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Grant Thornton: una nueva Directiva acercará la filosofía del Compliance a las pymes españolas

Redactora de Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 3 min

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La trasposición definitiva en España de la comúnmente conocida como directiva que desarrolla los canales de denuncias (o Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión), se producirá automáticamente el próximo 17 de diciembre de 2021.

La nueva norma afectará tanto a entidades privadas (de más de 50 trabajadores) como a entidades del sector público, alertaron los socios y profesionales de Grant Thornton en un webinar organizado sobre la materia por Foment del Treball.



El socio director de Legal de Grant Thornton, Álvaro Rodríguez, destacó que la nueva Directiva facilitará, gracias al impulso de herramientas tecnológicas y de manejo de datos, la implantación de “nuevos sistemas de Compliance que reforzarán y mejorarán los controles”, de manera que ayuden a la prevención, detección y corrección en tiempo real de los riesgos e infracciones cuya denuncia es objeto de protección.

Sede de Grant Thornton en Delhi (FUENTE: Archello)

“Estos sistemas fomentarán una mayor confianza en el mercado y en los stakeholders, por lo que es una herramienta esencial y en la que debemos confiar”, agregó el socio director de Legal.

Proteger al denunciante

El verdadero espíritu de la norma europea es poder contar con una estructura que asegure y garantice la protección de los denunciantes de irregularidades. Así, tal y como ha subrayado Ignacio Ripol, director adscrito al área de Compliance de Grant Thornton, la transposición de la Directiva “supone un cambio de paradigma en la gestión de riesgos en la empresa, ya que protege a aquellas personas que denuncien irregularidades”.

La norma comunitaria “pone de relieve la importancia de estas denuncias, que permiten la detección temprana y que son el instrumento eficaz contra las infracciones”, expuso el director adscrito al área de Compliance.

En el webinar se ha reconocido que el conocimiento y posterior investigación de los grandes casos de corrupción reciente en nuestro país, se deben gracias a las denuncias internas. Por ejemplo, el Caso Gürtel o EREs en Andalucía nacieron de denuncias que, sin embargo, tuvieron consecuencias negativas para quienes las interpusieron. De hecho, los datos del Eurobarómetro reflejan que un 81% de los encuestados aseguran que si tuvieran conocimiento de una irregularidad no lo denunciarían por miedo a represalias.

Papel de las pymes

Como ya hemos avisado al inicio, a pesar de que la norma solo obliga a implantar canales de denuncia a aquellas organizaciones con más de 50 trabajadores, Ripol anuncia que “se está barajando la posibilidad de bajar esta obligatoriedad a empresas a partir de 25 empleados”.

Por su parte, Joan Saula, socio de Legal de Grant Thornton ha hecho hincapié en subrayar que la nueva Directiva acercará la filosofía del Compliance a las pymes que son quienes no disponen de una estructura propia para la vigilancia interna de situaciones irregulares y que, además, son aquellas que ven el riesgo penal como algo alejado a su actividad.

“Se trata de una normativa especialmente interesante en una cultura empresarial como la española, en la que nuestro tejido productivo está mayoritariamente compuesto por pymes”, manifestó el socio de Legal.

El canal de denuncias es una herramienta que se puede gestionar de dos formas: internamente o delegada en terceros. En relación  a esta última práctica, los expertos de Grant Thornton trabajan a día de hoy en una novedosa herramienta tecnológica para aquellas empresas que no tengan una estructura donde  implantar el procedimiento de forma interna.

El canal de denuncias como mecanismo de seguridad interna

“La nueva norma establece los mecanismos necesarios para eliminar los principales riesgos: el temor a la represalia, la desconfianza respecto a su efectividad y el desconocimiento de cómo funciona”, anuncia Saula.

Será necesaria “una mínima formación a todo el personal respecto a cómo se utiliza, para qué sirve y qué representa un canal de denuncias para la organización”, advierte el socio de Legal.

Por último, concluyendo el webinar, Saula ha destacado que el objetivo de la normativa europea es que “se establezca un sistema más allá de la prevención del delito, que investigue cualquier conducta irregular ya sea respecto a la vulneración del código ético, de los reglamentos internos o incluso de la confianza de la compañía con el trabajador, y por supuesto conductas como el acoso psicológico, el acoso físico o la discriminación que puedan producirse entre compañeros”.

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