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Tribunal Supremo

La readmisión por despido improcedente no se puede dar si supone el traslado forzoso del trabajador

El Tribunal Supremo obliga a una empresa a extinguir el contrato de una empleada despedida porque no puede ofrecerle las mismas condiciones de trabajo

Tribunal Supremo. (Foto: E&J)


Tribunal Supremo

La readmisión por despido improcedente no se puede dar si supone el traslado forzoso del trabajador

El Tribunal Supremo obliga a una empresa a extinguir el contrato de una empleada despedida porque no puede ofrecerle las mismas condiciones de trabajo

Tribunal Supremo. (Foto: E&J)



Una empresa condenada por el despido improcedente de un trabajador no puede readmitirlo si supone el traslado forzoso de éste y el cambio de domicilio a una ciudad diferente. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha pronunciado en este sentido en la resolución de un recurso de casación presentado por una empresa.

El fallo de la Sala desestima el recurso interpuesto contra la sentencia 447/2021 del TSJ Andalucía de Granada. La sentencia recurrida confirma la de instancia, que estima la demanda en impugnación de despido de una trabajadora por causas objetivas, decreta la improcedencia del mismo al tiempo que declara extinguida la relación a instancias de la demandante en aplicación del artículo 110.1.b) de la Ley Reguladora de Jurisdicción Social (LRJS), condenando a la demandada al abono de indemnización y salarios de tramitación a la fecha de su dictado.



La empleada despedida trabajaba en una heladería en Granada en la que fue contratada mediante la modalidad de contrato temporal a tiempo parcial de 30 horas semanales. Sin embargo, la empleada llegaba a permanecer en su puesto de trabajo hasta 45 horas a la semana con un solo día de descanso y en horarios diversos. Esta situación fue denunciada ante la Inspección de Trabajo, que levantó un expediente a la empresa.

La empresa despidió a la trabajadora alegando causas objetivas, debido a la “disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios de ventas”, y cesó su actividad en el centro de trabajo de Granada, manteniéndolos en Madrid y Málaga.

La trabajadora despedida estaba empleada en una heladería. (Foto: E&J)

La cuestión que ha tenido que analizar el Supremo ha sido si es viable la aplicación del artículo 110.1.b) de la LRJS en el caso en le que se solicite, tras un despido declarado improcedente, la extinción de la relación laboral por imposibilidad de la readmisión. En este caso se ha acreditado el cierre o cese del centro de trabajo donde prestaba servicios la demandante, pero continúa la actividad empresarial en otros centros de trabajo en otras ciudades.

Despido improcedente

El artículo 110.1.b de la LRJS, que regula los efectos del despido improcedente, dice que “si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación”. Además, establece que, a solicitud de la parte demandante, si no se puede levar a cabio la readmisión, “podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia”.

En los fundamentos de derecho de la sentencia, , cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Bodas, los magistrados recuerdan que esa sala ha establecido una sólida doctrina sobre el precepto examinado, la cual queda recogida en la sentencia de 9 de febrero de 2021, (recurso 406/19), donde interpreta el artículo 110.1.b LRJS en relación con las previsiones del artículo 56.3 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce derecho a salarios de tramitación cuando se da la opción tácita de la empresa por la readmisión.

De la interpretación de esas normas en la citada sentencia llegan a la conclusión de que “en el caso de la opción a la que se refiere el art. 110.1 b) LRJS, la persona trabajadora que ha obtenido sentencia favorable declarando la improcedencia de su despido ostenta derecho al percibo de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la extinción laboral”.

El magistrado Ricardo Bodas, ponente de la sentencia. (Foto: Fide Fundación)

En la misma sentencia precisan cuáles son los requisitos para la aplicación del precepto examinado: que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante y, además, que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal de reincorporarse.

Fraude de ley

Analizada la ley y la jurisprudencia de la Sala, los magistrados afirman que “se ha acreditado cumplidamente que la readmisión de la demandante no podía realizarse cabalmente, aun cuando la empresa mantenga centros de trabajo en Madrid y Málaga, toda vez que la readmisión, para producirse rectamente, debe hacerse en las mismas condiciones existentes antes del despido, siempre que las mismas no fueran imposibles, ilícitas o que no hubiera podido ser objeto de la obligación”.

En este caso concreto, además, el Supremo destaca que “la demandante fue contratada temporalmente en fraude de ley, puesto que no se concretó la causa de temporalidad, incumpliéndose frontalmente lo dispuesto en el art. 3.2.a) RD 2720/1998”, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. Además, las condiciones en que trabajaba la empleada despedida (un día de descanso semanal, más horas de trabajo de las que estipulaba el contrato sin que cobrara horas extra, salario inferior al que le corresponda legalmente), demuestran que la trabajadora “fue sometida a un régimen de explotación intolerable, siendo imposible, por tanto, que su readmisión se produzca en los términos anteriores al despido”.

Teniendo en cuenta los argumentos analizados, en la sentencia queda desestimado el recurso interpuesto por la empresa, la cual tiene que extinguir el contrato e indemnizar a la trabajadora despedida.

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