Una denuncia introspectiva sobre el doble rasero con los decretos-leyes en el Tribunal Constitucional
La tensión entre garantismo y deferencia gubernamental
José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional, ha formulado un voto particular que constituye una reflexión de amplio espectro sobre la evolución de la jurisprudencia del propio Tribunal en materia de control de decretos-leyes.(Imagen: TC)
Una denuncia introspectiva sobre el doble rasero con los decretos-leyes en el Tribunal Constitucional
La tensión entre garantismo y deferencia gubernamental
José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional, ha formulado un voto particular que constituye una reflexión de amplio espectro sobre la evolución de la jurisprudencia del propio Tribunal en materia de control de decretos-leyes.(Imagen: TC)
El Tribunal Constitucional español, órgano de garantías por excelencia de nuestro sistema político, atraviesa en los últimos tiempos una coyuntura de notable turbulencia interna. Las divergencias entre sus magistrados, tradicionalmente expresadas con la contención que exige la investidura, han adquirido en los últimos meses una virulencia inusitada que trasciende el ámbito estrictamente jurisdiccional para proyectarse sobre el debate público sobre el Estado de Derecho. En este contexto, el voto particular formulado por el magistrado José María Macías en relación con la sentencia que anuló el decreto-ley del Gobierno balear constituye una denuncia de excepcional contundencia sobre lo que el propio magistrado califica como una obsequiosa deferencia hacia el Ejecutivo central.
La sentencia de la que Macías disiente examinaba el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los grupos parlamentarios Socialista, Sumar y el Grupo Mixto del Congreso contra el decreto-ley 5/2024 del Gobierno de las Islas Baleares, presidido por Marga Prohens. El ejecutivo autonómico había recurrido a esta figura normativa para corregir un error de votación parlamentaria que había provocado la aprobación involuntaria de una treintena de enmiendas que la mayoría de la cámara pretendía rechazar. La urgencia invocada por el Gobierno balear residía en la necesidad de evitar que los ciudadanos padecieran las consecuencias de una situación jurídica no razonable, generada por un error humano, público y notorio.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por amplia mayoría, estimó el recurso y anuló el decreto-ley balear, concluyendo que los motivos aducidos no configuraban una situación de extraordinaria y urgente necesidad en el sentido del artículo 86 de la Constitución. Frente a esta solución mayoritaria, José María Macías formuló un voto particular que, sin embargo, no se limita a defender la constitucionalidad del decreto-ley impugnado, sino que constituye una reflexión de amplio espectro sobre la evolución de la jurisprudencia del propio Tribunal en materia de control de decretos-leyes.
...
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES
