RD-Ley 39/2026: ¿nuevo escenario para la nulidad de los despidos por la garantía de indemnidad?
La normativa está provocando ríos de tinta y una de las cuestiones de las que se está hablando es sobre la nulidad de los despidos por la vía de la garantía de indemnidad, ¿hasta qué punto cambia el escenario?
(Imagen: E&J)
RD-Ley 39/2026: ¿nuevo escenario para la nulidad de los despidos por la garantía de indemnidad?
La normativa está provocando ríos de tinta y una de las cuestiones de las que se está hablando es sobre la nulidad de los despidos por la vía de la garantía de indemnidad, ¿hasta qué punto cambia el escenario?
(Imagen: E&J)
El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, por el que España realiza la trasposición de la Directiva retributiva (fuera de plazo, por cierto) está provocando un tsunami en el ámbito laboral y de recursos humanos por las medidas que contiene. Y uno de los focos de atención mediática está siendo el tema de la nulidad de los despidos por la vía de la vulneración de la garantía de indemnidad.
La garantía de indemnidad se basa en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.
En diversos medios se ha publicado que, por primera vez, con el RD-Ley 39/2026 se incorpora en la normativa la garantía de indemnidad y esto es erróneo. La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, en su artículo 12.3 ya establece expresamente esta cuestión:
“3. Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación conducente al ejercicio de sus derechos de defensa”.
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Además, en su Disposición adicional tercera se regula expresamente la “Protección de la garantía de indemnidad de las personas trabajadoras”.
En concreto, con la siguiente dicción:
- Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales.
- Dicha protección se extiende al cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que presten servicios en la misma empresa, aun cuando éstos no hubieran realizado la actuación conducente al ejercicio de sus derechos.
Y a esto hay que sumarle que, al margen de la normativa, es amplísima la jurisprudencia que tenemos del Tribunal Supremo sobre al alcance y aplicación de la garantía de indemnidad y cuándo debe declararse la nulidad del despido.

(Imagen: E&J)
Ahora bien, lo que sí es cierto es que el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, incorpora de forma expresa al ET la garantía de indemnidad.
En concreto, se da una nueva redacción al art. 4.2.h del ET y se modifica también el párrafo segundo del artículo 17.1 del ET para declarar la nulidad de las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción frente a una reclamación extrajudicial o del ejercicio de acciones administrativas o judiciales en defensa de los derechos laborales. En concreto, con esta redacción:
| REDACCIÓN ANTERIOR (Art. 17.1 del ET) | NUEVA REDACCIÓN (desde el 19/11/2026) |
| Artículo 4.2.h del ET
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
“h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo”
(NOTA: la letra h pasa a ser la letra i desde el 19 de noviembre de 2026) |
Artículo 4.2.h del ET
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
«h) A no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia como consecuencia del ejercicio o reclamación de sus derechos laborales, incluida la formulación de reclamaciones ante la empresa o el ejercicio de acciones o la iniciación de procedimientos administrativos o judiciales dirigidos a exigir su cumplimiento, ya sea directamente o a través de la representación legal de las personas trabajadoras.
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Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.
Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
El incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos del artículo 62.2 de la misma norma.
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El apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue:
«1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.
Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones adoptadas por la empresa que supongan un trato desfavorable para las personas trabajadoras como consecuencia de una reclamación formulada ante la empresa o del ejercicio de una acción administrativa o judicial dirigida a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.
El incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos del artículo 62.2 de la misma norma.»
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Además, se crea una nueva infracción en el 8.12 bis de la LISOS, para tipificar como muy grave las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial efectuada por la persona trabajadora en el ejercicio de sus derechos laborales, dando así reflejo sancionador a la garantía de indemnidad introducida en los artículos 4.2.h) y 17.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

(Imagen: E&J)
Garantía de indemnidad. Jurisprudencia del TC y del TS
La jurisprudencia más reciente tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo en torno a la garantía de indemnidad ha reforzado la protección de las personas trabajadoras.
La sentencia del Constitucional de 9 de septiembre de 2025
El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre el alcance de la garantía de indemnidad (STC de 9 de septiembre de 2025, estima el recurso interpuesto por un trabajador), sentenciando que formular una reclamación a la representación legal de los trabajadores (RLT) activa la garantía de indemnidad.
Se declara que se ha vulnerado el derecho fundamental del trabajador en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de la garantía de indemnidad (estima el TC el recurso interpuesto por un trabajador).
Entiende el TC que cabe contemplar dentro del ámbito de protección constitucional de la garantía de indemnidad, no solo las actuaciones que implican el efectivo ejercicio de las acciones legales ante los órganos judiciales o de aquellos actos previos que la normativa exija o establezca potestativamente para el acceso a los mismos, sino también las actuaciones previas o preparatorias a estas que responden a la lógica y conveniencia de una actividad encaminadas a la defensa de los intereses o derechos que el trabajador considere legítimos en evitación de un procedimiento judicial y que pudieran desembocar en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en caso de no ser atendidas sus pretensiones.
Y entiende el TC que en el caso concreto enjuiciado (un supuesto de reclamaciones de los trabajadores ante su representación legal en las empresas), en pretensión de que desarrollen una función de intermediación con el empleador dentro de su labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral reconocida en el art. 64.7 a) 1 LET, tiene las características necesarias, ya apreciadas por la jurisprudencia constitucional en relación con otras actuaciones previas al efectivo ejercicio de acciones legales ante los órganos judiciales, para ser susceptible de recibir la protección constitucional de la garantía de indemnidad.
Valoración: es cierto que ahora (RD-Ley 39/2026) se recoge expresamente en el art. 4.2.h del ET la protección cuando se reclamen derechos laborales ya sea directamente o a través de la representación legal de las personas trabajadoras, pero el TC ya se había pronunciado al respecto.

