Aitor Martínez, de ILOCAD, sobre el caso Chambers: «Una traducción incorrecta no constituye un mero error formal o lingüístico»

El procedimiento de extradición de James Fergie Chambers, reclamado por las autoridades de Estados Unidos por blanqueo internacional de capitales, desórdenes públicos y conspiración para cometer desórdenes, entra en su fase decisiva. La Audiencia Nacional celebrará la vista el viernes 13 de noviembre, a las 11:30 horas, y de ella dependerá que el Tribunal conceda o deniegue la entrega. El caso ha cobrado relevancia jurídica por una controversia añadida: la defensa denuncia doce discrepancias en la traducción al español de la documentación remitida por Estados Unidos que, a su juicio, alteran el sentido de varios pasajes e influyen en la calificación de los hechos y en el examen de la doble incriminación, requisito central de cualquier extradición.

Para analizar la situación, Economist & Jurist (E&J) entrevistó el 11 de noviembre a Aitor Martínez, abogado y responsable del área Internacional de ILOCAD, despacho que interviene en la defensa de Chambers en este procedimiento.

Martínez sostiene que traducciones como «actividades de terrorismo global» para la expresión «global terrorism game«, la aparición de la palabra «incendios» donde el original solo habla de tres personas, o la versión de felony como «delito grave», han llegado a incorporarse al informe de la Fiscalía. También critica el auto del 5 de noviembre, que rechazó el cotejo con los originales y una nueva traducción independiente. Además, expone los argumentos de la defensa sobre la ausencia de doble incriminación en los tres cargos, la desproporción de las penas solicitadas, la trazabilidad de los fondos enviados a Túnez y la posible motivación política de la solicitud, que a su entender impediría la extradición conforme a la Constitución y a la Ley de Extradición Pasiva.

Economist & Jurist (E&J).- Para contextualizar el caso, ¿podría explicarnos en qué punto se encuentra actualmente el procedimiento de extradición de James Fergie Chambers y cuáles son los delitos que le atribuyen las autoridades estadounidenses?

Aitor Martínez (A. M.).- Actualmente el caso se encuentra pendiente de que tenga lugar la vista por extradición, que será el próximo viernes 13, a las 11.30 h, en la Audiencia Nacional. Tras la vista, el Tribunal decidirá sobre si concede o no la extradición.

Los delitos que se le atribuyen por las autoridades norteamericanas son tres:

• International money laundering, blanqueo de capitales, conforme a la sección 1956(a)(2)(A) del título 18 del Código de Estados Unidos, con una pena identificada de hasta 20 años de prisión.
• Riot, desórdenes, conforme a la sección 2101, con una pena identificada de hasta 5 años de prisión.
• Conspiracy to commit Riot, conspiración por causar desórdenes, conforme a la sección 371, con una pena identificada de hasta 5 años de prisión.

(Imagen: E&J)

E&J.- La defensa ha denunciado la existencia de doce discrepancias relevantes en la traducción al español de la documentación remitida por Estados Unidos. ¿Cómo detectaron estas alteraciones y cuáles consideran que son las más importantes desde el punto de vista jurídico?

A. M.- Sin duda, la más grave de todas las alteraciones es la que ha llevado a las autoridades españolas a vincular a Fergie Chambers con la «promoción de actividades terroristas», una imputación que no figura entre los cargos formulados por Estados Unidos, pero con la que se le está intentando vincular de forma malintencionada.

Se trata de la traducción que se efectúa de unas declaraciones de terceros en un chat, en el que no se encontraba Chambers, de la expresión «global terrorism game» («el juego del terrorismo global»). Esto es traducido como «actividades de terrorismo global». Así, lo que en el original es un juego de palabras en sentido figurado pasa a convertirse en un sustantivo de acción en la traducción al español que puede implicar graves consecuencias.

Detectamos estas alteraciones al contrastar la documentación original remitida por Estados Unidos con su traducción al español.

E&J.- Entre los ejemplos señalados figuran expresiones como «acciones directas», traducida como «acciones de violencia directa»; la incorporación de la expresión «tres incendios», que no aparecería en el original, o la sustitución de «activaron botes de humo» por «detonaron botes de humo». ¿Qué consecuencias pueden tener este tipo de modificaciones en la interpretación de los hechos?

A. M.- Los efectos son muy graves desde el punto de vista jurídico porque estas modificaciones no son simples matices lingüísticos, ya que, además de alterar el relato de los hechos, elevan su gravedad y podrían influir en la calificación penal de los delitos en España, lo cual abriría la puerta a la extradición de Fergie Chambers. Esto resulta especialmente importante en un proceso de extradición en el que debe examinarse el requisito de la doble incriminación.

