La inflación del amparo: por qué puede ser un error judicializar los lanzamientos

El drama de los desahucios de familias vulnerables interpela a cualquiera con un mínimo de sensibilidad social. Sin embargo, que el problema sea grave no implica que cualquier herramienta sea adecuada para abordarlo. La propuesta de utilizar de manera masiva el recurso de amparo para frenar lanzamientos puede sonar atractiva, casi épica: los juristas enfrentándose a los grandes tenedores en nombre de la Constitución. Pero bajo esa épica late un riesgo serio de distorsionar una vía procesal excepcional, sobrecargar el sistema judicial y desviar el foco del lugar donde realmente deberían adoptarse las decisiones de fondo: el Parlamento.

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El recurso de amparo nació como una pieza de cierre del sistema de garantías constitucionales, no como una tercera instancia ni como una suerte de filtro general para cualquier decisión impopular. Si se convierte en la herramienta habitual para intentar paralizar desahucios, su carácter extraordinario se difumina. La “inflación del amparo” puede tener varias consecuencias negativas. La primera, puramente práctica: los tribunales superiores no están preparados ni dimensionados para asumir una avalancha constante de recursos en materia de vivienda. Esa saturación no solo retrasará la resolución de los casos de vivienda, sino de otros muchos ámbitos igualmente sensibles: libertad de expresión, derechos laborales, cuestiones de igualdad, por citar algunos.

La segunda consecuencia es más sutil pero igual de importante: la banalización de la idea misma de vulneración de derechos fundamentales. No todo conflicto, por duro que sea, implica automáticamente una lesión constitucional. Un lanzamiento acordado conforme a la ley, con los plazos y garantías procesales cumplidos, puede ser socialmente doloroso sin que por ello suponga una violación directa de la Constitución. Si cada caso con componente social se presenta como una vulneración de derechos fundamentales, la categoría pierde fuerza. La palabra “amparo” deja de asociarse a situaciones extremas y pasa a ser un recurso retórico más en la batalla política sobre la vivienda.

Hay, además, un ángulo que rara vez se menciona: el impacto en la confianza de los actores económicos. La vivienda no es solo hogar; también es inversión, ahorro y garantía. Si los operadores —desde fondos internacionales hasta pequeños propietarios que alquilan su única vivienda extra— perciben que cualquier procedimiento de lanzamiento puede derivar en una cadena de recursos, suspensiones cautelares e incertidumbre prolongada, ajustarán su comportamiento en consecuencia. Los grandes fondos quizá asuman el riesgo y lo integren en su estrategia. Pero muchos pequeños propietarios podrían decidir no sacar viviendas al mercado de alquiler o endurecer las condiciones de acceso, elevando fianzas, rentas o requisitos económicos. Resultado: un mercado todavía más rígido y excluyente para quienes precisamente se pretendía proteger.

(Imagen: E&J)

El tercer problema es político. Convertir el recurso de amparo en la principal respuesta frente a los desahucios permite a los responsables legislativos refugiarse en una coartada cómoda: “que lo arreglen los jueces”. En lugar de afrontar una reforma de la legislación hipotecaria, del régimen de alquiler o de la fiscalidad de las SOCIMI, se traslada la responsabilidad a los tribunales, que terminan actuando como bomberos jurídicos en un edificio mal diseñado. Esta judicialización extrema de conflictos estructurales alimenta una peligrosa dinámica: cuando los jueces no resuelven conforme a las expectativas de parte de la ciudadanía, se les acusa de insensibilidad o de falta de compromiso social, cuando en realidad están operando con un marco legal que el Parlamento no se ha atrevido a cambiar.

Tampoco es menor el riesgo de desigualdad territorial. La sensibilidad de los tribunales no es homogénea en todo el país. Una estrategia basada en recursos de amparo puede producir resultados muy dispares: en unos territorios, suspensiones cautelares frecuentes; en otros, inadmisiones sistemáticas. Esa lotería geográfica erosiona la percepción de igualdad ante la ley y puede generar agravios comparativos entre familias en situaciones prácticamente idénticas. La política pública, para ser legítima, debe aspirar a ofrecer respuestas previsibles y comparables; la dependencia excesiva de criterios judiciales dispersos va en la dirección contraria.

Frente a todo esto, la alternativa no puede ser la resignación. El camino pasa por asumir que la batalla central no está en los despachos de abogados ni en las salas de vistas, sino en el diseño de un marco normativo coherente. Si la sociedad considera inaceptable que se lancen familias vulnerables sin alternativa habitacional, esa convicción debe cristalizar en reformas claras: protocolos estatales de protección, parques de vivienda pública en alquiler, incentivos y obligaciones para grandes tenedores, revisión de los regímenes fiscales especiales. El recurso de amparo debe quedar reservado para los casos verdaderamente excepcionales, como última garantía y no como herramienta cotidiana de política social encubierta.

Mientras no se produzca ese giro legislativo, el impulso de amparos masivos será, en el mejor de los casos, un parche que salvará algunas situaciones dramáticas a costa de tensionar el sistema judicial y agravar la sensación de improvisación. Y en el peor, una vía que generará expectativas imposibles de cumplir, provocando una frustración añadida en quienes confiaron en la justicia como sustituto de una política de vivienda que todavía no se ha atrevido a estar a la altura del problema.