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Derecho Laboral

El SESPA es condenado a pagar casi 112.000 euros a una trabajadora con limitaciones en la mano que volvió a lesionarse por no adaptar su puesto

El servicio de salud asturiano no adaptó el puesto de la sanitaria a pesar de ser conocedor de que debía de evitar que realizara esfuerzos y pinza con la mano derecha

(Imagen: E&J)

María González Villasevil

Redacción editorial E&J




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado


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Derecho Laboral

El SESPA es condenado a pagar casi 112.000 euros a una trabajadora con limitaciones en la mano que volvió a lesionarse por no adaptar su puesto

El servicio de salud asturiano no adaptó el puesto de la sanitaria a pesar de ser conocedor de que debía de evitar que realizara esfuerzos y pinza con la mano derecha

(Imagen: E&J)

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Oviedo ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) a pagar 111.993 euros a una trabajadora de un hospital que sufrió un segundo accidente laboral en la misma mano que ya tenía lesionada.

El Hospital Universitario Central de Asturias era conocedor de que la sanitaria, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería, tenía limitaciones físicas en la mano derecha. Pues, tras el primer accidente laboral y antes de que la trabajadora volviera a su puesto, el propio servicio de prevención del SESPA había recomendado “evitar trabajos que requieran uso de fuerza y pinza con mano derecha”.

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Sin embargo, el centro hospitalario ignoró dichas limitaciones de la empleada y no adaptó sus tareas y, semanas después, esta acabo lesionando de nuevo la mano cuando la mano le falló mientras manipulaba cajones de medicación.

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En la actualidad, la actora tiene reconocida una incapacidad permanente total para su profesión.

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Por ello, el Tribunal ha condenado al SESPA y a su aseguradora a indemnizar a la sanitaria con 111.993 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de accidente laboral. La aseguradora del servicio de salud asturiano deberá responder solidariamente hasta 93.993 euros, porque la póliza incluía una franquicia de 18.000 euros, y abonar además los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde el día del siniestro.

(Imagen: SATSE)

Una recomendación médica que no se cumplió

Según consta en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), la trabajadora sufrió un primer accidente laboral en marzo de 2020. Se luxó el primer dedo de su mano derecha, que es la dominante, y necesitó cinco operaciones. Tras agotar la baja, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente en octubre de 2021, de modo que tuvo que reincorporarse a su puesto de trabajo. Antes de hacerlo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SESPA la reconoció y emitió el informe con la recomendación de evitar fuerza y pinza con esa mano.

Pero el hospital no observó esas contraindicaciones y en enero de 2022, tan solo dos meses después de reincorporarse, cuando la técnico auxiliar estaba trasvasando la carga del carro de transporte al carro de medicación, sufrió un segundo accidente laboral: la mano le falló y cayeron dos cajones de medicación y su mano quedó atrapada entre el cajón y el carro.

Según el informe de investigación del accidente, la trabajadora estaba moviendo los casetes en bloques de dos, con un peso conjunto de 3,4 kilos.

Desde ese día que sufrió el segundo accidente laboral, la empleada permaneció de baja hasta que el INSS, finalmente en octubre de 2023, la declaró en incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. En total había pasado por 14 intervenciones quirúrgicas y le quedó inestabilidad en la articulación del pulgar, tendinitis de Quervain, un tercer dedo en resorte y un trastorno adaptativo.

(Imagen: E&J)

La Inspección de Trabajo responsabilizó al SESPA del accidente

El servicio de prevención del SESPSA apuntó que el accidente se debía posiblemente a causas propias de la trabajadora por su lesión previa, pero la Inspección de Trabajo concluyó que el servicio de salud asturiano era responsable del accidente laboral por incumplir el artículo 25.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a proteger de forma específica a los trabajadores especialmente sensibles.

En consecuencia, la Inspección propuso imponer al SESPA un recargo del 50% sobre las prestaciones, no obstante, el INSS finalmente fijó un recargo de prestaciones del 40% por vulneración de los artículos 14 y 25 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Posteriormente, la trabajadora presentó una demanda contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias y se aseguradora, solicitando 111.993 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil por accidente de trabajo.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Oviedo ha estimado la demanda al entender que el accidente ocurrió porque la empresa no tomó ninguna medida para adaptar el trabajo a las limitaciones de la empleada y, en consecuencia, ha condenado al SESPA y a su aseguradora a indemnizar a la sanitaria con la cuantía solicitada.

