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LABE Abogados prestará sus servicios jurídicos en el Ayuntamiento de Madrid

Redactora de Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 2 min

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  • La firma de abogados se encargará de prestar sus servicios en materia de extranjería, homofobia, transforma, racismo y xenofobia


El Ayuntamiento de Madrid cambia su gestión jurídica de la que hasta día de hoy se encargaba el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), pasa a estar dirigido por LABE Abogados, debido a su victoria en los concursos públicos.

“Mejorar la calidad del servicio prestado, siendo éste un servicio de gran necesidad por las personas residentes en el municipio de Madrid”, declara Daniel Burón, Director del departamento jurídico de LABE Abogados.



LABE Abogados, ganó el concurso público ofrecido por el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de  mejorar la forma en la que se venía prestando el servicio a las personas residentes en Madrid. La Justicia amparó el concurso y las bases sobre las que se sustentaba, dejando establecido que la firma de abogados se encargaría del Servicio público de Orientación Jurídica (SOJ).

“Sin duda, gracias a nuestra notoria experiencia, gran profesionalidad y a la eficiencia que podemos encontrar en el funcionamiento de la firma, no tenemos duda de que no sólo cumpliremos las expectativas, sino que las mejoraremos”, señala Daniel Burón.

El Servicio de Orientación Jurídica en materia de Extranjería, Homofobia, Transfobia, Racismo y Xenofobia (SOJEM) ha sido adjudicado recientemente a LABE Abogados de la misma forma que ocurrió con SOJ.

Con ello, se trata de un cambio de paradigma que sienta las bases para el posterior desarrollo de ciertos servicios públicos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español dos Directivas europeas

Tanto el Tribunal Administrativo de Contratación Pública como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, han afirmado “este tipo de servicios habrán de adjudicarse, mediante concurso público”, es decir, con el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

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