La protección al denunciante: una asignatura pendiente entre la tutela de derechos y la prevención del abuso
"La justicia no solo debe ser eficaz, también equitativa"
(Imagen: archivo)
La protección al denunciante: una asignatura pendiente entre la tutela de derechos y la prevención del abuso
"La justicia no solo debe ser eficaz, también equitativa"
(Imagen: archivo)
Este pasado 23 de junio se ha conmemorado el Día Internacional de la Protección del Denunciante, una fecha que busca reconocer el valor cívico de quienes, en ejercicio de su conciencia y deber ético, denuncian hechos constitutivos de infracción, penal o administrativa. Desde el punto de vista jurídico, se trata de garantizar a estas personas una tutela efectiva frente a posibles represalias y asegurar que la denuncia pueda realizarse en condiciones de seguridad y, en el caso de ser el denunciante la víctima del hecho denunciado, con la mayor objetividad.
El Derecho ha avanzado en esta dirección a través de normas como la Directiva (UE) 2019/1937, de protección a los whistleblowers, y su transposición a los ordenamientos internos, como ocurre en España con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Pero como todo derecho, la protección al denunciante no es ilimitada ni puede amparar el fraude. En este día también es necesario subrayar la otra cara de la moneda: las consecuencias devastadoras derivadas de la denuncia falsa y de la nula criba que, en muchas ocasiones, tiene lugar en quien la recepciona (Policía, Fiscalía o el mismo juzgado), especialmente cuando esta se realiza no por civismo o por razones de defensa de un interés público, sino por interés personal, atentando contra la dignidad, la honra y la libertad de personas inocentes, injustamente denunciadas.
...
CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES
