El TS pide al Congreso el suplicatorio para investigar al diputado Félix Alonso por presunta prevaricación en contratos menores
El instructor aprecia indicios de un posible uso fraudulento de los contratos menores cuando era alcalde de Altafulla y solicita autorización a la Cámara Baja para continuar el procedimiento penal
(Imagen: E&J)
El TS pide al Congreso el suplicatorio para investigar al diputado Félix Alonso por presunta prevaricación en contratos menores
El instructor aprecia indicios de un posible uso fraudulento de los contratos menores cuando era alcalde de Altafulla y solicita autorización a la Cámara Baja para continuar el procedimiento penal
(Imagen: E&J)
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados el correspondiente suplicatorio para poder continuar el procedimiento penal contra el diputado de Sumar-En Comú Podem Félix Alonso Cantorné, al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación relacionado con la adjudicación de contratos menores durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona).
La resolución, de doce folios, constituye un paso procesal obligado al tratarse de un parlamentario aforado. El Tribunal Supremo no puede continuar la investigación penal sin la autorización previa de la Cámara Baja, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Española.
¿Qué es un suplicatorio y por qué resulta necesario?
El suplicatorio no supone una declaración de culpabilidad ni una condena anticipada del parlamentario.
Se trata del mecanismo constitucional mediante el cual el Tribunal Supremo solicita al Congreso autorización para poder dirigir el procedimiento penal contra un diputado o senador aforado. Su finalidad es preservar la independencia de las Cámaras frente a posibles actuaciones judiciales arbitrarias, sin convertir la inmunidad parlamentaria en un privilegio de impunidad.
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En este caso, el magistrado instructor considera que la investigación ha alcanzado un punto en el que existen indicios cualificados de la posible participación del diputado en los hechos investigados, lo que hace imprescindible solicitar la autorización parlamentaria para continuar la causa.
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El uso de los contratos menores, en el centro de la investigación
Según recoge el auto, las diligencias practicadas hasta el momento apuntan a un posible uso indebido de la contratación menor para atender necesidades permanentes y recurrentes del Ayuntamiento de Altafulla, una práctica que, de confirmarse, podría vulnerar la normativa de contratación pública.
El instructor sostiene que existen indicios de que se habría producido una utilización reiterada del contrato menor para eludir los procedimientos ordinarios de contratación previstos por la legislación administrativa.
Además, la resolución afirma que las actuaciones reflejan una «absoluta falta de procedimiento», junto con un uso improcedente de prórrogas y contratos menores que, presuntamente, habría permitido adjudicar determinados servicios al margen de los mecanismos de concurrencia y publicidad exigidos por la legislación de contratos del sector público.
Indicios de un posible delito de prevaricación
A la vista del material incorporado a la causa, incluida la declaración voluntaria prestada por el diputado el pasado 15 de junio y la exposición razonada remitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Vendrell, el magistrado entiende que concurren elementos suficientes para apreciar, de forma provisional, la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
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Este precepto castiga a la autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo, con conocimiento de su injusticia.
No obstante, la eventual responsabilidad penal solo podrá determinarse una vez concluya la investigación y, en su caso, el correspondiente juicio con todas las garantías procesales.
La última palabra corresponde ahora al Congreso
El auto acuerda remitir el suplicatorio a la Presidencia del Congreso de los Diputados, a través de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para que la Cámara decida si autoriza la continuación del procedimiento penal.
Hasta que el Congreso adopte una decisión, la investigación no podrá avanzar respecto del diputado aforado.
La resolución constituye, por tanto, un nuevo ejemplo del funcionamiento del sistema de aforamientos previsto por el ordenamiento jurídico español, en el que corresponde al Tribunal Supremo apreciar la existencia de indicios suficientes y al Congreso decidir si levanta la inmunidad parlamentaria para permitir la continuación del proceso.
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