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Jurisprudencia

Una comunidad pierde el derecho a retirar el cerramiento y la chimenea de un restaurante tras tolerarlos durante más de 10 años

La Audiencia Provincial de Tarragona concluye que la inactividad prolongada, el consentimiento tácito y los propios actos consolidaron unas instalaciones que la comunidad pretendió considerar ilegales más de una década después

terraza de restaurante con cerramiento

(Imagen: E&)

Rodrigo Corchero

Director ejecutivo de E&J School




Tiempo de lectura: 4 min

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Jurisprudencia

Una comunidad pierde el derecho a retirar el cerramiento y la chimenea de un restaurante tras tolerarlos durante más de 10 años

La Audiencia Provincial de Tarragona concluye que la inactividad prolongada, el consentimiento tácito y los propios actos consolidaron unas instalaciones que la comunidad pretendió considerar ilegales más de una década después

terraza de restaurante con cerramiento

(Imagen: E&)

Una comunidad de propietarios puede reaccionar frente a las obras realizadas sin autorización, regular el aprovechamiento especial de las zonas comunes e incluso exigir una compensación económica cuando un negocio obtiene de ellas una utilidad exclusiva. Lo que no puede hacer es conocer durante años una instalación, tolerar su funcionamiento y pretender después que desaparezca como si nunca hubiera existido.

La Audiencia Provincial de Tarragona ha aplicado esta idea al conflicto mantenido entre una comunidad de propietarios de La Pineda y la sociedad titular de varios locales unidos en los que funciona el restaurante Che de Mar. El establecimiento contaba con un cerramiento sobre la terraza adyacente y con una chimenea, cableado y tuberías que discurrían parcialmente por elementos comunes del edificio.

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En agosto de 2024, la comunidad aprobó varios acuerdos para reaccionar contra las obras ejecutadas sin autorización y contra el uso de espacios comunitarios por los locales y, entre las medidas acordadas, se encontraba exigir que determinadas propiedades recuperasen su configuración original y retirar instalaciones realizadas en zonas comunes sin la autorización previa de la junta.

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El valor del consentimiento tácito y el paso del tiempo

A primera vista, la posición comunitaria resulta comprensible, ya que, como es lógico, ningún propietario puede apropiarse unilateralmente de los elementos comunes ni transformar la configuración de un edificio por el simple hecho de que la obra resulte útil para su negocio.

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Pero la realidad acreditada era otra: el cerramiento existía desde 1991, había sido sustituido en 2014 por una estructura de cristal y aluminio y la chimenea llevaba también instalada desde hacía más de diez años con conocimiento de la comunidad.

Tanto es así que la propia escritura de división horizontal calificaba como terreno particular la franja situada entre los locales de la planta baja y la zona marítimo-terrestre. Además, permitía distribuir ese espacio entre los diferentes establecimientos sin necesidad de obtener el consentimiento de los restantes propietarios y sin modificar sus coeficientes de participación.

Planos de la comunidad

(Imagen: E&J)

La Audiencia distingue así entre la zona peatonal común que rodeaba parte del edificio y la terraza situada frente al mar. La primera tenía carácter comunitario, mientras que la segunda pertenecía privativamente a los locales de la planta baja. La comunidad, además, había tratado históricamente ese espacio como particular hasta que cambió de criterio en la junta celebrada en 2024.

Pero incluso si se hubiera considerado que el cerramiento afectaba a algún elemento común, el tiempo transcurrido resultaba decisivo, ya que el artículo 553-36.4 del Código Civil de Cataluña permite a la comunidad exigir la reposición de los elementos comunes alterados sin autorización, pero presume su consentimiento cuando la obra es notoria, no disminuye la solidez del edificio, no ocupa elementos comunes ni crea nuevas servidumbres y la comunidad no se opone durante los cuatro años posteriores a su finalización.

En este caso habían pasado más de diez años. No se trataba de una obra clandestina descubierta tardíamente, sino de una instalación visible que formaba parte del funcionamiento cotidiano del restaurante y ante la que la comunidad había permanecido inactiva.

La Audiencia considera superado tanto el plazo de caducidad de cuatro años como el plazo general de prescripción de diez años.

La legalidad de la chimenea y los límites de la tolerancia

La chimenea presentaba una circunstancia todavía más clara. Su instalación había sido comunicada y autorizada por la junta directiva, y la asamblea general celebrada en agosto de 2014 no revocó ni rechazó aquella conformidad. La autorización alcanzaba tanto a la propia chimenea como al recorrido de sus elementos auxiliares, por lo que la comunidad no podía afirmar una década después que se había instalado clandestinamente.

La tolerancia, por tanto, no se desprendía únicamente del silencio: existían actos concretos de conocimiento y conformidad, unidos al transcurso de un periodo muy superior al establecido legalmente. Por ello, la Audiencia reconoce expresamente la legalidad de la chimenea y de sus elementos auxiliares, aunque discurran por zonas comunes del edificio.

Chimenea restaurante

(Imagen: E&J)

Eso no significa que cualquier ocupación prolongada termine convirtiéndose en legítima. La comunidad conserva la facultad de controlar las instalaciones privativas que atraviesen espacios comunes, exigir autorización para nuevas obras, repercutir los gastos individualizables y establecer una compensación proporcionada cuando un establecimiento obtiene un aprovechamiento especial o exclusivo. Tampoco existe consentimiento presunto cuando la obra compromete la solidez, ocupa elementos comunes o constituye nuevas servidumbres.

Lo que la comunidad no puede hacer es alterar retroactivamente una situación consolidada por sus propios actos. El tiempo no legaliza por sí solo cualquier irregularidad, pero la pasividad prolongada produce consecuencias cuando la obra ha permanecido a la vista de todos, no perjudica la seguridad y ha sido conocida o consentida durante años.

El fraude procesal

La sentencia aborda, además, otra actuación comunitaria particularmente significativa, ya que la comunidad había aprobado restricciones de acceso al aparcamiento contra determinados propietarios morosos después de que medidas semejantes fueran suspendidas cautelarmente por un juzgado. Para mantenerlas, trasladó formalmente la decisión desde la junta directiva hasta la asamblea de propietarios.

La Audiencia considera que cambiar el órgano encargado de aprobar la medida no altera su contenido material y califica la maniobra como fraude procesal; por tanto, una comunidad no puede eludir una suspensión judicial reproduciendo sustancialmente el mismo acuerdo bajo una forma diferente. También declara nulos esos acuerdos y otro que imponía una cuota diaria de cinco euros por la colocación de un cartel publicitario.

La resolución (disponible en el apartado ‘descargar resolución’) estima el recurso de la sociedad titular del restaurante y parcialmente el de la comunidad, sin imponer las costas de la apelación. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

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