Fiscalistas consideran que la «singularidad fiscal de Cataluña» supondrá la ruptura de la caja única

El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017.

Además, el acuerdo reconoce la «singularidad fiscal de Cataluña», que facilitará la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Con ello, Cataluña aspira a romper la caja común y a asumir la recaudación de 50.000 millones de euros en Impuestos estatales, además de los que ya gestiona. En total: 49.435 millones repartidos en IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales, además de otra decena de figuras, aunque las primeras son las más importantes.

En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, el acuerdo pactado y firmado el pasado jueves recoge que Junts propondrá de entrada una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), basada en el establecimiento de una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en esta comunidad.

Por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación. La cuestión principal aquí es que el cambio de la LOFCA plantea un conflicto con la Constitución Española, según apuntan a este diario los expertos consultados al respecto.

Los inspectores de Hacienda, en contra

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) -como representante de un colectivo superior de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE)- en su obligación de defensa del interés general amparado en el artículo 103 de la Constitución y en defensa del Estado de Derecho -al que están sometidos todos los ciudadanos- señalan el rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España.

Para Ana de la Herrán, su presidenta, entre esos acuerdos se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera.

(Imagen: IHE)

Bajo el reconocimiento de una singularidad histórica, que no queda amparada en la Norma Fundamental, se reivindica la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña, exigiendo que el PSOE adopte las medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión del actual modelo de financiación de dicha comunidad autónoma, que actualmente se recoge en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Desde este colectivo se indica, además, que la exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña. En este sentido, consideran que se verían «grave y directamente afectados, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE».

Esta situación implica, sin lugar a duda, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución; permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna.

Lo anterior se produce en el marco de unos acuerdos que sirven de contrapartida a los votos que, determinadas formaciones políticas, le otorgarían al candidato con la finalidad de ser investido como presidente del Gobierno. Por lo que conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de TODOS los españoles; y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio concreto de la Nación.

En consecuencia, desde IHE se hace un llamamiento urgente a la recuperación de la racionalidad, del sentido común, de los principios que inspiran nuestro régimen constitucional y de la búsqueda de consensos políticos estables que logren la unidad, se alejen de la confrontación y representen, en última instancia, a la gran mayoría de la Nación española.

Un trato singular inconstitucional

Por su parte, Eduardo Gracia, socio responsable de la práctica fiscal en territorio EMEA de Ashurst, destaca que “el documento que han firmado PSOE y Junts deja claro que esta medida del cupo catalán es otra iniciativa para que Pedro Sánchez se mantenga en el Gobierno. No hay excusas para que el PSOE diga que no está de acuerdo cuando lo incluye en este acuerdo de investidura de forma clara”.

Desde ese punto de vista, añade, “estamos ante unas peticiones de máximos de Junts a nivel fiscal. Lo que quieren -y ahí es donde está la inconstitucionalidad de la iniciativa- es un trato singular financiero basado en las peculiaridades del sistema financiero catalán, lo que no es excusa para ponerlo en marcha, ya que no lo prevé la Constitución”.

Para este jurista, dicho trato singular en la financiación económica se concreta en otro cupo como el vasco y el navarro. «Si están pidiendo esto es porque van a aportar menos a la caja común y se van a quedar con una mayor parte de lo que se genera en Cataluña, sino no lo pedirían. Al final quieren que ese trato singular se convierta en un privilegio”.

(Imagen: Ashurst)

Nuestro interlocutor destaca que “esta propuesta no quiere defender un sistema federal  y competitivo. De hacerlo no dirían que quieren ese trato singular a Cataluña, dirían que se propugna un sistema federal. Ellos tendrían derecho a quedarse con todo lo que generan y, después, a aportar su cupo al Estado. Pero no es eso. Van a lo suyo, lo que hace que no sea constitucional”.

Respecto a esa cuestión, Gracia recuerda que “la Constitución sólo permite el cupo para vascos y navarros si todas las CCAA  y el Estado se ponen de acuerdo en crear un sistema federal y competitivo, donde cada CCAA decida sobre sus impuestos y decida aportar una parte a la caja común. Eso sí sería constitucional porque habría igualdad. Pero ese trato singular que quieren que sea privilegiado en favor de un territorio sería otro cupo”.

Al final de lo que se trataría es de que “el Estado cede a Cataluña toda la capacidad de legislación tributaria, toda la capacidad de gestión y toda la recaudación y, por su parte, Cataluña le devuelve al Estado un cupo que habría que negociarlo y cuantificarlo cada cierto tiempo. Esto supondría una reforma de la LOFCA, normativa de financiación autonómica de las CCAA reconociendo la singularidad de Cataluña”.

Esta situación supondría, en consecuencia, la cesión de todos los impuestos. «Ellos legislan y los impuestos directos e indirectos no armonizados tendrían más capacidad de acción que en el propio IVA. Pasarían a ser autónomos financieramente, con la obligación de pagar al Estado el cupo correspondiente. Así se quedarían con más impuestos que otros”.

Desde esta perspectiva, este jurista sigue las tesis de otros expertos como Ángel de la Fuente al declarar que “si se crea el cupo catalán no habría argumentos para crear otros cupos en otras CCAA como Madrid o Baleares, por ejemplo. Por eso el cupo catalán es inconstitucional, porque afecta completamente al principio de igualdad de los españoles. Está pensando para ayudar a las CCAA  lo que hará que afecte a la capacidad de financiación de nuestro Estado de Bienestar”.

