La Justicia frena las liquidaciones automáticas: un auto revolucionario refuerza el derecho del deudor a conservar su vivienda
La Audiencia Provincial de Cantabria abre la puerta a una interpretación más garantista de la Ley de Segunda Oportunidad y obliga a dar al deudor una oportunidad real para presentar un plan de pagos antes de liquidar su patrimonio
(Imagen: E&J)
La Justicia frena las liquidaciones automáticas: un auto revolucionario refuerza el derecho del deudor a conservar su vivienda
La Audiencia Provincial de Cantabria abre la puerta a una interpretación más garantista de la Ley de Segunda Oportunidad y obliga a dar al deudor una oportunidad real para presentar un plan de pagos antes de liquidar su patrimonio
(Imagen: E&J)
La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una resolución que puede marcar un antes y un después en la aplicación práctica de la Ley de Segunda Oportunidad. El auto, de 24 de abril de 2026, supone un importante correctivo a la práctica judicial de abrir de forma automática la fase de liquidación en los concursos de personas físicas.
Con este pronunciamiento, el tribunal refuerza el derecho del deudor a intentar conservar su patrimonio mediante un plan de pagos antes de perder definitivamente sus bienes.
Una interpretación favorable al concursado
La resolución aborda uno de los grandes problemas surgidos tras la reforma concursal de 2022: la falta de claridad sobre el momento exacto en que el deudor pierde la posibilidad de acogerse a la exoneración del pasivo insatisfecho por la vía del plan de pagos. Y lo resuelve con una interpretación claramente favorable al concursado.
El caso analizado por la Audiencia partía de una situación relativamente habitual: la deudora había solicitado el concurso voluntario manifestando expresamente, desde el inicio, su intención de acceder a la exoneración mediante un plan de pagos, conforme al artículo 495.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Sin embargo, tras la presentación del informe de la administración concursal, y al no haberse presentado ninguna propuesta de convenio, el juzgado acordó de oficio la apertura de la fase de liquidación.
La concursada recurrió alegando que nunca se le dio la oportunidad real de presentar el plan de pagos antes de acordarse la liquidación y que esa decisión le había privado del derecho a intentar conservar su patrimonio.
(Imagen: E&J)
La Audiencia Provincial le ha dado parcialmente la razón y ha adoptado una decisión de enorme trascendencia práctica: dejar sin efecto la apertura de la liquidación y retrotraer las actuaciones para que el juzgado conceda expresamente a la deudora un plazo de diez días para manifestar si desea presentar un plan de pagos.
La ausencia de regulación específica
Lo más relevante del auto es que la propia Audiencia reconoce que ese trámite previo no se establece de forma expresa en la ley. Sin embargo, considera que una interpretación estrictamente literal del artículo 495.2 TRLC puede provocar un resultado contrario al espíritu de la normativa europea sobre insolvencia y al propio mecanismo de segunda oportunidad.
La Sala advierte de que el sistema actual genera una notoria inseguridad jurídica para el deudor. Si bien el artículo 495.2 permite solicitar la exoneración mediante un plan de pagos “en cualquier momento antes de que el juez acuerde la liquidación de la masa activa”, la norma no establece un plazo concreto ni un mecanismo claro de advertencia.
En la práctica, esto puede provocar que muchos deudores pierdan la posibilidad de acogerse a este itinerario sin siquiera ser conscientes de que el plazo ha precluido.
La Audiencia enumera varias incertidumbres prácticas especialmente relevantes: la duda sobre si el límite temporal se sitúa en los 15 o en los 18 días posteriores al informe de la administración concursal; la posibilidad de que la liquidación se acuerde más tarde de lo previsto legalmente; el desconocimiento del deudor sobre la existencia de propuestas de convenio; o, incluso, la falta de claridad sobre cuándo se entiende definitivamente abierta la fase de liquidación.
Frente a ello, el tribunal apuesta por una interpretación claramente garantista. Considera que, especialmente cuando el deudor haya dejado constancia desde el inicio de su voluntad de acogerse a un plan de pagos, el juzgado debe facilitarle expresamente esa posibilidad antes de abrir de oficio la liquidación. De lo contrario, el concursado podría verse abocado de forma irreversible a la pérdida de todos sus bienes.
(Imagen: E&J)
El refuerzo de la conservación del patrimonio
La resolución conecta esta interpretación con la finalidad de la Directiva Europea 2019/1023 y con el espíritu de la reforma de la segunda oportunidad, recordando que el objetivo del sistema no es únicamente cancelar deudas, sino permitir al deudor viable conservar su patrimonio siempre que pueda asumir un calendario razonable de pagos.
El auto cita, además, la reciente Guía judicial sobre el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho elaborada por un grupo de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y publicada en marzo de 2026. En la que se recomienda, precisamente, la concesión de un trámite específico previo a la liquidación de oficio para que el deudor pueda optar por la vía del plan de pagos.
La decisión de la Audiencia Provincial de Cantabria no es un hecho aislado. El propio auto menciona resoluciones de otras audiencias provinciales, como la de Valencia, que ya habían mostrado una clara tendencia a flexibilizar formalismos procesales cuando está en juego la supervivencia del patrimonio del deudor.
La trascendencia práctica de esta resolución es indudable. Para los abogados especializados en insolvencia, supone un respaldo fundamental de la estrategia de dejar constancia explícita desde el inicio del concurso de la voluntad del deudor de acogerse a un plan de pagos.
Para los juzgados mercantiles, implica una advertencia clara sobre los riesgos de abrir automáticamente la liquidación sin un trámite previo específico. Y para miles de deudores, puede convertirse en una vía para intentar conservar su vivienda o parte de su patrimonio.
(Imagen: E&J)
Esta resolución, además, pone de manifiesto que la reforma concursal de 2022 sigue generando importantes lagunas interpretativas y que la configuración definitiva del sistema de segunda oportunidad aún está lejos de estabilizarse.
El debate sobre hasta dónde deben llegar los órganos judiciales para garantizar de forma efectiva el derecho del deudor a elegir entre liquidación o el plan de pagos está más abierto que nunca.
Todo apunta a que, tarde o temprano, será el Tribunal Supremo quien tendrá que fijar la doctrina definitiva sobre una cuestión que afecta directamente a uno de los pilares esenciales de la nueva legislación concursal: la verdadera posibilidad de empezar de nuevo sin perderlo todo.
