados de las sentencias. Se contrataron, por parte de los medios, a expertos (normalmente agentes de policía retirados) para tratar de explicar y esclarecer los hechos y fue la primera vez que se dio verdadera voz a los familiares de las víctimas, lo que humanizó todo el proceso de cara a la opinión pública. Los políticos fueron cautos o incluso esquivos en sus declaraciones y, por su parte, la Judicatura no prestó la más mínima atención al pulso de emociones y comunicativo de la sociedad, verbalizado por medio de los periodistas del momento.

Collage de fotografías sobre noticias del denominado «caso Alcàsser» (Fuente: Mediaset)

Pero todo eso ha cambiado, con la incorporación de las tertulias los medios tienen que rellenar cada vez más minutos por lo que comenzaron a micro analizar y a diseccionar cada uno de los casos más mediáticos mediante tertulianos y autodenominados expertos. Comenzó la era de los “juicios-Twitter”.

Cuando hablo de “juicios-Twitter” trato de incorporar el concepto de que los medios exigen inmediatez en su resolución, poder tener un culpable tangible y a poder ser “demonizable” y que las sentencias sean muy concisas y poco técnicas para así poder trasladarlas a la ciudadanía.

Esta es la piedra angular del tradicional conflicto entre el tercer y el cuarto poder de la Democracia: sus tempos no concuerdan, sus estrategias de marketing y de comunicación son antagónicas. Es decir, el Poder Judicial no puede satisfacer las demandas, dado su objeto, de los medios de comunicación (tradicionalmente el “altavoz”, “ojos” y “oídos” de las sociedades); y los medios de comunicación no pueden pretender acortar los procesos judiciales ni sus características.

El Poder Judicial se ha refugiado tradicionalmente en su opacidad y ha conseguido vivir muchos años en una cierta clandestinidad mediática, a pesar de las macro causas que ha tenido que soportar el país (corrupción, asesinatos atroces, terrorismo…) en parte gracias a que los procesos eran tan complejos que no tenían un fácil resumen para los periodistas y también gracias a la falta de interés de la sociedad.

«El Poder Judicial no puede satisfacer las demandas, dado su objeto, de los medios de comunicación» (Foto: Economist & Jurist)

Con los cambios profundos experimentados por los medios de comunicación, sobre todo a raíz de la irrupción de las plataformas digitales, las reglas del juego cambiaron: los ciudadanos querían saber cada vez más acerca de las macro causas mediáticas y los periodistas incrementaron la presión mediática sobre el Poder Judicial.

A raíz de esto se crea el Protocolo de Comunicación de la Justicia que, según la motivación expresada en la propia web del Consejo General del Poder Judicial, nació con el objetivo de “adecuar la reforma del CGPJ operada por la Ley Orgánica 4/2013 a los profundos cambios que había experimentado el sector de la comunicación desde 2004 -fecha de aprobación del primer Protocolo- y a la relevancia social e informativa que ha adquirido la actividad de Juzgados y Tribunales”.

A priori este protocolo marca las reglas del juego sobre la relación entre el Poder Judicial y los Medios de Comunicación, sobre todo teniendo en cuenta el especial tratamiento de la información que debe darse.

El artículo 620 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la creación de una Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial. Pero el artículo 598 dice que quien tiene la competencia de nombrar y cesar al director de dicha oficina es el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (a su vez nombrado, de facto, por los principales partidos políticos). Si queremos profesionalizar la función de la comunicación y queremos tener profesionales de la mejor calidad y elegidos de una forma justa ¿no será mejor abrir una oposición pública y evitar que con cada presidente se cambie al máximo responsable y, por ende, toda la política de comunicación? La imagen de marca, como sabemos todos los expertos, cuesta mucho tiempo y trabajo formarla y mucho más que cale en la conciencia de “nuestro consumidor”. Además, si tenemos en cuenta que de esta oficina central depende la creación y aplicación de las líneas maestras de nuestra estrategia de marketing que deberán seguir las demás delegaciones (17 autonómicas más la Audiencia Nacional) los cambios cada cuatro años no se antojan de lo más adecuado.

Por otro lado, en este protocolo se asevera que los “integrantes de las Oficinas de Comunicación serán preferentemente periodistas con experiencia previa en la información de tribunales”. Esto estaría razonablemente bien en los momentos en los que no tienes crisis o en los que la imagen de marca y la percepción corporativa son positivas. En estos momentos en los que la credibilidad de la Institución se desangra, ¿no será más lógico contar con profesionales de la reputación e imagen de marca?, es decir, ¿por qué no se abre esta función al marketing?

Viendo estos dos pilares fundacionales de la función de comunicación del Poder Judicial quizá se pueda concluir, en una primara aproximación, que las crisis reputacionales y el deterioro de la imagen de marca deben solucionarse con otra estrategia.

Los periodistas han tenido que reinventarse y convertirse en hombres orquesta

Los Medios de Comunicación españoles, por su parte, padecen desde hace años una crisis de identidad tremenda. La irrupción de las nuevas plataformas informativas y los cambios en los usos y costumbres del consumo mediático les ha impactado de lleno.

Sal del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (Fuente: Poder Judicial)

La Asociación de Medios de Información (AMI) predijo hace tiempo que «el uso inteligente de los datos de consumo para la generación de productos publicitarios y editoriales personalizados es la gran prioridad de las cabeceras» y, lamentablemente, esta prioridad ha pasado por encima de sus pilares fundacionales: ser los ojos, oídos y voz de los ciudadanos e informar y educar a la opinión pública.

Los periodistas han tenido que reinventarse y convertirse en hombres orquesta. Ahora se les exige entregar paquetes informativos (noticia, foto, vídeo y contenido adaptado a las diferentes plataformas digitales) y se les ha recortado o prohibido directamente disponer de tiempo para la investigación y validación de las informaciones.

Con el cambio de la forma de consumir de la sociedad, y sí, la información es un bien de consumo, los medios de información se han decantado por la espectacularidad de los contenidos y por la presentación de éstos de una forma circense. En los medios audiovisuales, con una penetración sobre el potencial consumidor mucho mayor que los medios radiofónicos y, por supuesto, que los medios escritos, se ha rizado el rizo. Con cientos de horas de directos que rellenar se ha abogado por la hipervisibilización de los tertulianos estrella.

Todos sabemos que cada medio tiene una línea editorial, por lo que cuenta con su legión de tertulianos estrella. Aquí incluimos a políticos, ex políticos, miembros de asociaciones afines a partidos políticos.

La clase política española ha continuado interfiriendo en las líneas editoriales de los medios y ha conseguido colonizar a nuestro Cuarto Poder del Estado. Ejercen un férreo control sobre estas tertulias exigiendo su cuota de participación en ellas, siguen sin atender a los criterios periodísticos de las informaciones y aparecen en todas y cada una de las franjas horarias de los diferentes canales repitiendo de forma constante el mensaje del día, cuidadosamente preparado por su equipo de comunicación.

Estos tertulianos estrella, con poco o nulo conocimiento de los temas a tratar según la agenda informativa, han relegado incluso a los verdaderos expertos.

Ante esto, verdaderamente y siendo conocedor del funcionamiento de los Gabinetes de Prensa, el Poder Judicial tiene que ser creativo para ser capaz de colocar sus propios mensajes. Quizá este caso es un ejemplo de que más nos vale matar al mensajero, pasar por encima de él y comenzar a tener una voz propia, independiente y directa en nuestros consumidores: la ciudadanía española.