Es una cuestión política, sobre todo

Por su parte, Stella Raventos, abogada experta en temas fiscales, a título personal considera que “estamos ante un acuerdo político que debería luego plasmarse en una serie de leyes. Aquí habría que diferenciar si lo que se cede es la gestión de los impuestos, como ocurre en el País Vasco y Navarra, o si se cede la recaudación. Las consecuencias serían diferentes y los requisitos son muy distintos”.

En el caso que se cediera la recaudación,  no sería necesario cambiar la Disposición Primera de la Constitución que se refiere al País Vasco o Navarra, sino las leyes de financiación de las CCAA, la LOFCA y siguientes, como la que la desarrolla del 2009”. Por ello, si se cediera la gestión “se tra

(Imagen: Cesión propia)

taría de convertir la actual Agencia Tributaria Catalana en las actuales Diputaciones Forales, ahí hay que modificar más cosas y aumentar la capacidad de esta entidad”.

Esta jurista, asimismo, recuerda que el cupo vasco está regulado de una forma legal “la base de su cálculo sí que viene establecida y tiene en consideración el llamado índice de imputación que dura cada cinco años para no negociar año tras año, aunque cada año se negocia los ajustes. Ese índice de imputación se corresponde por gastos asumidos por el Estado y que benefician a los ciudadanos de estas CCAA. Se fija en el 6,24”.

A partir de ahí, “el País Vasco contribuye a los gastos del Estado. Este índice de imputación no ha cambiado en muchos años, pero lo nuevo hay que ajustarlo porque hay tributos cedidos, tributos no cedidos y tributos como el IVA que es bastante más complicado de calcular; las importaciones las recauda el Estado”.

A este respecto recuerda que cada año “una Comisión mixta formada por estas CCAA y el Estado ajusta el cupo inicial. Y ese ajuste es un ajuste político que se negocia entre ambas partes”.

En este caso, la idea es crear un cupo catalán parecido al existente, como “una cuestión política que necesitará de cambios legislativos importantes. No obstante, la Agencia Catalana tendrá que desarrollarse y necesitará un trasvase de funcionarios porque tal y como está solo puede gestionar algunos tributos que están cedidos, como el impuesto de sucesiones o el ITP, entre otros que ya se liquidan en dicha entidad”.

Desde su punto de vista, “este cupo catalán podría generar un efecto rebote en otras CCAA . Todo depende del poder político que tengan dichas Comunidades. Ya no es una cuestión técnica. Se trata de que el partido que esté en el Gobierno lo pueda dar”.  Al mismo tiempo, la medida podría acabar en el Tribunal Constitucional por discriminatorio. “Estamos ante una reversión del sistema de 1978, también a nivel fiscal”.

Una patada hacia adelante

Javier Morera, socio de fiscal de Broseta, opina que la medida de desarrollar un cupo catalán apunta a crear una mesa de partidos donde se va a hablar de ese posible concierto catalán. “Políticamente es importante. Empezar esas conversaciones con los independentistas sin contar con el PP es plantearse reformas inconstitucionales por la puerta de atrás”.

Desde el punto de vista jurídico, habla de que “es un acuerdo entre partidos en el que se manifiesta que uno de ellos no está de acuerdo con lo que dice la otra formación política y que comenzarán a hablar de ellos. Es una hoja de ruta en la que tendrá que haber acuerdo entre estas dos formaciones políticas”.

Al mismo tiempo, este jurista cree que “tendrá que ir al Parlamento y cualquier esquema que sea similar y suponga que ese cupo catalán se puede hacer de dos maneras. Una por el derecho, que necesitaría una modificación constitucional y que ahora es difícil que salga porque exige mayorías reforzadas y es difícil que prospere si dejan al PP”.

(Imagen: Broseta)

Otra cuestión, “que es lo que mas nos preocupa, es que desde hace tiempo estamos viendo una construcción o reforma del marco constitucional por la puerta de atrás. Esto viene ya ocurriendo desde hace meses y años. Esto podría ser otro intento”.

Morera considera, también, que el Estatut del 2006 ya “intentó una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, dejando fuera al partido de la oposición. Ahora, esto se revive y ya no solo toca al Estatut, sino que pone sobre la mesa el concepto del cupo catalán. Sería preocupante que se pudiera hacer de forma irregular sólo estableciendo algunos mecanismos bilaterales”.

A su juicio, cree que «sería tumbado en el Tribunal Constitucional este tipo de maniobras sin seguir los trámites parlamentarios y sabiendo que están en juego los principios de la obligación de contribuir y el principio de igualdad. Los únicos cupos que existen en estos momentos son los forales navarros y el cupo vasco con su convenio. Salir de ahí no debería prosperar en ningún caso, pese a que vamos a nuevas interpretaciones del derecho constitucional, sin reformas de la Constitución”.

Para este jurista “en principio ahora no deberíamos preocuparnos por ello aunque se abra otra puerta a una deriva sin consensos si se reforma la Constitución de forma irregular.  No olvidemos que puede generar un efecto dominó y que lo pidan otras CCAA como Madrid o Baleares. Es una patada adelante, habrá que ver si esta mesa de diálogo arranca. La CCAA catalana no es la peor financiada en estos momentos”.