(Imagen: E&J)

El SESPA defendió que el caso correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa por tratarse de responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, el Tribunal rechaza dicho argumento y señala que la demandante es personal laboral y reclama daños por incumplir la normativa de prevención de riesgos, materia que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social atribuye al orden social incluso frente a administraciones públicas.

Ambas demandadas —el SESPA y su aseguradora— alegaron también prescripción, pero el juez sitúa el inicio del plazo de un año el 29 de noviembre de 2023, es decir, cuando se notificó la nueva resolución del INSS que reconocía a la trabajadora el incremento del 20% de su pensión tras su reclamación previa. Y dado que la reclamación al SESPA se presentó el 15 de noviembre de 2024, el plazo de un año aún no estaba prescrito.

La aseguradora sostuvo con su propio perito que el daño indemnizable ascendía solo a 228 euros porque la patología era anterior y el accidente laboral de 2022 —el segundo— no habría causado la incapacidad. Sin embargo, el Tribunal rechaza también esa tesis al concluir que, la causalidad quedó acreditada con el recargo firme y, además, la incapacidad se denegó en 2021 y solo se reconoció en 2023, después del segundo accidente.

En consecuencia, el juez acepta íntegramente el informe pericial de la trabajadora, aplicando el baremo de la Ley 35/2015 de accidentes de circulación. Por lesiones temporales reconoce 40.412 euros (33.852 euros por 651 días de perjuicio moderado, a 52 euros diarios, y 6.560 euros por ocho operaciones) y por secuelas la suma 71.581 euros (9.399 euros de perjuicio básico, 30.000 euros por pérdida de calidad de vida y 32.182 euros de lucro cesante por no poder ejercer su profesión).

(Imagen: E&J)

“Cuando un empleador conoce las limitaciones de un trabajador, tiene que actuar en consecuencia”

La letrada defensora de la trabajadora sanitaria en este litigio, María Iglesias Fernández, experta en Derecho Laboral, señala que “lo más más significativo de esta sentencia es que pone de manifiesto una realidad que, lamentablemente, seguimos encontrándonos en el ámbito laboral como lo es la incompleta e insuficiente labor preventiva: no basta con que una empresa disponga de un Servicio de Prevención o emita informes sobre los riesgos existentes si después esas recomendaciones no se trasladan a las condiciones reales de trabajo”.

“Cuando un empleador conoce las limitaciones de un trabajador, no basta con dejar constancia de ellas en un informe: tiene que actuar en consecuencia. Y cuando esa obligación se incumple, la responsabilidad debe examinarse atendiendo a las consecuencias reales que el accidente ha tenido sobre la salud y la capacidad laboral de la persona afectada”, afirma la letrada.

En el presente caso la trabajadora se reincorporó sin que se adoptaran las medidas necesarias para adaptar las exigencias de su puesto y terminó sufriendo un nuevo accidente que desembocó en el reconocimiento de una incapacidad permanente total. Es precisamente en situaciones como esta donde cobra especial importancia la protección reforzada que contempla el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores especialmente sensibles.

La abogada afirma que una de las cuestiones fundamentales del litigio fue determinar hasta dónde alcanzaba la responsabilidad empresarial, teniendo en cuenta que la trabajadora ya presentaba lesiones derivadas de un accidente anterior.

“La aseguradora pretendía desvincular el segundo accidente de la incapacidad permanente y reducir considerablemente la indemnización. Nuestra posición fue basada en que la existencia de patologías previas no puede servir, por sí sola, para excluir la responsabilidad por las consecuencias de un nuevo accidente, en especial cuando éste se produce precisamente por no haber adaptado el trabajo a unas limitaciones que el empleador (SESPA) conocía. La sentencia acoge esta interpretación, valorando que la trabajadora había podido reincorporarse tras el primer accidente y que fue después del segundo cuando se consolidó el cuadro clínico que determinó su incapacidad permanente”.

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