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¿Cabe apreciar de oficio la caducidad del procedimiento sancionador tributario?

Este caso involucra a un notario que había sido objeto de una inspección tributaria y posterior procedimiento sancionador

Tribunal Supremo. (Foto: archivo)

Antonio Benítez Ostos

Socio Director de Administrativando Abogados, despacho de abogados especialista en derecho administrativo.




Tiempo de lectura: 4 min



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¿Cabe apreciar de oficio la caducidad del procedimiento sancionador tributario?

Este caso involucra a un notario que había sido objeto de una inspección tributaria y posterior procedimiento sancionador

Tribunal Supremo. (Foto: archivo)



El pasado 18 de diciembre de 2023, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictaba una importante sentencia en materia tributaria y sancionadora.

El caso había sido planteado por un notario que, junto con otros dos compañeros, formaban una sociedad civil, y habían sido objeto de una inspección tributaria por el concepto de IRPF de 2009 a 2012, y posterior procedimiento sancionador.



La solución dada al recurrente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la Sentencia de 11 de febrero de 2022, había sido distinta a la de sus dos socios, pues en los procesos de estos dos últimos se había estimado la cuestión de la caducidad del procedimiento sancionador (ejercicios 2011 y 2012), al ser un extremo debatido en la demanda y oposición.

Sin embargo, en el proceso del otro notario (el que nos ocupa), dicha cuestión no había sido debatida, por lo cual, aducía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no podía ser admitida para no incurrir en incongruencia extra petita.



La cuestión sometida a interés casacional por la representación del notario era: «Determinar si, en los supuestos en los que el tribunal sentenciador advierte la posible caducidad de un procedimiento sancionador, puede y debe proceder de oficio a su análisis y resolución, sin necesidad de que haya sido alegada previamente por alguna de las partes, previo trámite de audiencia.



3º) Identificar como norma jurídica que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación el artículo 211.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».

Dicho artículo 211, se refiere a la terminación del procedimiento sancionador, iniciado como consecuencia de un procedimiento previo de inspección de Hacienda, estableciendo el apartado cuarto que, “el vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 de este artículo sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.” Y dicho apartado 2 fija el plazo máximo en 6 meses desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.

Fundamento de la caducidad

La caducidad del procedimiento administrativo sancionador es una institución jurídica que pretende evitar la tardanza injustificada en la resolución de procedimientos sancionadores, y viene justificada por la situación desfavorable en la que se encuentran los sujetos expedientados, que no debe dilatarse a criterio de la Administración.

El fundamento de la caducidad, como ha venido declarando el Tribunal Supremo en varias sentencias, (entre otras, la sentencia de 10 de noviembre de 1994, de 16 de junio de 1998 y de 8 de julio de 1999), es dar satisfacción al principio de seguridad jurídica. Por este motivo, el titular de la acción debe ejercitarla dentro de un plazo previsto legalmente, pues de lo contrario si deja transcurrir dicho término, decae su derecho a utilizar esas facultades. En consecuencia, la caducidad descansa en la necesidad de que los procedimientos administrativos finalicen dentro de un tiempo razonable, amén de impedir que las Administraciones actuantes tengas discrecionalidad a la hora de determinar dicho extremo.

Tribunal Supremo. (Foto: E&J)

Pues bien, el notario recurrente, funda su recurso de casación alegando que, en los otros dos asuntos relativos a los otros dos titulares de la sociedad civil, se estimó la cuestión de la caducidad del procedimiento sancionador debido a que ésta se invocó en ambas demandas, sin embargo, en su caso, considera que, una interpretación correcta del artículo 211.4 LGT implica que, aun cuando no se hubiera alegado, cuando un tribunal advierte la caducidad de un procedimiento sancionador puede y debe proceder de oficio a su análisis y resolución, sin necesidad de que haya sido alegada previamente por alguna de las partes, puesto que es una excepción al principio de justicia rogada y el tribunal no incurre en incongruencia extra petita.

La Abogacía del Estado sostiene en su escrito de oposición, que el recurrente nada alegó en su reclamación económico – administrativa ante el TEAR de Cataluña sobre la duración del procedimiento sancionador. Tampoco alegó la caducidad del procedimiento en el posterior recurso contencioso-administrativo interpuesto, por tanto, el Tribunal, no podía apreciarla de oficio, sin incurrir en incongruencia extra petita.

Recordamos en este punto, que la incongruencia extra petita se produce cuando la sentencia se pronuncia sobre una pretensión que no ha sido planteada en el debate, siendo una obligación, conforme al art. 33.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que, los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzguen dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.

Ahora bien, debemos también traer a colación el apartado 2 de dicho precepto (art. 33) que establece que, “si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno”.

Y es que, es precisamente dicho precepto, sobre el que funda el Tribunal Supremo la estimación del recurso de casación para concluir, que procede anular la sentencia recurrida y decretar la retroacción de actuaciones para que el tribunal de instancia analice la tesis de la posible caducidad del procedimiento sancionador, y las partes puedan formular alegaciones.

Aunque el recurrente pretendía que el Supremo entrara en el fondo y estimara dicha caducidad, el Tribunal opta por la petición subsidiaria y retrotrae las actuaciones para que el Tribunal catalán lo exponga a las partes.

En definitiva, se trata de una sentencia claramente alineada con el derecho a la tutela judicial efectiva, y positiva para la práctica procesal contencioso-administrativa, de la que nos congratulamos.

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