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Derecho Civil

Alegar vulnerabilidad no basta para frenar un desahucio: esto es lo que hay que demostrar

La Audiencia Provincial de Alicante recuerda que el fin del contrato prima sobre las alegaciones genéricas y que la protección llega, en su caso, en la ejecución

(Imagen: E&J)

Pablo Javier Deheza

Periodista y redactor E&J




Tiempo de lectura: 3 min

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Derecho Civil

Alegar vulnerabilidad no basta para frenar un desahucio: esto es lo que hay que demostrar

La Audiencia Provincial de Alicante recuerda que el fin del contrato prima sobre las alegaciones genéricas y que la protección llega, en su caso, en la ejecución

(Imagen: E&J)

Dos inquilinos de Dénia alegaron que eran vulnerables para frenar su desalojo. La Audiencia Provincial de Alicante les ha respondido que decirlo no es suficiente: hay que demostrarlo con documentos.

La Sección Quinta confirma así el desahucio por expiración del plazo del contrato. Los inquilinos deberán pagar las costas de la apelación y perderán, en su caso, el depósito constituido para recurrir.

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La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) resuelve sobre un contrato de arrendamiento de vivienda firmado el 1 de diciembre de 2017. El caso había empezado en el Tribunal de Instancia de Dénia, que en junio de 2026 declaró resuelto el contrato, ordenó a los demandados desalojar la vivienda y fijó el lanzamiento para el 11 de septiembre a las 9:00 horas. La sentencia de la Audiencia no cuenta qué ocurrió con esa fecha. Según la arrendadora, el juzgado ya había examinado hasta en tres ocasiones si procedía suspender el lanzamiento. Los inquilinos recurrieron con un argumento: no se había tenido en cuenta su situación de vulnerabilidad.

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La arrendadora pidió, en primer lugar, que el recurso ni siquiera se admitiera. Sostuvo que los apelantes no habían señalado qué pronunciamientos impugnaban ni qué normas se habían infringido, como exige el artículo 458.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Audiencia reconoce que es cierto que el escrito no citaba ni lo uno ni lo otro, y recuerda que eso bastaría para inadmitir el recurso, salvo que de su contenido se dedujera con claridad qué se impugnaba y por qué. Aun así, examina el motivo de fondo.

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Mazo de juez y llaves de una vivienda sobre un escritorio de madera en un entorno jurídico.

(Imagen: E&J)

La vulnerabilidad no prorroga el contrato

La respuesta es tajante. Las medidas extraordinarias de protección aprobadas en los últimos años no cambian la naturaleza del desahucio por expiración del plazo ni impiden recuperar la posesión cuando el contrato se ha extinguido válidamente. La vulnerabilidad, dice el tribunal, no mantiene vivo el arrendamiento ni es un título que legitime seguir en la vivienda una vez terminado el contrato.

La Sala recuerda que el artículo 47 de la Constitución es un principio rector de la política social y económica y que no otorga por sí mismo un derecho a permanecer en un inmueble frente a su titular. Admite que la jurisprudencia constitucional, junto al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, exige ponderar la vulnerabilidad cuando se va a ejecutar el lanzamiento del domicilio habitual. Pero esa ponderación opera a través de la suspensión o modulación de la ejecución, no desestimando la demanda.

Sin papeles no hay suspensión

Ahí aparece el problema de los inquilinos: la prueba. Según la sentencia, la alegación de vulnerabilidad fue genérica y sin soporte probatorio. No aportaron documentación suficiente para acreditar los requisitos objetivos y subjetivos de la norma ni justificaron circunstancias económicas, familiares o sociales que merecieran protección. La Audiencia lo resume así: no basta invocar dificultades económicas o habitacionales; es imprescindible acreditar documentalmente los requisitos legales.

Esa falta de acreditación impide aplicar los mecanismos de suspensión del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda. La Diputación Permanente del Congreso convalidó la norma el 12 de noviembre, dos días después de esta sentencia.

Llave de una vivienda situada sobre un contrato de arrendamiento en un escritorio de madera.

(Imagen: E&J)

La resolución deja, con todo, una puerta entreabierta. Su decisión es «sin perjuicio» de lo que pueda acordarse en ejecución al amparo del artículo 2 de ese real decreto-ley, que prevé la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Pero ese régimen no es automático. Según los análisis publicados, exige que el demandado sea vulnerable, que carezca de otra vivienda y que la administración no le haya ofrecido una alternativa; además, su vulnerabilidad no prevalece cuando el demandante es una persona física titular de dos o menos viviendas. La sentencia no analiza si los inquilinos cumplirían esos requisitos ni cuántas viviendas tiene la arrendadora.

Qué deja la sentencia

Para quienes se enfrentan a un desahucio, el mensaje es doble. Alegar la vulnerabilidad en el proceso declarativo no evita una sentencia de desalojo cuando el contrato ha expirado, y hacerlo sin papeles tampoco permite paralizar el procedimiento. Para los arrendadores, la resolución confirma que una alegación genérica no bloquea la recuperación de la vivienda.

La sentencia no detalla quiénes son los inquilinos ni en qué situación viven; solo recoge que no lograron demostrarla. Esa falta de prueba es el hilo conductor de un fallo que, además de confirmar el desalojo, les carga con las costas.

Contra la resolución cabe recurso de casación, que según la propia sentencia debe interponerse en el plazo de veinte días desde su notificación.

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