La embestida de la Comisión Europea contra los laudos por las renovables

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I. La paradoja de ser investigado por cumplir un laudo

¿Puede un Estado ser sancionado por pagar una indemnización que un tribunal arbitral le ha ordenado abonar? La pregunta, que en Derecho suena a disparate, es la que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa con la apertura de un expediente contra España.

El motivo: el abono, el año pasado, de 23,5 millones de euros al fondo estadounidense Blasket Renewables Investment en concepto de compensación por los recortes a las primas de las energías renovables. No es un pago menor, pero tampoco es el más cuantioso de la larga lista de laudos que España arrastra. Pero es el único que ha llegado a ejecutarse. Y Bruselas sospecha que ese desembolso podría constituir una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.

La lectura apresurada de la noticia podría inducir a pensar que Bruselas está castigando a España por cumplir un laudo arbitral. Pero el asunto es más sutil. Lo que la Comisión cuestiona no es el pago en sí, sino el régimen jurídico que lo sustenta. El laudo, dictado en 2021, concedió una compensación basada en el sistema de primas aprobado en 2007, un régimen que nunca fue notificado a Bruselas para su autorización.

La Comisión sostiene que el tribunal arbitral invadió competencias que corresponden exclusivamente a las instituciones europeas al conceder una indemnización basada en un sistema de ayudas cuya compatibilidad con el mercado interior debía ser evaluada por Bruselas. Dicho de otro modo: el problema no es que España haya pagado, sino que el laudo se apoya en un esquema de incentivos que nunca recibió el visto bueno de la Unión Europea.

La historia de este conflicto arranca en 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy reformó el sistema de incentivos a las renovables. Aquella modificación, justificada en la necesidad de contener el déficit de tarifa, desencadenó una cascada de arbitrajes internacionales.

Inversores que habían confiado en el marco de primas de 2007 se sintieron defraudados y acudieron a tribunales arbitrales al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía. El caso de Blasket, que compró los derechos del laudo a la japonesa JGC Holdings, ha sido el primero en lograr un desembolso efectivo. Pero, según la tesis de Bruselas, ese desembolso puede ser ilegal.

(Imagen: E&J)

II. La doctrina europea frente a los laudos intraeuropeos

La posición de la Comisión Europea sobre estos arbitrajes ha sido constante y firme. Considera que el cumplimiento de determinados laudos puede vulnerar la normativa europea sobre ayudas de Estado y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

El argumento es que el Tratado sobre la Carta de la Energía, en la medida en que permite a inversores extranjeros reclamar indemnizaciones a Estados miembros por cambios normativos, es incompatible con el derecho de la Unión. Los tribunales arbitrales, al conceder estas compensaciones, estarían invadiendo competencias que corresponden exclusivamente a las instituciones europeas.

La lógica es impecable en su planteamiento, aunque discutible en sus consecuencias. Si un régimen de ayudas debe ser notificado y autorizado por la Comisión, ningún tribunal arbitral puede conceder una indemnización basada en un sistema que no superó ese control.

La autonomía del derecho de la Unión Europea, que es uno de los pilares del proyecto europeo, quedaría en entredicho si un tribunal arbitral pudiera eludir el control de Bruselas. Por eso, la Comisión ha defendido que los Estados miembros no deben pagar estos laudos y que, si lo hacen, pueden incurrir en una infracción del derecho europeo.

España, en este contexto, ha mantenido una estrategia de resistencia. Con la excepción del caso Blasket, el Gobierno ha impugnado todos los procedimientos y ha rechazado cualquier iniciativa de negociación. Esa posición, que cuenta con el respaldo de Bruselas, ha llevado a un escenario de bloqueo: los inversores reclaman, los tribunales arbitrales conceden laudos, y el Estado se niega a pagar alegando que el derecho de la Unión Europea le impide hacerlo. La pregunta que surge es si esta estrategia es sostenible a largo plazo.

(Imagen: E&J)

III. La excepción Blasket y la investigación de Bruselas

El caso de Blasket es, por ahora, una anomalía en la política de resistencia española. El fondo estadounidense adquirió los derechos del laudo de JGC Holdings y logró ejecutarlo en distintos países hasta que España, finalmente, abonó los 23,5 millones de euros. Pero la investigación de la Comisión no se limita a ese pago. Bruselas quiere determinar si el laudo en sí mismo, y no solo su ejecución, es compatible con las normas europeas sobre ayudas de Estado.

El argumento de la Comisión es que el pago otorga a Blasket una ventaja económica equivalente a la que habría obtenido con el régimen de primas de 2007, un sistema que nunca fue notificado a Bruselas. Esa ventaja, según Bruselas, podría constituir una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.

La investigación no prejuzga el resultado final. España, Blasket y el resto de partes interesadas podrán presentar alegaciones antes de que la Comisión decida. Pero el simple hecho de que se haya abierto un expediente es una señal de que Bruselas considera que el caso merece un examen detenido.

