Éxito del presidente del CGAE, Salvador González, en Europa
Noemí Alarcón Velasco es nombrada nueva vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea
El CGAE de Salvador González presentó la candidatura de Noemí Alarcón, quien ahora ocupará un puesto en el máximo órgano de poder de la abogacía europea. (Imagen: Abogacía Española)
Éxito del presidente del CGAE, Salvador González, en Europa
Noemí Alarcón Velasco es nombrada nueva vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea
El CGAE de Salvador González presentó la candidatura de Noemí Alarcón, quien ahora ocupará un puesto en el máximo órgano de poder de la abogacía europea. (Imagen: Abogacía Española)
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha conseguido que la abogada española Noemí Alarcón Velasco fuera nombrada vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).
La candidatura de Alarcón fue presentada por el CGAE en París, bajo liderazgo del presidente González. El Consejo Europeo de la Abogacía cuenta con un presidente y tres vicepresidencias. Cada cargo se ejerce durante el año natural correspondiente y son cargos rotativos hasta alcanzar el cargo de presidente.
Noemí Alarcón Velasco es una respetada jurista en materia de Derecho europeo, y ya ostentaba el cargo de presidenta del Comité de Migraciones de CCBE. La entrada de Alarcón en el máximo órgano de poder de la abogacía europea acaba con un periodo de más de 15 años sin que un abogado/a español/a tuviera un puesto relevante en el máximo órgano de poder de esta organización. Para la abogacía española es importante tener una voz fuerte en las organizaciones europeas que permita reforzar la defensa de la independencia de la abogacía y el respeto a su función.
La actualidad, demuestra que instituciones como el secreto profesional y el derecho a la defensa están amenazados. En estos momentos es fundamental que los colegios profesionales y las instituciones que los coordinan centren su actividad en lo que realmente les da sentido a su existencia, que no es otro que proteger a la abogacía en el libre e independiente ejercicio de sus funciones, lo que comporta como efecto inmediato y afortunadamente inevitable, proteger la justicia y los derechos y dignidad de la ciudadanía.
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