La abogacía ante sus retos: entrevista a Óscar Fernández León, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sevilla
"Los colegios profesionales ya no pueden limitarse a prestar servicios administrativos; deben convertirse en auténticos centros de apoyo al ejercicio profesional"
(Imagen: Cesión propia)
La abogacía ante sus retos: entrevista a Óscar Fernández León, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sevilla
"Los colegios profesionales ya no pueden limitarse a prestar servicios administrativos; deben convertirse en auténticos centros de apoyo al ejercicio profesional"
(Imagen: Cesión propia)
En un momento de profunda transformación para el sector legal, marcada por la digitalización, los cambios normativos y los debates sobre la previsión social, conversamos con Óscar Fernández León, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sevilla.
En esta entrevista, aborda sin filtros los grandes desafíos de la profesión: desde el impacto ético y práctico de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, hasta la realidad de los MASC y el futuro de la Mutualidad.
Economist & Jurist (E&J). – En estos momentos, ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios como decano del Colegio de la Abogacía de Sevilla?
Óscar Fernández León (O.F.L.). Desde el primer día me marqué un objetivo muy claro: transformar el Colegio en una institución más moderna, más profesional, más cercana y, sobre todo, más útil para la abogacía y para la sociedad.
Creo firmemente que los colegios profesionales ya no pueden limitarse a prestar servicios administrativos. Deben convertirse en auténticos centros de apoyo al ejercicio profesional, capaces de anticiparse a los cambios, acompañar al abogado durante toda su carrera y defender con firmeza los valores esenciales de nuestra profesión.
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En estos años hemos impulsado un importante proceso de profesionalización y modernización de la gestión colegial, mejorando la organización interna, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y reforzando la calidad de los servicios que prestamos. Ese proceso hoy puede decirse que está plenamente consolidado.
Pero la gestión, siendo importante, no es un fin en sí mismo. Mi prioridad sigue siendo ayudar a nuestros compañeros a ejercer mejor la profesión. Por eso hemos apostado decididamente por una formación continua, práctica y de calidad, porque vivimos una transformación jurídica y tecnológica sin precedentes y ningún abogado puede permitirse dejar de actualizarse.
(Imagen: E&J)
Igualmente, considero esencial que el Colegio continúe ejerciendo una defensa firme de la profesión y del Estado de Derecho, velando por cuestiones tan esenciales como el respeto al derecho de defensa, el secreto profesional, la independencia de la abogacía y unas condiciones dignas para quienes prestan el servicio de Justicia Gratuita.
Y, junto a todo ello, quiero seguir acercando el Colegio a la sociedad. La ciudadanía debe conocer mejor el papel que desempeña la abogacía en la protección de sus derechos y libertades. Cuando un Colegio es útil para sus colegiados y, al mismo tiempo, logra proyectar hacia la sociedad el enorme valor social de nuestra profesión, está cumpliendo plenamente su función institucional.
E&J.- La inteligencia artificial no es una tendencia futura, sino un cambio de paradigma presente del que el ámbito jurídico no puede quedar al margen. En este escenario ineludible, ¿Qué visión tiene sobre el impacto real de la IA en la abogacía y en la gobernanza colegial? ¿Tienen proyectos o están implementando medidas específicas propias que apoyen a los colegiados y a su propia institución en esta transición?
O.F.L. – La inteligencia artificial no representa una amenaza para la abogacía; representa un enorme desafío y, al mismo tiempo, una extraordinaria oportunidad.
Estoy convencido de que cambiará profundamente nuestra forma de trabajar, pero no sustituirá aquello que constituye la esencia de nuestra profesión: el juicio jurídico, la estrategia, la creatividad, la negociación, la empatía con el cliente y la responsabilidad ética.
Precisamente por ello, desde el Colegio hemos querido situarnos a la vanguardia de esta transformación. Además de una intensa programación formativa sobre inteligencia artificial aplicada al ejercicio profesional, hemos creado en nuestra biblioteca espacios específicos dotados con herramientas de inteligencia artificial para que cualquier colegiado pueda utilizarlas, experimentar con ellas y familiarizarse con su funcionamiento.
(Imagen: E&J)
Queríamos que la IA dejara de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta cotidiana al alcance de todos.
Nuestro objetivo no es únicamente enseñar a utilizar estas tecnologías, sino ayudar a los abogados a integrarlas de forma responsable, respetando siempre principios irrenunciables como el secreto profesional, la protección de datos, la transparencia en su utilización y la independencia del criterio jurídico.
La inteligencia artificial cambiará la forma de ejercer la abogacía, pero seguirá siendo el abogado quien aporte el criterio, la responsabilidad y la confianza que ningún algoritmo puede ofrecer.
En todo caso, la tecnología hará mejores despachos; pero seguirán siendo los buenos abogados quienes hagan una mejor Justicia.
E&J.- El impacto de filtraciones masivas como los ‘Papeles de Panamá’ puso de manifiesto que los despachos de abogados son un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes. Desde un punto de vista técnico y normativo: ¿Cree que los bufetes españoles cuentan con las garantías de ciberseguridad y el amparo legal necesarios frente a brechas que puedan comprometer el secreto profesional?
O.F.L. – Los despachos de abogados custodian uno de los activos más valiosos que existen: la información confidencial de sus clientes. Eso los convierte, inevitablemente, en un objetivo prioritario para la ciberdelincuencia.
La concienciación ha aumentado mucho en los últimos años, pero todavía existe margen de mejora, especialmente en los despachos pequeños y medianos. La ciberseguridad ya no puede considerarse un asunto exclusivamente tecnológico; forma parte del propio deber de diligencia profesional.
(Imagen: E&J)
Hoy el principal activo de un despacho ya no son únicamente sus expedientes; es la confianza de sus clientes. Y proteger esa confianza exige invertir tanto en tecnología como en formación.
Porque un fallo de seguridad ya no supone solo una incidencia informática: puede comprometer directamente el derecho de defensa y el secreto profesional. Por eso, insisto, la ciberseguridad ya no es únicamente una cuestión tecnológica; es también una exigencia deontológica.
Desde el punto de vista normativo contamos con un marco jurídico cada vez más sólido, pero la mejor protección continúa siendo la prevención. Ningún sistema es infalible si quienes lo utilizan no están adecuadamente formados.
E&J.- La implantación de los MASC como requisito de procedibilidad obligatorio en el ámbito civil y mercantil busca aliviar la sobrecarga judicial. Sin embargo, existe el temor en la profesión de que se conviertan en un mero trámite burocrático que encarezca el proceso y retrase el acceso a la tutela judicial efectiva. Como Decano, ¿Cree que la profesión está preparada para asumir este cambio o nos arriesgamos a añadir un filtro ineficaz que entorpezca el litigio? ¿Cómo se ha adaptado el Colegio para acompañar y capacitar a los colegiados en esta materia?
O.F.L. – Comparto plenamente el objetivo que inspira los MASC. Una sociedad moderna debe potenciar las soluciones consensuadas y favorecer que aquellos conflictos susceptibles de resolverse mediante el diálogo no lleguen necesariamente a los tribunales.
Ahora bien, creo que la regulación presenta importantes aspectos susceptibles de mejora.
En la práctica se ha establecido la exigencia de acudir previamente a un MASC incluso en procedimientos en los que, por la propia naturaleza del conflicto, resulta evidente que difícilmente existirá una auténtica posibilidad de acuerdo. En esos supuestos, el requisito corre el riesgo de convertirse en un mero trámite formal que incrementa costes, retrasa el acceso a la jurisdicción y añade una complejidad procesal que no beneficia a nadie.
(Imagen: E&J)
El éxito de los MASC no dependerá de que sean obligatorios, sino de que sean realmente útiles y generen verdaderas oportunidades de negociación.
