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Tribunal Supremo

Confirmada sanción a un magistrado que acumula 50 resoluciones sin resolver

Tiene sentencias sin dictar desde hace años, motivo por el que ya había sido amonestado

Reunión del Consejo General del Poder Judicial. (Foto: CGPJ)

Tiempo de lectura: 3 min



Tribunal Supremo

Confirmada sanción a un magistrado que acumula 50 resoluciones sin resolver

Tiene sentencias sin dictar desde hace años, motivo por el que ya había sido amonestado

Reunión del Consejo General del Poder Judicial. (Foto: CGPJ)



El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de cuatro meses a un magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas por acumular 50 procedimientos sin resolver. Se da la circunstancia de que este no es el primer expediente disciplinario al que se ha enfrentado el magistrado, al que ya habían castigado con un mes de suspensión de sus funciones por la misma razón.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso al magistrado una sanción de suspensión de cuatro meses por los retrasos en la resolución de procedimientos. El juez interpuso un recurso de alzada contra esta decisión, que fue desestimado en un acuerdo del Pleno del CGPJ.



Según un informe emitido por la Jefatura del Servicio de Inspección el 10 de junio de 2019, el magistrado tenía sentencias sin resolver desde junio de 2016, año en el que acumulaba cinco sentencias sin dictar. Durante el año 2017 el número ascendió a 14, mientras que en 2018 fueron 17 los fallos que se quedaron sin ser emitidos. En el momento en el que la inspección realizó su informe, ya eran 12 las sentencias sin dictar.

El Supremo destaca que el magistrado ha cometido una falta muy grave según lo establecido en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como infracción muy grave “la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.

Asimismo, ha manifestado que se trata de “una infracción en la que existe una abundante jurisprudencia a la cual han tendido tanto la resolución sancionadora como la resolutoria de la alzada”.

Fachada del Tribunal Supremo (Foto: E&J)

Reincidente

En la sentencia del Supremo se recuerda que esta no es la primera vez que este magistrado se enfrenta a una sanción por parte del órgano de gobierno de los jueces por demorarse en la resolución de causas. Así, en febrero de 2018, la Comisión Disciplinaria abrió un expediente disciplinario al magistrado en el que fue sancionado durante un mes con suspensión de funciones como autor responsable de una infracción muy grave de retraso.

En esa sanción se destacó que el problema de demora en la resolución de casos en la Audiencia Provincial de Las Palmas no era responsabilidad del propio tribunal, ya que como quedó patente en la investigación llevada a cabo, los señalamientos habían sido llevados a cabo en fecha. En este caso, toda la responsabilidad de los retrasos recayó en el magistrado por acumular causas sin resolver.

En este sentido, y al hilo del carácter reincidente del juez sancionado, en la sentencia del Supremo se recuerda que algunos de los 50 procesos inconclusos por los que ha sido ahora castigado dieron pie a la suspensión que le fue impuesta anteriormente. Sin embargo, como ha continuado sin resolverlas, el Supremo ha considerado que debe volver a ser sancionado tanto por ellas como por las recientes.

El juez sancionado acumuló 50 procesos sin resolver. (Foto: Archivo)

Otros casos

Lo habitual es que jueces y magistrados cumplan con su trabajo a pesar de que en ocasiones tienen que trabajar con una clara falta de medios. Sin embargo, este no es ni de lejos el primer caso en el que un juez es sancionado por acumulación de procesos sin resolver.

Por ejemplo, el pasado mes de abril nos hacíamos eco de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que también ratificaba la sanción impuesta por el CGPJ de suspensión de funciones durante tres años a un magistrado que se retrasaba injustificadamente en la tramitación y resolución de las causas.

La sentencia evidencia las “graves y reprochables consecuencias” que supuso la conducta infractora del magistrado para el normal funcionamiento del juzgado y para el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables.

En esta ocasión, la abultada sanción, tres años de suspensión de funciones, se fundamenta, según la Sala Tercera del Supremo, en diferentes factores. En particular, “la persistencia de la conducta infractora, su dimensión cuantitativa, su alcance objetivo así como su reiteración plasmada en las precedentes ocasiones conforme obra en el expediente, ocasionando graves y reprobables consecuencias para el normal funcionamiento del juzgado, así como una manifiesta perturbación en el ejercicio por los justiciables del derecho a la tutela judicial efectiva y en el servicio público de Justicia”, son elementos que, según el parecer del Alto Tribunal, “agravan la culpabilidad y contribuyen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza a la falta muy grave y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta”.

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