California aprueba una ley que pone límites legales al uso de IA por los abogados
La norma impide delegar el ejercicio del Derecho en herramientas de inteligencia artificial y restringe el uso de información confidencial
(Imagen: E&J)
California aprueba una ley que pone límites legales al uso de IA por los abogados
La norma impide delegar el ejercicio del Derecho en herramientas de inteligencia artificial y restringe el uso de información confidencial
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La Legislatura de California ha aprobado el primer proyecto de ley estatal en los Estados Unidos dirigido específicamente a establecer obligaciones legales para abogados que utilizan inteligencia artificial generativa (IA). La propuesta SB 574 fue aprobada el 31 de agosto pasado por unanimidad en la Asamblea y el Senado californianos. La ley quedó formalmente inscrita para la firma o el veto del gobernador Gavin Newsom, que tiene ahora un plazo hasta el 30 de septiembre. El veto parece improbable, dado el respaldo unánime que obtuvo en ambas cámaras.
La medida incorpora al Código de Negocios y Profesiones la sección 6068.1. Su principio central es inequívoco: «Un abogado no podrá delegar el ejercicio de la abogacía en la inteligencia artificial generativa«. Es decir, la IA puede asistir al profesional, pero no sustituirlo en el ejercicio del Derecho.
El texto también obliga al abogado que utilice IA generativa a adoptar medidas razonables para verificar sus resultados, incluida la exactitud de las citas de casos y normas. Si el sistema produce información falsa o «respuesta alucinada», el profesional deberá corregirla. Además, deberá revelar al tribunal el uso de IA generativa en todos los documentos que presente ante él.
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Límites para la IA
La norma establece asimismo restricciones sobre los datos introducidos en estos sistemas. Los abogados no podrán incorporar información confidencial, datos personales identificativos u otra información no pública si el acceso no está limitado al profesional y a personas autorizadas sujetas a obligaciones de confidencialidad.
Una modificación paralela del Código de Procedimiento Civil refuerza esa obligación. Ningún escrito presentado ante un tribunal podrá contener una cita que el abogado responsable no haya verificado personalmente. Esto incluye aquellas proporcionadas por una herramienta de IA.
El proyecto extiende el principio a los árbitros. La nueva sección 1282.1 establece que un árbitro no puede delegar ninguna parte de su función decisoria en IA generativa. Tampoco podrá basarse en información generada por IA que esté fuera del expediente sin realizar previamente las revelaciones correspondientes y, en la medida de lo posible, permitir que las partes formulen observaciones.
La medida no prohíbe, por tanto, el uso de inteligencia artificial en la práctica jurídica. Lo que hace es trasladar al profesional la responsabilidad de controlar, verificar y corregir el resultado de la herramienta. El texto también ordena al Consejo Judicial revisar sus normas sobre inteligencia artificial y contempla cambios en el régimen de certificación y reclamaciones de determinados proveedores de resolución alternativa de conflictos.
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Motivaciones para la ley
El impulso legislativo llega después de una creciente lista de procedimientos judiciales en Estados Unidos en los que abogados han presentado jurisprudencia inexistente o citas fabricadas por sistemas de IA. El caso Mata v. Avianca, en Nueva York, se convirtió en uno de los primeros ejemplos emblemáticos en 2023. Desde entonces se han multiplicado las sanciones y advertencias judiciales.
California pretende así convertir en obligaciones legales concretas algunas salvaguardas que hasta ahora se apoyaban en las reglas profesionales, las normas procesales y la orientación ética de la profesión. El Colegio de Abogados de California ya había actualizado en mayo de 2026 su guía práctica sobre IA generativa y trabajaba en modificaciones de sus reglas de conducta profesional.
La iniciativa coloca a California en una posición adelantada. No se trata de una ley general sobre inteligencia artificial, sino de un régimen específico para su utilización en la práctica jurídica. La referencia resulta especialmente significativa en un estado cuya economía alcanzó unos 4,1 billones de dólares en 2024, convirtiéndolo en la cuarta economía del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Alemania y por delante de Japón.
Una tendencia global
El debate tiene además dimensión internacional. Brasil comenzó a regular la IA en el ámbito judicial en 2020 y actualmente aplica la Resolución 615/2025 del Consejo Nacional de Justicia, modificada en 2026, que exige supervisión humana y prohíbe decisiones judiciales autónomas basadas en IA. El comité nacional creado por ese régimen incluye representantes de la Orden de los abogados de Brasil.
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En la Unión Europea, el Acta de IA entró en vigor en agosto de 2024 y considera de alto riesgo determinados sistemas de IA utilizados por autoridades judiciales. Especialmente cuando intervienen en la investigación e interpretación de hechos y Derecho o en la aplicación de normas a casos concretos. Su aplicación, sin embargo, es escalonada.
España tampoco parte de cero. En 2026, varios tribunales han sancionado o investigado a abogados por presentar jurisprudencia inexistente generada por IA. El Consejo General del Poder Judicial aprobó, además, la Instrucción 2/2026, que regula el uso de IA por jueces y magistrados y exige control humano efectivo.
La diferencia es que España no cuenta todavía con una norma con el mismo alcance específico que SB 574 para imponer este conjunto de obligaciones estatutarias a abogados y árbitros.
El verdadero alcance de la iniciativa californiana se determinará ahora en su aplicación. La frontera entre utilizar la IA como herramienta de asistencia y delegarle una función propia del profesional tendrá que ser precisada por los tribunales y por la práctica jurídica.
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