¿Hasta dónde pueden las obligaciones procesales limitar los derechos fundamentales de los abogados?

Ante una convocatoria de huelga general, me surge, como abogada autónoma, una pregunta: ¿hasta qué punto las particularidades de nuestra profesión pueden condicionar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales? ¿El hecho de defender los derechos de terceros implica que debamos hacerlo en detrimento de los propios?

La cuestión no es idéntica para todos los profesionales de la abogacía, ya que mientras que un abogado asalariado puede ejercer el derecho fundamental de huelga, quienes ejercemos por cuenta propia podemos participar en las movilizaciones mediante el ejercicio del derecho de manifestación, pero no ejercer el derecho de huelga en los términos previstos para los trabajadores por cuenta ajena. Ambos derechos gozan de protección constitucional, aunque su contenido y sus consecuencias jurídicas son diferentes.

Existe, no obstante, un problema común, y es la necesidad de compatibilizar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales con las obligaciones profesionales y procesales que asumimos en defensa de los intereses de nuestros clientes.

Abogados asalariados y autónomos, dos puntos de partida diferentes

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Su ejercicio se concreta, conforme al artículo 6.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, en la suspensión temporal del contrato de trabajo y, con ello, de las obligaciones laborales que corresponden al trabajador.

Por consiguiente, un abogado que presta servicios por cuenta ajena tiene reconocido este derecho frente a su empleador en los mismos términos que cualquier otro trabajador. Ahora bien, la situación de quienes ejercemos por cuenta propia es diferente.

(Imagen: Congreso de los Diputados)

La STC 11/1981, de 8 de abril (ECLI:ES:TC:1981:11), distingue, en su fundamento jurídico 12, entre la huelga constitucionalmente protegida y la interrupción voluntaria de la actividad de los profesionales independientes. El Tribunal Constitucional vincula el derecho reconocido en el artículo 28.2 CE a la posibilidad de suspender temporalmente las obligaciones derivadas de una relación de trabajo por cuenta ajena.

Esto no significa que los abogados autónomos carezcamos de derechos fundamentales para participar en una movilización colectiva, puesto que el artículo 21 CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, del que forma parte el derecho de manifestación, sin establecer distinciones entre trabajadores asalariados y profesionales autónomos.

Así, los abogados autónomos podremos interrumpir nuestra actividad para participar en una manifestación, ejerciendo un derecho fundamental igualmente protegido, aunque sin los efectos jurídicos propios del derecho de huelga.

Ahora bien, esta distinción no resuelve el problema que se plantea cuando el ejercicio de estos derechos coincide con plazos o señalamientos judiciales. ¿Puede un abogado solicitar la suspensión de una actuación procesal para ejercer un derecho fundamental? ¿Hasta dónde puede condicionarse ese ejercicio por la necesidad de garantizar el derecho de defensa de su cliente?

(Imagen: TC)

El posible conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa

El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y garantiza el derecho de defensa. Esta garantía adquiere especial relevancia, puesto que nuestra intervención resulta esencial para hacer efectivo el derecho de defensa de quienes acuden a los tribunales.

Ahora bien, ¿significa esto que las obligaciones procesales deben prevalecer necesariamente sobre nuestros derechos fundamentales? ¿Hasta qué punto la suspensión de un señalamiento para ejercer el derecho de huelga o de manifestación puede suponer una vulneración del derecho de defensa de nuestro cliente?

No toda suspensión o modificación de un señalamiento constituye, por sí misma, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o del derecho de defensa. Nuestro ordenamiento contempla diferentes causas de suspensión y aplazamiento, precisamente porque existen circunstancias que pueden justificar que una actuación no se celebre en la fecha inicialmente prevista. Lo relevante será determinar si el aplazamiento está legalmente justificado y qué consecuencias puede tener para los derechos de las partes.

Por otra parte, tampoco podemos olvidar que los abogados asumimos obligaciones procesales cuyo incumplimiento puede tener consecuencias. Así, el artículo 553.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, contempla la corrección disciplinaria de quienes, habiendo sido citados en forma, no comparezcan ante los tribunales sin causa justificada.

La cuestión se encuentra, precisamente, en esa exigencia de justificación.

No se discute la existencia de nuestras obligaciones procesales, sino si su aplicación puede llegar a impedir el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Una cosa es que nuestra profesión esté sometida a exigencias particulares, justificadas por la necesidad de garantizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, y otra que estas puedan impedirnos participar en determinadas movilizaciones.

(Imagen: E&J)

¿Puede el ejercicio de un derecho fundamental justificar la suspensión de una vista? Y, ¿puede el derecho de defensa justificar su denegación?

La cuestión no es meramente teórica. Durante las movilizaciones de los profesionales del turno de oficio se han producido respuestas judiciales diferentes ante las solicitudes de suspensión y las incomparecencias, evidenciando las dificultades para compatibilizar los derechos de los profesionales con sus obligaciones ante los tribunales.

Así, a modo de ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante auto de 7 de marzo de 2024 (ECLI:ES: TSJM:2024:16A), estimó el recurso de revisión interpuesto por un abogado del turno de oficio y acordó la suspensión del procedimiento durante sesenta días, ante las dudas jurídicas sobre el ejercicio del derecho de huelga por estos profesionales. En un contexto diferente, en noviembre de 2024 se conoció la imposición de una corrección disciplinaria de 180 euros a una abogada del turno de oficio en Ourense por no comparecer a una declaración judicial alegando su participación en aquella movilización.

Estos supuestos ponen de manifiesto las dificultades para compatibilizar nuestros derechos fundamentales con las obligaciones procesales, aunque sus circunstancias impiden trasladar automáticamente las respuestas judiciales a una huelga general de trabajadores asalariados o al ejercicio del derecho de manifestación por abogados autónomos.

A mi juicio, la respuesta no puede consistir en reconocer una suspensión automática de los señalamientos, pero tampoco en rechazar cualquier solicitud por el mero hecho de que el profesional haya decidido ejercer un derecho fundamental. Dentro de las posibilidades que ofrece la legislación procesal, resulta necesario valorar las circunstancias de cada caso, atendiendo a la naturaleza del procedimiento, la actuación señalada, las posibilidades reales de sustitución y las consecuencias que su aplazamiento podría ocasionar.

No podemos olvidar que nuestra profesión está vinculada a la defensa de los derechos de terceros y que existen procedimientos en los que una suspensión puede tener consecuencias especialmente graves, particularmente cuando están comprometidas la libertad personal, la protección de las víctimas o las garantías de defensa de una persona investigada o acusada.

El ejercicio de nuestros derechos fundamentales no puede justificar que provoquemos indefensión a quienes defendemos, pero tampoco parece razonable que las obligaciones propias de nuestra profesión se conviertan en un obstáculo prácticamente insalvable para ejercerlos.

Defender los derechos de terceros implica asumir responsabilidades, pero no debería exigirnos renunciar a los nuestros. Precisamente por eso, es necesario encontrar un equilibrio que permita garantizar el derecho de defensa de nuestros clientes sin vaciar de contenido nuestros propios derechos fundamentales.