Un ejemplo especialmente significativo es la incorporación de la palabra «incendios» en la traducción de una frase de la versión original en la que únicamente se indica «the three«, refiriéndose a tres personas que causaron daños en un edificio. Sin embargo, la traducción introduce, sin el más mínimo sentido, el sustantivo «incendios», inexistente en el original, y transforma la frase en «Los tres incendios causaron daños importantes al edificio…». La versión fiel del inglés es: «Los tres causaron daños importantes al edificio, incluida la rotura de tragaluces y la destrucción de equipos mecánicos».

El añadido «incendios» a la traducción al español es incomprensible a no ser que haya operado un acto de mala fe extradicional. Además, ello transforma la autoría de los daños de tres personas en la versión en inglés en una afirmación de la existencia de tres graves siniestros de incendios causantes de esos daños. No se trata de un matiz estilístico, sino que cambia radicalmente el hecho.

La consecuencia jurídica es especialmente grave a efectos de doble incriminación. La falsa referencia a incendios puede orientar la calificación hacia el artículo 266 CP y, si se acreditara peligro para personas, hacia el 351 CP; alimentar la consideración de un delito grave en el artículo 573.1 CP; y favorecer la invocación del artículo V.B.5 del Tratado, relativo a determinados artefactos o sustancias con aptitud para causar perjuicios graves.

De hecho, esa palabra, introducida en forma ficcionada en la traducción al español, ya ha inducido a error a nuestras autoridades, como refleja el informe fiscal relativo al artículo 13.

E&J.- También se han señalado cambios relativos a la identificación de personas, al conocimiento que se atribuye a determinados interlocutores y al origen de mensajes utilizados como prueba. ¿Hasta qué punto estas diferencias pueden afectar a la atribución de responsabilidades o a la valoración de la prueba?

A. M.- En la versión original se identifica «a minor and relative of CHAMBERS«, es decir, «un menor de edad, familiar de CHAMBERS pintó». Sin embargo, la traducción al español entregada incluye a un familiar más en la ecuación: «un menor y un familiar de CHAMBERS pintaron».

La duplicación altera el número de participantes y presenta como dos personas lo que el propio relato en inglés identifica como una sola. Esa alteración puede reforzar artificialmente la apariencia de pluralidad organizada o de una intervención familiar coordinada. Y, en la doble incriminación, puede tener una implicación contabilizar más sujetos para sostener una actuación grupal o una organización.

Igualmente, esta traducción ha tenido un impacto en nuestras autoridades. El informe fiscal, claramente, incurre en un error, de nuevo, por la traducción remitida por Estados Unidos, reflejando en su dictamen «un menor y un familiar de Chambers pintaron […]».

(Imagen: E&J)

E&J.- La defensa cuestiona asimismo la traducción de términos como trespassing por «allanamiento de morada» y felony por «delito grave». ¿Por qué considera que estas equivalencias pueden resultar problemáticas al trasladar conceptos del Derecho estadounidense al ordenamiento jurídico español?

A. M.- La gravedad de los hechos es que se trasladan conceptos propios del Derecho estadounidense al ordenamiento jurídico español mediante equivalencias que no son correctas y que pueden acarrear una calificación jurídica más grave.

La versión original en inglés hace referencia a que asumirían la detención si procedían al trespassing, es decir, por el acceso o permanencia no autorizada, pero eso no significa necesariamente un «allanamiento de morada», lo cual incorpora por sí solo los elementos de un delito español concreto. La traducción real es «arriesgarse a ser detenidos por entrada o permanencia no autorizada» y, de hecho, no en una morada, sino en una empresa.

El propio documento sitúa la acción en una instalación empresarial de Elbit, con acceso a la azotea y despliegue de pancartas. Por ello, traducir ese término por «allanamiento de morada» introduce una calificación española que presupone un ámbito protegido distinto. Esta falsa equivalencia refuerza la apariencia de una acción invasiva ya penalmente calificada y puede alterar la doble incriminación y el juicio de gravedad. Y esto ha tenido, igualmente, un impacto en el informe fiscal.

Por su parte, la fiscal estadounidense Creegan define felony como un hecho punible con una pena superior a un año de prisión. Sin embargo, la traducción, inexplicablemente, traduce felony como «delito grave», lo cual implica una carga punitiva mayor. Conforme a los artículos 13 y 33 del CP, la clasificación de los delitos en España depende de la naturaleza y duración de las penas previstas, considerándose grave la prisión superior a cinco años.

