Caso fontanera del PSOE: imputan al exjuez Sáenz de Tejada por la presunta ofensiva contra Biedma

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada por su presunta ofensiva contra Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Declarará el 28 de octubre por cuatro posibles delitos, dentro del caso Leire Díez, apodada la fontanera del PSOE. La citación no implica culpabilidad, pero sitúa a un exjuez en el centro de una de las ramas más delicadas de la investigación.

G

Agrega

como fuente preferida en Google

Según la resolución, conocida por EFE y otros medios, Sáenz de Tejada comparecerá a las 10:30 en las diligencias por organización criminal, calumnias, coacciones y delito contra la integridad moral. Media hora antes declarará como testigo Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho, líder del clan de Los Rochos de Badajoz. La citación se acuerda «a la vista de lo actuado», informó ESdiario, y no detalla los hechos atribuidos ni explica el objeto de la declaración del abogado. Según Cadena SER, el exjuez niega haber hablado con Rocho y pidió investigar a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; Pedraz no tramitó el escrito por no ser competencia del tribunal. La decisión llega horas después de que Biedma, personada como perjudicada, pidiera su imputación y otras testificales.

(Imagen: Poder Judicial)

Contexto de la causa

Biedma instruyó la causa por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que el 14 de julio acabó con una condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación, todavía recurrible. Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia psicológica habitual contra su exmujer, también jueza, mantenía una enemistad con Biedma, que ella sitúa en su sustitución de la magistrada que instruía esa denuncia. El exjuez presentó denuncias contra ella, intentó recusarla en marzo de 2025 y difundió en YouTube vídeos sobre el caso: la UCO ha recopilado 99 audiovisuales.

Según el informe de la Guardia Civil del 6 de octubre, habría participado en una reunión en Madrid y en un grupo de WhatsApp con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra para frustrar el procedimiento. Rocho declaró ante la UCO que Sáenz de Tejada le dijo por teléfono que había que «eliminar» a la jueza y que ella entendió que querían causarle daño físico; según su relato, se negó a participar. Biedma contó a Pedraz la angustia de sentirse vigilada junto a sus hijas, con un hombre que acudía al colegio a preguntar por los horarios de salida.

Perspectiva jurídica

Conviene separar tres planos. El primero es el encaje penal. La organización criminal exige un grupo estable de más de dos personas con reparto de funciones; la UCO describe agendas, reuniones y estrategias procesales, aunque advierte de que su informe es expositivo y de que el análisis definitivo llegará después. Las calumnias requieren atribuir un delito concreto a sabiendas de su falsedad, algo distinto del insulto o la crítica, y la defensa podría invocar la libertad de expresión. Coacciones e integridad moral cuadran con el hostigamiento que describe Biedma. Llama la atención lo que no figura: no hay imputación por proponer un homicidio, aunque la frase atribuida suene a ello.

(Imagen: E&J)

El segundo plano es la prueba. El núcleo es el testimonio de Rocho, a quien la UCO da credibilidad, pero con aristas: Biedma juzgó a su hijo y a su hermano, y tanto ella como Ángel Martín tenían causas pendientes. Corroboran su relato anotaciones en una agenda de Díez y en el teléfono de Dolset, además de los vídeos públicos. Parra, en cambio, declaró que en las reuniones a las que asistió no se habló de agresiones físicas, y lo que dijo sobre seguimientos es información indirecta.

El tercero es el partido. La UCO sostiene que las actuaciones apuntan a proteger intereses de causas que afectaban al PSOE, a miembros del Gobierno o a su presidente, aunque ese atestado no atribuye al partido como organización la comisión de los hechos. El PP pidió el 6 de octubre imputar al PSOE como persona jurídica por cinco delitos. Pedraz lo mantiene fuera por ahora, siguiendo el criterio de Anticorrupción de que es prematuro, y ha reclamado al partido sus contratos jurídicos de 2021 a 2025. La UCO atribuye además la iniciativa del daño físico, en principio, al propio Sáenz de Tejada, con conocimiento de al menos Díez.

Lo que viene

El 28 de octubre se conocerá la versión del exjuez y los hechos que el instructor le concreta. Quedan abiertas la decisión sobre el PSOE, que Anticorrupción sugiere plantear tras las elecciones del 29 de noviembre, y el valor que Pedraz otorgue al testimonio de Rocho. Hasta entonces, Sáenz de Tejada es un investigado, no un condenado.