Varapalo al Parlamento asturiano: deberá indemnizar a una directiva a la que presentó como culpable sin haber sido condenada

Un Parlamento puede investigar responsabilidades políticas, examinar la actuación de una empresa pública y exigir explicaciones a quienes participaron en su gestión, pero no puede sustituir a los tribunales ni presentar como culpable a una persona que nunca ha sido condenada. Cuando cruza esa frontera, la presunción de inocencia deja de ser una garantía teórica y su vulneración puede terminar costando dinero a la propia institución.

Una condena pionera a la Junta General del Principado

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado un importante pronunciamiento (disponible en el apartado ‘descargar resolución’) contra la Junta General del Principado, el Parlamento autonómico, al elevar hasta 12.000 euros la indemnización que deberá recibir una antigua gerente de Administración y Contratación de una empresa pública, después de que una comisión parlamentaria de investigación difundiera conclusiones que la señalaban como responsable de graves irregularidades.

La afectada había comparecido en dos ocasiones ante la comisión creada para investigar la gestión y actividad de la sociedad pública, en noviembre de 2016 y mayo de 2017. Los trabajos se prolongaron durante más de dos años y culminaron en un dictamen aprobado por la comisión y posteriormente asumido por el Pleno de la Junta General en septiembre de 2018.

Las conclusiones no se limitaron a describir hechos, examinar decisiones administrativas o formular críticas políticas. Atribuyeron a la directiva haber consentido irregularidades, haber adjudicado contratos vulnerando los principios de contratación pública y haber participado en una gestión arbitraria.

Todo ello sin que existiera una sentencia penal que hubiera declarado su culpabilidad. La mujer pidió al Parlamento asturiano que retirara aquellas referencias, pero su solicitud fue denegada, por lo que acudió al Tribunal Constitucional.

En 2023, el Pleno del órgano de garantías le dio la razón y declaró que tanto la actividad de la comisión como sus conclusiones y la posterior aprobación parlamentaria habían vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal.

(Imagen: E&J)

La dimensión extraprocesal de la inocencia

Esta expresión puede parecer compleja, pero su significado es sencillo: la presunción de inocencia no actúa únicamente dentro de un juicio penal. También impide que una autoridad trate y presente ante la sociedad como culpable a quien no ha sido condenado. Un Parlamento puede atribuir responsabilidades políticas, pero no emitir una declaración material de culpabilidad reservada a los jueces.

El Tribunal Constitucional anuló las conclusiones referidas a la afectada, pero la declaración de nulidad no borraba los años de exposición pública, incertidumbre y deterioro de su reputación. Por ello, la directiva presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial y solicitó 90.000 euros por los daños morales y reputacionales, además de 2.998,60 euros por los gastos asumidos para defenderse´.

La propia Junta General reconoció que debía indemnizarla, aunque limitó la compensación a 6.000 euros por el daño moral y reputacional y a otros 2.200 euros por los honorarios de abogado y procurador derivados del recurso de amparo. La afectada consideró irrisoria esa cantidad y acudió al TSJ de Asturias.

La demanda describía más de siete años de angustia, ansiedad, vergüenza y frustración, así como la inseguridad provocada por las peticiones de que fuera apartada de sus responsabilidades profesionales. También sostenía que el procedimiento había afectado a su familia, sus amistades, sus relaciones sociales y sus posibilidades laborales.

El peso y la credibilidad del poder público

El tribunal comienza por rechazar uno de los argumentos utilizados por la Junta General. El Parlamento sostenía que el Tribunal Constitucional solo había declarado vulnerada la presunción de inocencia, pero no el derecho al honor. Para la Sala, esa distinción formal no reduce la gravedad del perjuicio, porque en este caso el menoscabo de la reputación se encuentra integrado en la propia vulneración de la presunción de inocencia.

(Imagen: E&J)

No estamos ante un simple comentario ofensivo pronunciado por un particular. Una institución pública, revestida de autoridad y solemnidad, presentó a una ciudadana como responsable de irregularidades fuera de un procedimiento judicial y sin que pudiera defenderse con las garantías propias de un proceso penal. Precisamente por proceder del Parlamento, el daño potencial era mayor.

Las afirmaciones de una autoridad poseen una credibilidad y una capacidad de difusión que no tiene una conversación privada. Cuando una comisión parlamentaria formula conclusiones y el Pleno las aprueba, aquellas palabras adquieren la apariencia de una verdad institucional. La sospecha deja de presentarse como sospecha y comienza a circular como culpabilidad.

Cálculo de la indemnización y criterios judiciales

El TSJ también recuerda que la presunción de inocencia protege a cualquier persona frente a este tipo de actuaciones, aunque no sea formalmente acusada en un proceso penal, porque las comisiones parlamentarias no son tribunales, sus miembros no son jueces y sus dictámenes no pueden contener pronunciamientos equivalentes a una condena.

Sin embargo, la Sala tampoco acepta los 90.000 euros reclamados. Reconoce que la vulneración de un derecho fundamental de esta naturaleza produce intrínsecamente un daño moral y reputacional, pero diferencia entre la existencia del perjuicio y su cuantificación. Una cosa es demostrar que hubo daño y otra justificar que ese daño merece una indemnización concreta de 90.000 euros.

La afectada relató sentimientos de ansiedad, angustia y vergüenza, así como una pérdida de relaciones y oportunidades profesionales, pero no aportó informes psicológicos o psiquiátricos, pruebas de haber recibido tratamiento médico, disminuciones de ingresos, pérdida de empleo ni oportunidades laborales concretas frustradas por las conclusiones parlamentarias.

Tampoco podía atribuirse a la Junta General todo el tiempo que tardó el Tribunal Constitucional en resolver el recurso de amparo, porque la duración de ese procedimiento no dependía del Parlamento autonómico.

(Imagen: E&J)

La responsabilidad patrimonial debe reparar las consecuencias que sean realmente imputables a la Administración demandada, no cualquier perjuicio que se produzca alrededor del litigio; además, la Sala subraya que la indemnización administrativa tiene una finalidad reparadora, no punitiva: su objetivo consiste en compensar a la víctima por el daño sufrido, pero no castigar ejemplarmente a la Administración.

La respuesta sancionadora corresponde, en su caso, al Derecho penal o disciplinario, mientras que la responsabilidad patrimonial trata de restablecer el equilibrio quebrado. Eso no significa que puedan fijarse cantidades meramente simbólicas, ya que el tribunal pondera la prolongación de la comisión durante más de dos años, la autoridad institucional de quien produjo el daño, la trascendencia pública de las conclusiones y el hecho de que la afectada solicitara en tres ocasiones el amparo de la Mesa sin conseguir impedir el menoscabo de sus derechos.

También compara el caso con otras resoluciones en las que se concedieron 6.000 euros por vulneraciones del honor, 10.000 euros por atribuir responsabilidades en el accidente del metro de Valencia y 12.000 euros por una vulneración de la presunción de inocencia apreciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Atendiendo al conjunto de circunstancias, el TSJ considera que los 6.000 euros reconocidos inicialmente resultaban insuficientes y fija en 12.000 euros la indemnización por daño moral y reputacional. Esta cantidad se añade a los 2.200 euros ya reconocidos por los gastos de abogado y procurador, extremo que no constituía el núcleo de la controversia judicial.

La sentencia todavía puede ser recurrida en casación y, por tanto, no es firme.