Lo que introduce la traducción viciada tiene implicaciones decisivas, ya que la expresión traducida puede implicar requisitos para calificaciones agravadas por doble incriminación, como la que ha intentado el fiscal dirigiendo las acciones (delitos graves) a una terrorista.

E&J.- Uno de los ejemplos más llamativos es la traducción de la expresión global terrorism game como «actividades de terrorismo global». ¿Qué importancia tiene el contexto en el que se utilizó esa expresión y qué relevancia adquiere que, según la defensa, proceda de conversaciones de terceras personas y no del propio Chambers?

A. M.- Es importante destacar que esta expresión se extrae de una conversación mantenida por terceras personas en una aplicación de mensajería instantánea, quienes hablan en sentido claramente figurado de «global terrorism game«. Sin embargo, las autoridades norteamericanas hacen referencia a ese pasaje poniéndolo literalmente, entrecomillado, y, hasta en cuatro ocasiones, «global terrorism game» («el juego del terrorismo global») es traducido como «actividades de terrorismo global».

Así, mientras que en el original es claramente un juego de palabras en sentido figurado, en la traducción al español para nuestras autoridades es claramente unas actividades que implican acciones al utilizar una expresión vinculada a una participación material en «actividades» terroristas. Es una traducción incomprensible que, además, incorpora un contenido gravísimo, especialmente porque es difícil que pueda realizarla un profesional por error si no ha mediado mala fe en la misma, ya que un error difícilmente se comete en cuatro ocasiones.

Esta alteración resulta especialmente relevante porque la traducción no conserva la literalidad y la naturaleza de esa conversación ajena al Sr. Chambers y, pese a ello, ha tenido un impacto en nuestras autoridades, concretamente en el informe fiscal relativo al artículo 13.

E&J.- Según han expuesto, algunas de estas expresiones también habrían sido reproducidas en el informe de la Fiscalía. ¿Qué incidencia puede tener que una traducción cuestionada se incorpore posteriormente a los argumentos jurídicos utilizados en el procedimiento?

A. M.- La incidencia puede ser muy grave porque una traducción incorrecta no constituye un mero error formal o lingüístico cuando termina incorporándose a los argumentos jurídicos de la Fiscalía o del órgano judicial.

El problema es que, si la traducción al español altera el sentido original de las expresiones atribuyéndoles un significado más grave o distinto del que realmente tienen, se puede producir una distorsión de los hechos que están siendo objeto de valoración. Esto puede llevar a que se consideren aplicables tipos penales más graves o que se contemplen penas de mayor entidad sobre la base de unos hechos que no se corresponden con la realidad.

E&J.- La defensa ha solicitado que se examinen los documentos originales y se realice una traducción independiente. ¿Qué garantías deberían exigirse para asegurar la fidelidad, imparcialidad y trazabilidad de las traducciones en un procedimiento de extradición?

A. M.- En el punto en el que nos encontramos, el Tribunal debería haber acordado el cotejo y, en su caso, una nueva traducción independiente de los pasajes controvertidos por parte de un profesional cualificado designado con las debidas garantías, con identificación de su autor, metodología y texto de partida, compartiendo para ello este escrito con el profesional designado.

Asimismo, debería darse traslado de todo ello al Ministerio Fiscal para que pudiera no solo pronunciarse sobre el cotejo, sino corregir, o al menos revisar, sus conclusiones.

Todo esto fue solicitado, pero ha sido rechazado por el Tribunal por medio de auto de 5 de noviembre.

E&J.- Más allá de las discrepancias lingüísticas, la defensa cuestiona la concurrencia del principio de doble incriminación y sostiene que algunos de los hechos atribuidos a Chambers podrían no constituir delitos equivalentes en España. ¿Cuáles son los principales argumentos jurídicos en este sentido?

A. M.- La orden de extradición frente a James «Fergie» Cox Chambers fue emitida por tres delitos:

International money laundering: blanqueo de capitales. Este cargo en ningún caso constituye un delito en España, pues el origen de los fondos que se mencionan en la denuncia (criminal complaint) está totalmente acreditado; provienen de su propia fortuna familiar, tal y como las autoridades estadounidenses reconocen. Al no tener un origen ilícito ni existir ningún tipo de delito antecedente, este cargo no constituye delito según lo dispuesto en la legislación penal española y, por tanto, no se da cumplimiento al principio de doble incriminación.

Del mismo modo, cabe añadir que la trazabilidad del destino de estos fondos es totalmente transparente, habiendo sido empleados para cubrir sus gastos personales en Túnez —alquiler de su vivienda, adquisición de coches para uso personal, fundación de su negocio deportivo, así como donaciones e inversiones relacionadas con el equipo de fútbol Club Africain—.