(Imagen: TC)
La STS de 23 de junio de 2026
En esta sentencia se declara nulo (se ratifica la declaración de nulidad) el despido disciplinario por vulneración de la garantía de indemnidad de una trabajadora que se negó a realizar horas extras. La trabajadora aportó una grabación que reflejaba que había declinado realizar esas horas extras.
El TS realiza un repaso por la jurisprudencia en torno a la garantía de indemnidad y declara nulo el despido.
La trabajadora acreditó (una conversación grabada) que hubo una conversación con la empresa en la que el empresario «quería convencerla» de que convendría que hiciera algunas horas los sábados.
Aunque el TS razona que “una reclamación interna o una disconformidad con la decisión empresarial puede estar protegida, pero debe tener densidad jurídica suficiente, no bastando el mero malestar, una protesta genérica o una conversación ambigua”, en este caso ha quedado acreditado un indicio suficiente de vulneración de la garantía de indemnidad.
Como regla general, “recuerda” el TS en esta sentencia, las reclamaciones internas en el seno de la empresa no activan la garantía de indemnidad. Pero si un trabajador efectúa una reclamación interna e inmediatamente después es despedido, sin que la empresa acredite la existencia de incumplimientos que justifiquen la extinción contractual, “debemos concluir que la imposibilidad de formular la reclamación judicial con anterioridad al despido es imputable únicamente al empresario, por lo que, en ese concreto contexto temporal, opera como un indicio de la vulneración de la garantía de indemnidad que obliga al empleador a acreditar que el despido ha sido ajeno a la violación del derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución. Al no haberlo hecho, debemos concluir que el despido enjuiciado vulneró la garantía de indemnidad del demandante, por lo que debe declararse nulo”.
Y en el caso concreto aquí enjuiciado, con esa conversación el empresario buscaba convencer a la trabajadora —sin conseguirlo— de que debía hacer horas los sábados, esto es, pretendía imponer una obligación de nuevo cuño a su tarea.
Además, el nexo temporal es también de cierta relevancia por la proximidad de la decisión extintiva a la negativa deducida de la trabajadora a esas horas de sábado.
Por ello, se ratifica lo sentenciado por el TSJ (despido nulo) “Asistimos a un indicio suficiente de vulneración de la garantía de indemnidad, y por ende se produce esa especial distribución de la carga probatoria que ya hemos explicado y que la empresa no consiguió salvar, pues simplemente reconoció la improcedencia del despido, sin más, y sin que se haya aportado indicio alguno de que dicho despido disciplinario respondiera a una causa real”.

(Imagen: Poder Judicial)
Conclusiones: ¿cambia realmente el escenario?
Por un lado, es cierto que se introduce de forma expresa en el Estatuto de los Trabajadores la garantía de indemnidad. Ahora bien, ¿significa esto que se haya reforzado la nulidad del despido?
En mi opinión personal, aunque por supuesto, veremos a ver a futuro el “aterrizaje” en los tribunales de la nueva redacción incorporada al ET, lo cierto es que el panorama en torno al despido por vulneración de la garantía de indemnidad no creo que vaya a cambiar radicalmente respecto de lo que ya tenemos si lo vemos:
- De la mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en la materia.
- Teniendo en cuenta que no se ha modificado ni la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) ni tampoco los artículos del ET que regulan las causas de nulidad del despido (tanto objetivo como disciplinario).
- Lo ya establecido en el art. 12.3 de la LO 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa. Es más, la LO del Derecho de Defensa tiene una redacción especialmente amplia porque, además de la regulación de la protección, extiende de forma expresa la protección (aunque ya teníamos sentencias que así lo venían reconociendo) al cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que presten servicios en la misma empresa, aun cuando éstos no hubieran realizado la actuación conducente al ejercicio de sus derechos.
No obstante, por supuesto, será un tema que deberemos seguir de cerca en la jurisdicción social.

(Imagen: E&J)
Normativa y jurisprudencia
Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa
Constitución Española. Art. 24
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 23 de junio de 2026. N.º de Resolución: 562/2026. N.º Recurso: 2521/2025
Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de septiembre 2025. Sentencia 148/2025, de 9 de septiembre, ECLI:ES:TC:2025:148


