Visto para sentencia el juicio Arbistar: el fallo que dicte la Audiencia Nacional marcará una línea a seguir en otras estafas de criptomonedas

Después de una veintena de sesiones el juicio por la trama de Arbistar en la Audiencia Nacional donde se analizaba una posible estafa piramidal para miles de afectados en criptomonedas con un dinero defraudado sobre los 1.900 millones de euros, según la fiscalía quedaba visto para sentencia el pasado 4 de junio. Un juicio de gran intensidad que no ha defraudado ni a las acusaciones ni a las defensas por la intensidad de los debates y el elevado número de afectados personados, a través de distintas agrupaciones de acusaciones.

Una macro causa que, según algunas de las acusaciones, consultadas por Economist & Jurist, que han intervenido de las doce agrupaciones que han participado en este asunto, marcará un antes y un después en otros procedimientos de criptomonedas ahora también ya en marcha. Ahora se espera una sentencia, detallada y larga el próximo mes de septiembre que podría ser condenatoria para Santiago Fuentes y otros imputados de esta empresa.

La Fiscalía, que se ha enfrentado a este tema tan mediático, pide para Fuentes Jover penas que suman en total 29 años y 9 meses de prisión por pertenencia a organización criminal, falsificación de documento mercantil y estafa continuada agravada. Estima el perjuicio en unos 1.900 millones de euros y sostiene que logró un beneficio estimado de 6.000 bitcoins, que a día de hoy “no se sabe dónde están” y cuyo valor actual sería de cerca de 600 millones de euros.

En el juicio se ha debatido sobre que Arbistar habría creado  una organización criminal para estafar a miles de personas, todo ello articulado a través de una página web, diseñada por los acusados, a través de la cual los usuarios debían crear una cuenta para adquirir bitcoins, pero una vez hecha esta transferencia perdieron los clientes el control de dichas cuentas, ha dicho el fiscal.

Francisco Javier Vieira, muchos años presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido presidente de este tribunal. (Imagen: Poder Judicial)

Pruebas clara de la estafa

Miguel Ángel Fernández-Salinero ha sido uno de los abogados de la acusación de esta trama de Arbitrar. Su agrupación, la décima, ha agrupado a cinco abogados. “El juicio no ha defraudado a ninguno de los asistentes. Las defensas han hecho el trabajo que han tenido que hacer. En las conclusiones he dejado claro que el acervo probatorio del ministerio fiscal y las acusaciones demuestra que Arbistar ha sido la mayor estafa piramidal en la historia de España hasta este momento. El volcado del teléfono móvil del principal encausado, Santiago Fuentes, ha sido esencial para este asunto”, declara este letrado.

Sobre la defensa de Fuentes y otros investigados “han cuestionado esa y otras pruebas presentadas por las acusaciones sobre que no se había producido dicha  estafa. Nosotros lo hemos argumentado con pruebas periciales y documentales. De alguna forma es un Master en penal económico para todos los que hemos participado a lo largo de las veinte sesiones de la vista. Queda la pieza de blanqueo de capitales. Por lo que sabemos si hay condena, las defensas van a recurrir en casación al Supremo por infracción de ley y también se han anunciado recursos de amparo  en el  Constitucional”.

En cuanto a la manera de reparar el daño, Fernández-Salinero anticipa que “si la sentencia es condenatoria y hay que satisfacer la responsabilidad civil existente, ese criterio va a marcar la jurisprudencia clave para siguientes casos ya judicializados como Algorithmics, Nimbus o Kuailian etc. En nuestro caso son 118 bitcoins, unos 11 millones y medio de euros. El fraude se ha fijado por el fiscal en 29.000 bitcoins de los cuales no todos han denunciado. Nosotros hemos reclamado como daño emergente el importe de la inversión a fecha de inversión equivalente en euros,  y como lucro cesante la diferencia de valor que esas unidades de bitcoins invertidas tenían desde la fecha de inversión a la de la sentencia. Ha sido otro punto controvertido del juicio”.

Miguel Ángel Fernández-Salinero leyendo sus conclusiones en la Audiencia Nacional, donde cree que ha quedado claro que hubo una estafa. (Imagen: cesión propia)

Este experto cree que “ha llegado el momento de legislar un delito específico sobre este estafa piramidal. En la tesis doctoral que estoy acabando tengo una propuesta redacción de un delito de estafa piramidal autónomo, con un subtitulo agravado. Esto parece que en España no interesa mucho, pero parece que en Italia si pueden estudiar esta posibilidad. Ahí ya hay un delito de estafa que creo debería de cambiarse. Con el juicio Arbistar el legislador debería dar una vuelta a este tipo de asuntos con un componente tecnológico tan elevado. Lo que se plantea es que el dinero que se restituya sea en bitcoins y no en euros cuando elevó a definitivas sus conclusiones. En nuestro caso, hemos pedido que esa devolución se haga al precio de hoy de los bitcoins”.

En cuanto a la intervención de Santiago Fuentes “hizo el empleo de la última palabra como acusado. En sus declaraciones dejó constancia que Arbistar no es una estafa, aunque hay cosas que se han podido hacer mal. Él ha indicado que se comprometería a compensar a aquellas personas que acrediten realmente dicha inversión en su compañía. El juez ha confirmado la prórroga de su prisión provisional que caducaba el próximo 26 de junio pedida por el fiscal y otro compañero ha pedido la prisión de Diego Felipe y de otros dos encausados. La sentencia es larga, la tendremos a finales de septiembre. Será larga y detallada porque la causa es compleja”.

Habrá sentencia condenatoria

El despacho de Carlos Aránguez se ha constituido como la acusación primera y la más numerosa en cuanto a representar a 3.849 afectados, eleva el perjuicio a 3.500 millones de euros.  A juicio de este jurista, exfiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía muchos años en Sevilla, “la sentencia será condenatoria, estamos seguros de ello. Ellos han intentado entorpecer la vista con algunos comentarios que el tribunal no ha tenido en cuenta, como que el volcado del teléfono no se hizo bien. Aquí la estafa está  clara por toda la prueba documental, testifical, las periciales que se han hecho. Esa sentencia la tendremos a mitad de septiembre y creo que marcará el devenir de asuntos siguientes ya en los tribunales”.

Para este experto, “nosotros fuimos los primeros que pedimos la prisión provisional de Santiago Fuentes el 20 de septiembre del 2020. Ahora sea pedido la prórroga de su prisión provisional que se hará a partir del 26 de junio “creo que el tribunal lo tiene claro después de haber escuchado a todas las partes. Creo que con la declaración final de Santiago Fuentes ha quedado clara su culpabilidad. Así se ha visto en el interrogatorio que le hicimos, donde hubo cuestiones que no pudo contestar y en nuestras conclusiones donde confirmamos las sospechas de toda esta estafa y su modus operandi. No tenía escapatoria ante esta estafa”.

Aránguez cree que el papel del tribunal con el magistrado Vieira ha estado en su sitio “creo que su papel ha sido exquisito al permitir mucha actuación a las defensas para evitar cualquier recurso o incidente de nulidad, aun así, creo que habrá algún recurso. Al final se ha convencido al fiscal y las acusaciones hemos pedido que las compensaciones que reciban las víctimas sean en bitcoins. Nosotros así lo comentamos en nuestras conclusiones finales, el fiscal que ha estado muy bien, al final ha cambiado sus tesis. El bitcoin está regulado por el reglamento MICA ya en vigor. Hay que restituir el valor del bitcoin a precio de hoy”.

Carlos Aranguez ha representado la acusación más numerosa de afectados, cerca de 4.000. (Imagen: Aranguez Abogados)

En cuanto a Fuentes recordó Aránguez que “aún tiene pendiente otro caso separado por blanqueo de capitales y Aránguez Abogados es la única acusación personada en este asunto por el momento. En este asunto va a ser importante la billetera con 637 bitcoins a nombre de Yvonne Fuentes, su hija y averiguar qué ha pasado con esos bitcoins y donde están. También estuvimos en el procedimiento por secuestro que se le abrió, pendiente de recurso en la Audiencia Provincial de Barcelona tras sentencia condenatoria. El caso Arbistar va a marcar la doctrina de otros asuntos ya en los tribunales. Nosotros tenemos 15.000 cliente victimas de varias estafas de este tipo”.

