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El CEDS sigue las tesis de CCOO y dice que las indemnizaciones por despido improcedente en España son insuficientes

El Gobierno tendrá que estudiar si modifica el sistema actual tasado de despido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores

Tras el fallo de esta noche del CEDS, Sindicatos UGT y CCOO están alineados con el Gobierno para modificar las indemnizaciones por despido improcedente  (Imagen: Ministerio de trabajo)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado




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El CEDS sigue las tesis de CCOO y dice que las indemnizaciones por despido improcedente en España son insuficientes

El Gobierno tendrá que estudiar si modifica el sistema actual tasado de despido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores

Tras el fallo de esta noche del CEDS, Sindicatos UGT y CCOO están alineados con el Gobierno para modificar las indemnizaciones por despido improcedente  (Imagen: Ministerio de trabajo)

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha vuelto a dejar en evidencia a España por su sistema de indemnización por despido improcedente. En esta ocasión, este organismo con sede en Estrasburgo ha estimado la denuncia presentada por Comisiones Obreras (CCOO), señalando que el sistema español no garantiza una compensación adecuada para los trabajadores que pierden su empleo de forma injustificada, al ser “insuficiente y poco disuasorio para el empresario”.

En su decisión sobre el fondo de la cuestión examinada, el Comité concluye por unanimidad que existe una violación del artículo 24.b de la Carta Social Europea, en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, la readmisión del trabajador y la compensación correspondiente a los trabajadores temporales contratados en fraude de ley.

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«La legislación española sobre indemnizaciones y reincorporación laboral en casos de despido improcedente, así como la indemnización de trabajadores temporales contratados en fraude de ley, vulnera la Carta Social Europea revisada», concluye de forma unánime la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico y que ya fue notificada a las partes interesadas (Gobierno, sindicatos y patronal) el pasado 26 de febrero.

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