Riot. Se trata de una figura que sería equivalente a los desórdenes públicos previstos en la legislación penal española, tratándose de un delito menos grave cuyo límite punitivo no alcanza la entidad penal necesaria para poder justificar una petición de extradición.

En este sentido, se debe destacar que el principio de proporcionalidad no ha sido respetado, en tanto que la pena solicitada (en base a la información disponible en la criminal complaint) es sustancialmente superior a aquella solicitada para las personas que materialmente y, de hecho, participaron en los disturbios de New Hampshire (5 años de prisión frente a 60 días de prisión, respectivamente). Así, se observa cómo la Administración estadounidense trata artificialmente de alcanzar ese límite punitivo mínimo, con el único objetivo de poder mantener su solicitud de extradición.

Conspiracy to riot. En base a la legislación penal española, la conspiración es una forma meramente de participación, es decir, no constituye un delito autónomo. La única excepción a esta regla se da con crímenes de considerable gravedad, tales como crímenes contra la humanidad o delitos contra el Estado, lo cual no es, evidentemente, el objeto del procedimiento que enfrenta James Chambers. Por ello, este cargo tampoco puede prosperar, en tanto que no cumple con el principio de doble incriminación.

A mayores, cabe destacar que esta falta de cumplimiento del principio de doble incriminación y la desproporcionalidad legal se entrelaza con la verdadera causa por la que se solicita la extradición de James Chambers, que es la persecución política articulada a través de un procedimiento penal.

(Imagen: E&J)

E&J.- En relación con la acusación de blanqueo de capitales, se hace referencia a una transferencia de 7,5 millones de dólares a Túnez, que la defensa vincula con el apoyo al Club Africain. ¿Qué documentación existe sobre el origen y destino de esos fondos y qué elementos deberían concurrir para que una operación de esta naturaleza pudiera calificarse como blanqueo?

A. M.- Actualmente, nuestros peritos económicos están trabajando en dejar acreditada la trazabilidad de ese dinero, de manera que no exista margen de duda de que este fue exclusivamente destinado a las actividades del club de fútbol.

E&J.- La defensa también plantea que el procedimiento podría estar relacionado con motivos políticos y con el ejercicio de la libertad de expresión, además de mencionar el proceso de solicitud de asilo. ¿Qué relevancia jurídica pueden tener estas circunstancias en la valoración de una solicitud de extradición?

A. M.- Estas circunstancias tienen una gran relevancia jurídica, puesto que cabe señalar que el artículo 13 de la Constitución española, en su apartado 3, prohíbe expresamente las extradiciones por delitos políticos.

Es por ello que en toda solicitud de extradición debe examinarse si puede responder a una finalidad de persecución por motivos políticos. El artículo 5.1 de la Ley de Extradición Pasiva contempla expresamente esta opción cuando hay argumentos sólidos para considerar que la solicitud se debe a la actividad incómoda de la persona reclamada.

Es decir, en un procedimiento de extradición no se trata de determinar si los hechos son constitutivos o no de delito, sino que exige a su vez examinar los motivos reales de la reclamación y las garantías de los derechos fundamentales de la persona acusada.

E&J.- La vista ante la Audiencia Nacional está prevista para el 13 de noviembre. ¿Cuáles serán los principales argumentos que la defensa pretende poner sobre la mesa y qué escenarios procesales podrían abrirse a partir de esa comparecencia? Por último, ¿qué reflexión considera que deja este caso sobre las garantías que deben acompañar a la cooperación judicial internacional?

A. M.- Es necesario recordar que el procedimiento de extradición no puede prosperar ni judicial ni gubernativamente si las bases que lo sustentan no responden a la legalidad nacional e internacional. La Ley de Extradición Pasiva española y el Convenio entre Estados Unidos y España prohíben la extradición basada en causas políticas.

Como ya sabemos, en los últimos meses hemos sido testigos de una ofensiva sin precedentes por parte de la Administración Trump contra las instituciones y las personas encargadas de aplicar, defender o invocar el derecho internacional en lo que respecta a Palestina. Ante este contexto, las autoridades españolas no pueden permanecer indiferentes. Por el contrario, este les obliga a ejercer el máximo escrutinio sobre cualquier solicitud de extradición que pueda contribuir, directa o indirectamente, a una estrategia de persecución política incompatible con los valores en los que la Unión Europea afirma basarse.

El caso de Fergie es paradigmático en este sentido, por lo que el escenario que esperamos es que se acuerde la negativa a su entrega y se proceda a la liberación de «Fergie» Chambers. Y desde la defensa creemos que nos encontramos ante un caso muy sólido y estamos centrados en preparar la vista.