Para este abogado, “con la celebración de esta macro causa se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con entidades como la Audiencia nacional, creada en los años ochenta para atender este tipo de asuntos criminales tan complejos. Su papel en la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo ha sido santo y seña estos años. Ahora también lucha contra otra delincuencia que está en el ciberespacio. El ciberespacio no pertenece a ningún partido judicial concreto, que nuestro país tenga una entidad como ésta es muy acertado para abordar los casos virtuales que llegan. Es de los órganos judiciales que mejor dotación de medios tiene”.

Quedo acreditado su acción criminal

Por su parte, Jesús P. López, socio director de Abogado Amigo, ha sido otra de las acusaciones, la séptima, que ha defendido los intereses de unos treinta afectados. A su juicio esos veinte días de juicio en la Audiencia Nacional han demostrado que “estábamos ante una organización criminal bien estructurada volcada hacia la comisión de este delito relacionado con la estafa piramidal, con una parte tecnológica y otra comercial muy importante que a nivel individual no se hubiera logrado gestionar. La participación de todos los acusados ha sido clave para que funcionara como tal”.

Este abogado recuerda que “al alagarse el juicio más de lo debido las conclusiones se han hecho en el edificio que tiene la Audiencia Nacional en la madrileña calle Goya. Sobre el tribunal con el magistrado Francisco Javier Vieira a la cabeza hay que indicar que como director del procedimiento ha sido un excelente responsable, de tal forma que ha logrado que todo el mundo esté donde tiene que estar. No le temblado la mano en algunas decisiones y ha estado en su papel. Ahora bien, en un asunto como este se echa de menos el conocimiento técnico de todos los intervinientes”.

Jesús P. López cree que es una buena idea que las compensaciones se fijen para las víctimas en bitcoins, a ser posible con el valor real a precio de hoy. (Imagen: Abogado Amigo)

Sobre la trascendencia de esta sentencia que presumiblemente se conocerá el próximo mes de septiembre “va a ser una de las primeras que aborda estos problemas, de ahí su trascendencia. Responde a cuestiones relacionadas con la prueba, custodia, de la información que debe recibir el usuario. También debería explicar cómo funcionan herramienta as como el wallet; porque se gestiona de una manera y de otra, a nivel jurídico. También darnos pauta sobre los trabajos de los peritos si se hicieron de forma correcta para que sirva para el resto de procedimientos y se establezca un punto de comparación respecto de aquellos que se pondrán en marcha”.

Un dato importante es que las acusaciones han pedido al tribunal que la compensación final que fijen para los afectados sea en bitcoins, López nos aclara este término “así es y así debería ser. El valor del activo no queda exclusivamente representado por el dinero que pueda valer en un momento dado, pero tampoco el dinero que vale ahora. Tiene un valor diferente a su precio.  El que restituyan un valor que habría que determinar si es el valor actual;  de adquisición o que valor, no es equiparable a la utilidad que reporta el hecho de poder tener ese activo o su revaloración. Lo que se tiene que restituir debería ser en bitcoin. Ahora mismo cada bitcoin ronda los 90.000 euros”.

En este juicio han quedado fuera miles de afectados “habrá que ver si pueden reclamar o por el contrario cumple la prescripción en un asunto que ha sido muy largo judicialmente. Hay que estudiarlo con detalle. Hay 4.000 afectados representado pero puede haber otros 30.000 de todo el mundo, algunos de ello en otros países, otros que no pueden justificar de donde proceden los bitcoins que tienen, si no lo puede justificar no pueden reclamar. Habrá que ver ahora si realmente los afectados son solventes. Santiago Fuentes, como acusado de la trama, tuvo la ultima palabra, estuvo en su línea. Ahora se ha confirmado  que se renueva su prisión provisional que caducaba el 26 de junio”.