¿Se presentó fuera de plazo o no? La batalla procesal entre el juez Calama y el abogado de Zapatero puede marcar el futuro del caso Plus Ultra
El magistrado rechaza el incidente de nulidad por extemporáneo, mientras la defensa sostiene que el juez ha calculado incorrectamente el plazo. La controversia convierte un aparente trámite procesal en una de las cuestiones jurídicas más relevantes de la investigación.
(Imagen: E&J)
¿Se presentó fuera de plazo o no? La batalla procesal entre el juez Calama y el abogado de Zapatero puede marcar el futuro del caso Plus Ultra
El magistrado rechaza el incidente de nulidad por extemporáneo, mientras la defensa sostiene que el juez ha calculado incorrectamente el plazo. La controversia convierte un aparente trámite procesal en una de las cuestiones jurídicas más relevantes de la investigación.
(Imagen: E&J)
En ocasiones, un procedimiento judicial no se decide por una gran prueba, una declaración o un informe pericial, sino por algo mucho más elemental: el cómputo de un plazo procesal.
Precisamente eso es lo que acaba de suceder en la investigación del denominado caso Plus Ultra, donde el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero mantienen una abierta discrepancia sobre una cuestión tan aparentemente sencilla como decisiva: ¿se presentó o no dentro de plazo el incidente de nulidad de actuaciones?
Lejos de tratarse de una discusión menor, la respuesta tiene importantes consecuencias. Si el incidente fue presentado fuera de plazo, el órgano judicial ni siquiera analizará el fondo de las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas por la defensa. Si, por el contrario, el plazo fue correctamente respetado, el juez deberá pronunciarse sobre la nulidad solicitada.
La controversia enfrenta al magistrado instructor con uno de los procesalistas más reconocidos del país, el catedrático Víctor Moreno Catena, abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, en una discusión estrictamente jurídica sobre la aplicación del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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El criterio del juez: el plazo ya había expirado
En el auto dictado este viernes, José Luis Calama rechaza el incidente de nulidad al considerar que fue presentado fuera del plazo legal de veinte días previsto para este tipo de actuaciones.
(Imagen: E&J)
El magistrado recuerda que dicho plazo comienza desde el momento en que la parte tiene conocimiento efectivo del acto que considera lesivo para sus derechos fundamentales, y añade una precisión de especial interés procesal: ese conocimiento no depende de valoraciones subjetivas ni de la estrategia de la defensa, sino del momento en que el afectado dispone de acceso real y suficiente a las actuaciones mediante la consulta del expediente, la entrega de copias o cualquier otro medio que permita conocer el contenido de la resolución impugnada.
Aplicando ese criterio, el instructor entiende que la defensa ya disponía del procedimiento con la antelación suficiente y que, cuando presentó el incidente de nulidad el 25 de junio, el plazo legal había expirado.
En consecuencia, el juez no entra a analizar si existieron o no las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas, sino que inadmite el incidente exclusivamente por razones procesales.
La respuesta de la defensa: el juez ha contado mal los días
La posición de la defensa es radicalmente distinta. Víctor Moreno Catena sostiene que el magistrado ha realizado un cómputo erróneo del plazo, ya que fija el inicio de este en una fecha anterior a aquella en la que, según la defensa, se produjo el verdadero acceso efectivo al procedimiento.
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Según esta tesis, la defensa no pudo conocer íntegramente el contenido de las actuaciones hasta varios días después de la fecha tomada como referencia por el juez, por lo que el incidente de nulidad habría sido presentado dentro del plazo legal.
Precisamente por ello, el abogado ha solicitado al propio juzgado la rectificación del cómputo, al considerar que la resolución parte de un presupuesto temporal incorrecto.
La discrepancia, por tanto, no gira sobre la duración del plazo, que ambas partes aceptan que es de veinte días, sino sobre una cuestión mucho más técnica: desde qué momento exacto debe comenzar a contarse.
Una cuestión aparentemente formal con enormes consecuencias
Desde el punto de vista procesal, la controversia tiene una enorme relevancia. Los incidentes de nulidad de actuaciones constituyen un mecanismo excepcional destinado a denunciar vulneraciones de derechos fundamentales cuando ya no existe otro recurso ordinario disponible.
Precisamente por ese carácter extraordinario, la ley establece un plazo especialmente estricto para su interposición. Ello explica que los tribunales exijan determinar con precisión el momento en que la parte adquirió un conocimiento efectivo de la actuación impugnada, ya que unos pocos días de diferencia pueden determinar que el órgano judicial analice, o no, el fondo del asunto.
(Imagen:E&J)
En definitiva, la discusión no versa sobre si existieron o no vulneraciones de derechos fundamentales, sino sobre una cuestión previa: si la solicitud puede siquiera ser examinada.
El proceso continúa
Mientras se resuelve esta controversia procesal, la investigación principal continúa avanzando. El propio juez Calama ha acordado citar como investigados a varios directivos de Plus Ultra en relación con las declaraciones efectuadas durante la instrucción sobre la presunta mediación desarrollada en el rescate de la compañía aérea.
Por ello, la batalla sobre el cómputo del plazo constituye únicamente uno de los múltiples frentes abiertos en una causa que sigue evolucionando y que previsiblemente continuará generando importantes debates jurídicos.
Más allá del impacto político del procedimiento, la resolución vuelve a poner de manifiesto una realidad conocida por cualquier profesional del Derecho: en un proceso judicial, el cumplimiento de los plazos puede resultar tan decisivo como las propias pruebas.
Y, en ocasiones, la diferencia entre que un tribunal estudie o no una vulneración de derechos fundamentales depende simplemente de determinar cuál fue el día exacto en que comenzó a correr el reloj procesal.
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