La trascendencia de esta decisión va mucho más allá de los 23,5 millones de euros abonados. Si Bruselas concluye que el pago es incompatible con el derecho de la Unión, sentará un precedente que afectará a todos los laudos pendientes. Si, por el contrario, da luz verde al pago, los fondos especializados en la compra de laudos podrían intensificar su ofensiva para cobrar el resto de indemnizaciones. En cualquier caso, la decisión de Bruselas tendrá un impacto duradero en la estrategia de España y en la confianza de los inversores.

IV. La ofensiva de los fondos y la estrategia de resistencia

El caso de Blasket es solo un episodio en una guerra más amplia. En los últimos años, los fondos especializados en la compra de laudos y las empresas afectadas por los recortes a las renovables han intensificado su ofensiva judicial en tribunales de todo el mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica, los Países Bajos… ningún país parece estar a salvo de los intentos de ejecución de los laudos. El objetivo es forzar a España a pagar las indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales, que suman miles de millones de euros.

España, por su parte, ha confiado en el respaldo de Bruselas para mantener su estrategia de resistencia. El argumento es que el derecho de la Unión Europea prevalece sobre los laudos arbitrales, y que cualquier pago podría vulnerar las normas sobre ayudas de Estado. Esa posición ha llevado al Estado a impugnar los procedimientos y a rechazar las iniciativas de negociación planteadas por los acreedores. El resultado es una confrontación que, más de una década después de la reforma de 2013, sigue sin resolverse.

(Imagen: E&J)

La pregunta es si la estrategia de España es sostenible. Los inversores no se rinden, y los tribunales arbitrales siguen concediendo laudos. La investigación sobre el caso Blasket podría ser un punto de inflexión. Si la Comisión concluye que el pago es ilegal, España tendrá un argumento sólido para seguir resistiendo. Si, por el contrario, da luz verde al pago, los fondos podrían redoblar sus esfuerzos. En cualquier caso, el sector renovable y el marco regulatorio español seguirán sufriendo las consecuencias de esta incertidumbre.

V. Las implicaciones para el sector renovable y el derecho europeo

La decisión que adopte Bruselas sobre el caso Blasket tendrá implicaciones que van más allá de los 23,5 millones de euros abonados. Marcará el camino para cualquier intento futuro de ejecutar otros laudos. También sentará un precedente sobre la relación entre los arbitrajes internacionales y el derecho de la Unión Europea. Y, sobre todo, afectará a la confianza de los inversores en el marco regulatorio español.

El sector renovable, que ha sido un motor de la transición energética en España, ha sufrido las consecuencias de la incertidumbre regulatoria. Los inversores extranjeros, que en su día apostaron por el régimen de primas de 2007, se han visto atrapados en una maraña de arbitrajes y demandas. La decisión de Bruselas podría enviar una señal positiva a esos inversores, al confirmar que el marco normativo europeo protege sus derechos. O podría enviar una señal negativa, al confirmar que los arbitrajes intraeuropeos no son una vía efectiva para reclamar indemnizaciones.

El debate, en el fondo, es sobre la autonomía del derecho de la Unión Europea frente a los laudos arbitrales. La Comisión Europea ha defendido durante años que el derecho de la Unión es superior a cualquier otro ordenamiento jurídico. La investigación sobre el caso Blasket es una prueba de esa doctrina. Y su resultado tendrá un impacto duradero en la relación entre los Estados miembros y los inversores extranjeros.

(Imagen: E&J)

VI. Reflexiones finales

La investigación de la Comisión Europea sobre el pago del laudo a Blasket no es solo una cuestión técnica. Es una batalla política y jurídica que enfrenta a dos concepciones del derecho. Por un lado, la de los inversores, que consideran que los laudos arbitrales protegen sus derechos frente a cambios normativos imprevisibles. Por otro, la de la Comisión, que considera que el derecho europeo debe prevalecer sobre cualquier otro ordenamiento.

El caso de Blasket es un ejemplo de cómo los conflictos entre el derecho nacional, el derecho de la Unión Europea y los laudos arbitrales pueden generar situaciones de gran complejidad. España pagó un laudo que consideraba justo, pero la Comisión lo considera ilegal. Y mientras Bruselas investiga, los inversores esperan, los fondos presionan y el sector renovable sigue sufriendo las consecuencias de la incertidumbre.

La decisión que adopte Bruselas en los próximos meses será un antes y un después. Si la Comisión concluye que el pago era ilegal, España tendrá un argumento sólido para no pagar el resto de indemnizaciones. Si, por el contrario, da luz verde al pago, los fondos podrían intensificar su ofensiva y el Estado podría verse obligado a hacer frente a una factura de miles de millones. En cualquier caso, el sector renovable y el derecho europeo saldrán de este proceso transformados. Y la pregunta que queda en el aire es si esa transformación será para mejor.

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