La sentencia que da oxígeno a Irene Montero en el debate del «solo sí es sí»

La polémica sobre la Ley Orgánica 10/2022, más conocida como la Ley del «solo sí es sí», parecía haber quedado atrás tras las numerosas revisiones de condena que marcaron buena parte del debate jurídico y político de los últimos años. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra ha vuelto a situar la norma en el centro de la actualidad al respaldar una de las tesis jurídicas que con más insistencia defendieron quienes impulsaron la reforma: las leyes penales no pueden compararse de forma fragmentada ni aplicarse seleccionando únicamente los aspectos más beneficiosos para el condenado.

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La resolución, dictada por la Sala de lo Civil y Penal, rechaza el recurso presentado por un condenado por agresión sexual que solicitaba la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 10/2022 al considerar que la nueva regulación resultaba más favorable que la vigente en el momento de los hechos. Sin embargo, el Tribunal concluye que la comparación entre normas penales debe realizarse de forma global y que, en el caso analizado, la legislación de 2022 habría resultado incluso más perjudicial para el acusado.

La cuestión posee una relevancia que trasciende el caso concreto. Durante los meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley del «solo sí es sí», gran parte del debate jurídico se centró en la reducción de determinadas penas mínimas y en las revisiones de condenas que ello provocó. Frente a esa interpretación, desde el Ministerio de Igualdad se defendió que la comparación entre regímenes penales debía realizarse atendiendo al conjunto de la regulación y no únicamente a los límites mínimos de las penas. Precisamente esa es la idea que ahora recoge la sentencia navarra.

(Imagen: E&J)

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El procedimiento tiene su origen en una condena por agresión sexual impuesta a un hombre que mantuvo relaciones sexuales no consentidas con quien había sido su pareja sentimental. La defensa sostenía que la Ley Orgánica 10/2022 debía aplicarse por resultar más favorable al reo, ya que rebajaba la pena mínima prevista para determinados delitos sexuales. Sin embargo, el Tribunal advierte de que la reforma introdujo simultáneamente nuevas circunstancias agravantes que también debían ser tomadas en consideración.

En particular, la Ley incorporó una agravación específica cuando la víctima fuera o hubiera sido esposa o estuviera o hubiera estado ligada al autor por una relación análoga de afectividad. Precisamente esa circunstancia concurría en el caso examinado. Como consecuencia de ello, la pena mínima prevista por la regulación de 2022 habría sido superior a la que finalmente se impuso al condenado conforme a la legislación anterior.

A partir de ese análisis, el TSJ concluye que no resulta jurídicamente posible escoger únicamente la parte favorable de una norma y descartar aquellos elementos que perjudican al acusado. La comparación debe realizarse entre sistemas normativos completos, valorando todas sus consecuencias jurídicas. Solo así puede determinarse cuál es realmente la ley más favorable para el reo, tal y como exige el principio de retroactividad penal favorable reconocido en nuestro ordenamiento.

La sentencia resulta especialmente relevante porque se produce en un terreno donde la discusión jurídica ha estado frecuentemente condicionada por el debate político. La Sala no entra a valorar la oportunidad de la reforma ni las consecuencias que tuvo en otros procedimientos, pero sí fija una posición clara sobre la metodología que debe emplearse para comparar leyes penales sucesivas.

Los magistrados recuerdan que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo exige analizar cada caso concreto atendiendo al conjunto de las disposiciones aplicables. No basta con comprobar si una pena mínima es inferior o si una determinada agravante desaparece. Lo relevante es determinar cuál sería el resultado final derivado de la aplicación íntegra de cada régimen jurídico.

(Imagen: E&J)

Junto a esta cuestión la resolución realiza también un amplio repaso de la doctrina relativa a la valoración de la prueba en delitos sexuales. El Tribunal recuerda que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia siempre que reúna determinados requisitos de credibilidad, persistencia en la incriminación y corroboración periférica.

No obstante, el verdadero interés jurídico de la sentencia reside en su análisis sobre la aplicación temporal de las leyes penales y en la reafirmación de un criterio que continúa generando debate años después de la entrada en vigor de la reforma. La resolución recuerda que el principio de retroactividad favorable sigue plenamente vigente, pero también que su aplicación exige una comparación rigurosa y completa entre las distintas regulaciones en conflicto.

En resumen, el TSJ de Navarra no cuestiona la posibilidad de revisar condenas cuando una reforma penal resulta más beneficiosa para el condenado. Lo que rechaza es que esa comparación pueda realizarse de manera parcial o fragmentaria. Y es precisamente en ese punto donde la sentencia respalda una de las tesis más discutidas durante la polémica del «solo sí es sí»: una ley penal debe analizarse en su conjunto y no únicamente a través de aquellos elementos que favorecen al reo.

Fuente

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Civil y Penal.

ECLI: ECLI:ES: TSJNA: 2026:297 

CENDOJ: 31201310012026100023

Recurso de apelación N.º 19/2026