Desde el Colegio de la Abogacía de Sevilla hemos querido adelantarnos a esta realidad. Hemos desarrollado una intensa actividad formativa para que los colegiados conozcan el nuevo sistema, comprendan sus implicaciones prácticas y puedan asesorar a sus clientes con la máxima seguridad jurídica. Igualmente, hemos implementado procesos tecnológicos para que los colegiados utilicen la plataforma del Colegio para intentar alcanzar dichos acuerdos.
Las reformas procesales siempre requieren un periodo de adaptación. Lo importante ahora es escuchar a los operadores jurídicos y corregir aquellos aspectos que la experiencia práctica está poniendo de manifiesto. La eficiencia no se consigue únicamente aprobando una ley; también exige una regulación técnicamente adecuada, recursos suficientes y una implantación coherente.
E&J.- En el plano de la justicia gratuita, ¿Cree que el fomento de la actividad pro bono en los grandes despachos es plenamente compatible con la promoción del Turno de Oficio?
O.F.L. – No solamente creo que son compatibles, sino que responden a realidades completamente distintas y complementarias.
El Turno de Oficio constituye un auténtico servicio público esencial, organizado por los Colegios de la Abogacía y prestado por profesionales especialmente formados que garantizan el derecho de defensa de cualquier ciudadano con independencia de sus recursos económicos. Es una pieza imprescindible del Estado de Derecho y debe seguir siendo adecuadamente financiado y dignamente retribuido.
El trabajo pro bono, por el contrario, nace del compromiso social voluntario de muchos abogados y despachos que ponen gratuitamente su conocimiento al servicio de personas o entidades especialmente vulnerables o de causas de interés general.
(Imagen: E&J)
Siempre he defendido que la abogacía tiene una función social que trasciende el legítimo ejercicio de una actividad profesional. El pro bono constituye una magnífica expresión de ese compromiso ético que históricamente ha caracterizado a nuestra profesión.
Como he escrito en alguna ocasión, la rentabilidad económica de un despacho nunca debería impedirle mantener también una rentabilidad social.
Eso sí, conviene no confundir ambos ámbitos. El pro bono jamás puede convertirse en un sustituto del Turno de Oficio ni servir para desplazar las obligaciones que corresponden a los poderes públicos. Son dos manifestaciones distintas de un mismo compromiso con la Justicia y con la sociedad.
E&J.- En su opinión, ¿Cuál debe ser el futuro de la Mutualidad de la Abogacía y qué solución considera viable para los profesionales afectados?
O.F.L. – Nos encontramos, probablemente, ante una de las cuestiones que mayor preocupación genera actualmente entre la abogacía.
Miles de compañeros planificaron toda su vida profesional conforme a un sistema plenamente legal y respaldado por la normativa vigente en cada momento. Por ello, cualquier solución debe partir del respeto a la confianza legítima de quienes actuaron de buena fe.
(Imagen: E&J)
La reciente aprobación parlamentaria de una iniciativa favorable al establecimiento de una pasarela supone una noticia esperanzadora porque evidencia que el problema ha adquirido la relevancia institucional que merece y existe una voluntad política de encontrar una solución. Sin embargo, todavía queda un importante recorrido legislativo y técnico hasta que esa solución pueda concretarse definitivamente.
Confío en que ese camino culmine con un acuerdo ampliamente consensuado que ofrezca seguridad jurídica y, sobre todo, haga justicia con quienes durante décadas han ejercido la profesión confiando en el sistema vigente.
Porque, en realidad, no estamos hablando únicamente de pensiones. Estamos hablando de la tranquilidad con la que miles de abogados afrontan el final de toda una vida dedicada a defender los derechos de los demás.
Y creo que esa es una responsabilidad que nos interpela a todos como profesión y como sociedad.
En definitiva, una profesión que ha dedicado su vida a proteger los derechos de los ciudadanos merece que la sociedad proteja también sus legítimas expectativas cuando llega el momento de la jubilación.
