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Despachos y Abogados

Administrativando Abogados lleva a los tribunales la reclamación de 20 funcionarios de prisiones del País Vasco por sus complementos salariales desde 2021

Desde el despacho destacan que el asunto plantea una cuestión de interés sobre la protección de los derechos retributivos de los empleados públicos

La representación jurídica del colectivo está siendo asumida por Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados y Alicia Ibáñez Fernández, letrada asociada de la firma. (Imagen: cesión propia)

Tiempo de lectura: 4 min

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Despachos y Abogados

Administrativando Abogados lleva a los tribunales la reclamación de 20 funcionarios de prisiones del País Vasco por sus complementos salariales desde 2021

Desde el despacho destacan que el asunto plantea una cuestión de interés sobre la protección de los derechos retributivos de los empleados públicos

La representación jurídica del colectivo está siendo asumida por Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados y Alicia Ibáñez Fernández, letrada asociada de la firma. (Imagen: cesión propia)

Veinte funcionarios de carrera destinados en centros penitenciarios del País Vasco han decidido emprender acciones judiciales, de la mano de Administrativando Abogados, boutique de referencia a nivel nacional en Derecho administrativo y contencioso–administrativo, para reclamar que determinados complementos salariales tengan efectos económicos desde octubre de 2021.

Los trabajadores consideran que el Gobierno Vasco ha limitado injustificadamente la retroactividad de estas retribuciones al establecer su abono desde el 1 de abril de 2025, pese a que aseguran que las condiciones laborales que las motivan existían desde años antes.

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La controversia afecta al Decreto 116/2026, de 14 de julio, que modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración vasca y establece los efectos económicos de diversos complementos del personal penitenciario.

La representación jurídica del colectivo está siendo asumida por Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados y Alicia Ibáñez Fernández, letrada asociada de la firma.

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Una reclamación que se remonta al traspaso de competencias

El conflicto tiene su origen en el proceso mediante el cual Euskadi asumió las competencias penitenciarias el 1 de octubre de 2021. Desde aquella fecha, los funcionarios afectados han continuado desarrollando sus tareas en centros penitenciarios vascos, incluidas funciones de vigilancia en áreas de interior, servicios en departamentos de especial peligrosidad y turnos nocturnos.

El acuerdo aprobado durante la transferencia contemplaba la adecuación de las retribuciones del personal una vez aprobada la correspondiente relación de puestos de trabajo, con efectos retroactivos desde octubre de 2021 cuando procediera. Esta previsión constituye uno de los principales argumentos utilizados por los trabajadores para reclamar el reconocimiento económico de determinados complementos desde aquella fecha.

Los afectados sostienen que las condiciones laborales compensadas posteriormente no surgieron en 2025, sino que formaban parte de su actividad profesional desde el momento en que pasaron a depender de la Administración autonómica.

(Imagen: E&J)

Dos regulaciones con efectos económicos diferentes

El Decreto 315/2024, de 29 de octubre, aprobó la relación de puestos de trabajo de la Administración Penitenciaria vasca y contempló, con carácter general, efectos administrativos y económicos desde el 1 de octubre de 2021. Sin embargo, la regulación posterior introdujo una fecha distinta para determinados conceptos retributivos. El Decreto 116/2026, publicado el 28 de julio de 2026, estableció que los complementos derivados del acuerdo sectorial sobre horarios y condiciones específicas de trabajo producirían efectos económicos desde el 1 de abril de 2025.

La diferencia entre ambas fechas comprende aproximadamente tres años y medio de prestación de servicios.

Para los funcionarios, la decisión administrativa debería examinarse a la luz de los compromisos anteriores y de las funciones realmente desempeñadas durante ese período.

Los complementos pueden alcanzar los 250 euros mensuales

La controversia afecta a diversas compensaciones económicas vinculadas a las particularidades del trabajo penitenciario.

El complemento de especial peligrosidad por servicios en áreas de interior asciende a 175 euros brutos mensuales, cantidad también prevista para determinadas funciones en módulos de régimen cerrado y departamentos especiales. Por otra parte, determinados puestos de gestores tienen reconocido un complemento de especial dedicación de 100 euros brutos mensuales. A estas retribuciones se añade el complemento de nocturnidad, fijado en 250 euros brutos mensuales para quienes cumplen los requisitos establecidos.

Los importes no se aplican automáticamente ni de manera conjunta a todos los funcionarios, puesto que dependen del puesto ocupado y de las funciones efectivamente desarrolladas.

La reclamación pretende que se revise la fecha desde la que deben abonarse estos conceptos y que, en su caso, se calculen las diferencias económicas individuales.

(Imagen: E&J)

La defensa denuncia una diferencia temporal que considera injustificada

El colectivo ha formulado un recurso de reposición frente a la regulación aprobada en 2026, al entender que la limitación de los efectos económicos podría vulnerar los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y prohibición de arbitrariedad. Su representación jurídica sostiene que debe justificarse por qué unas condiciones profesionales existentes desde 2021 reciben una compensación específica únicamente desde abril de 2025.

La controversia plantea también el alcance de los acuerdos adoptados durante la transferencia y su relación con las disposiciones posteriores.

Sin embargo, el reconocimiento de efectos retroactivos generales en una relación de puestos de trabajo no supone necesariamente que todos los complementos aprobados posteriormente deban tener idéntica retroactividad. Precisamente esta cuestión será uno de los aspectos centrales del futuro debate judicial.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberá examinar la controversia

Tras impugnar la regulación en vía administrativa, los 20 funcionarios han decidido acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. La intención es plantear la controversia ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para solicitar que se revise la limitación temporal establecida por la Administración.

La pretensión consiste en conseguir que los complementos discutidos produzcan efectos desde octubre de 2021 y que se reconozcan, cuando proceda, las diferencias salariales correspondientes.

Actualmente no existe una sentencia que haya estimado estas pretensiones, por lo que el resultado permanece pendiente de resolución judicial.

Fachada del TSJ del País Vasco. (Imagen: Poder Judicial)

Administrativando Abogados considera necesario analizar las condiciones reales de trabajo

Desde Administrativando Abogados destacan que el asunto plantea una cuestión de interés sobre la protección de los derechos retributivos de los empleados públicos.

La defensa considera que las administraciones deben justificar adecuadamente las diferencias temporales en el reconocimiento de complementos asociados a condiciones profesionales específicas.

También subraya la importancia de examinar los compromisos asumidos durante las transferencias de competencias y su posterior desarrollo normativo.

El caso trasciende las reclamaciones económicas individuales, puesto que plantea cómo deben coordinarse los acuerdos laborales y las relaciones de puestos de trabajo aprobadas en distintos momentos.

En definitiva, los tribunales deberán determinar si el Gobierno Vasco puede limitar a abril de 2025 el reconocimiento económico de unas condiciones laborales que los funcionarios aseguran desempeñar desde octubre de 2021.

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