El ‘caso Zapatero’ reabre un debate incómodo: ¿pueden los magistrados retrasar actuaciones por razones electorales? ¿Implica eso actuar fuera de la ley?

Dentro de la Justicia: quién decide cuándo debe actuar el Estado y hasta qué punto los tribunales pueden modular el impacto político de una investigación

Las informaciones conocidas en los últimos días sobre el supuesto retraso deliberado de una operación judicial relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero para evitar su coincidencia con las elecciones andaluzas han vuelto a abrir un debate profundamente incómodo para el Estado de derecho: ¿puede un juez o magistrado decidir cuándo conviene políticamente ejecutar una investigación?

La cuestión trasciende por completo el caso concreto. El verdadero problema no es si existían o no indicios suficientes, ni siquiera si la operación acabará teniendo recorrido penal; el núcleo del debate jurídico e institucional es otro: qué legitimidad tiene el poder judicial para alterar los tiempos naturales de una causa por razones de oportunidad política o electoral. Y, sobre todo, si existe algún respaldo legal para ello.

La gran pregunta: ¿Qué norma permite retrasar una operación por unas elecciones?

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la respuesta no parece sencilla.

Ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial contienen una habilitación expresa que permita a jueces o magistrados suspender, retrasar o modular actuaciones judiciales por la mera existencia de un proceso electoral.

La instrucción penal se rige, al menos teóricamente, por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, las diligencias deben practicarse cuando resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en el momento procesal oportuno.

(Imagen: E&J)

El calendario electoral no constituye un criterio jurídico autónomo y es en este punto donde surge la gran contradicción institucional, pues si bien no existe formalmente una regulación sobre este tipo de decisiones, en la práctica española se aplica desde hace décadas una suerte de «prudencia electoral no escrita» en determinadas investigaciones sensibles.

Esta práctica no es nueva y lo sucedido en este caso recuerda, inevitablemente, a otros episodios de enorme impacto político ocurridos tanto con gobiernos del PSOE como del PP.

En distintos momentos de la historia reciente española se ha acusado a jueces, fiscales, policías o unidades de investigación de acelerar o ralentizar determinadas actuaciones para evitar influir en campañas electorales o alterar equilibrios políticos delicados.

A veces las críticas han llegado desde la izquierda, denunciando lawfare, y otras veces desde la derecha, denunciando «persecución política»; pero el patrón suele repetirse: investigaciones que parecen acompasarse con el calendario político, lo que evidencia un problema estructural.Porque si las actuaciones judiciales se retrasan deliberadamente para no influir en unas elecciones, implícitamente se está admitiendo algo enormemente delicado: que sí pueden influir en ellas.

El riesgo de convertir a la Justicia en actor político

La cuestión es especialmente sensible porque el Poder Judicial carece de legitimación democrática directa. Precisamente por eso, el sistema exige que su actuación esté sometida estrictamente al principio de legalidad y no a criterios de oportunidad política.

Cuando un juez decide el momento exacto en que una operación debe producirse valorando sus posibles consecuencias electorales, inevitablemente aparece una duda incómoda: ¿sigue actuando únicamente como juez o está entrando parcialmente en el terreno de la estrategia institucional?

El problema no es solo jurídico, es también democrático, porque en un sistema constitucional el ciudadano debe poder confiar en que las investigaciones penales avanzan según criterios procesales y probatorios, no según cálculos políticos sobre cuándo conviene o no generar un impacto público.

(Imagen: E&J)

La neutralidad judicial también puede convertirse en intervención y, de hecho, lo es. Por ello, entendemos que, mientras no haya una regulación específica sobre esta materia, no debería haber retrasos por razones electorales; el ciudadano tiene discernimiento y capacidad para decidir en función de los hechos en cada momento, y no necesita que nadie le dicte cuándo debe conocer una noticia, porque, de lo contrario, se está vulnerando, o se puede vulnerar, la democracia.

Paradójicamente, intentar «no interferir» puede terminar siendo otra forma de interferencia: retrasar una actuación para proteger la neutralidad electoral implica alterar artificialmente el curso ordinario de una investigación. Es decir, la Justicia deja de comportarse de manera completamente ajena al calendario político y empieza a tenerlo en cuenta, lo que abre una peligrosa zona gris.

Si hoy se justifica retrasar una operación para no perjudicar a un partido durante una campaña, mañana podría argumentarse lo contrario: adelantar actuaciones alegando destrucción de pruebas, riesgo de fuga o interés público inmediato. El problema es que, sin una regulación clara, todo queda entregado a decisiones discrecionales difícilmente fiscalizables.

Los defensores de este tipo de decisiones suelen invocar razones de prudencia institucional. Argumentan que determinadas operaciones policiales o judiciales pueden alterar gravemente el debate democrático y que los tribunales deben evitar convertirse, involuntariamente, en protagonistas de una campaña electoral.

Sin embargo, el problema es evidente: esa prudencia carece muchas veces de una cobertura normativa expresa; y en Derecho, especialmente cuando hablamos del ejercicio del poder público, la ausencia de regulación nunca es una cuestión menor, puesto que los jueces no están llamados a decidir qué momento político resulta más conveniente para ejecutar una investigación, sino a aplicar la ley conforme a criterios estrictamente jurídicos.

(Imagen: E&J)

El peligro para la confianza ciudadana

La consecuencia más preocupante de este fenómeno quizá no sea política, sino institucional. Cada vez que trasciende que una operación se adelantó o retrasó por razones electorales, aumenta la percepción de que la Justicia forma parte del tablero político, lo que erosiona gravemente la confianza ciudadana en la independencia judicial.

Da igual que la intención fuera proteger la neutralidad democrática; el efecto social suele ser el contrario: la sensación de que existe una gestión estratégica de los tiempos judiciales. En una sociedad cada vez más polarizada, esa percepción resulta especialmente peligrosa.

Este es un debate que el legislador nunca ha querido abordar. De hecho, lo más llamativo es que el legislador español jamás ha querido regular expresamente este problema; no existe un protocolo claro sobre cómo deben actuar jueces, fiscales o fuerzas policiales ante investigaciones con un enorme impacto político en plena campaña electoral.

Todo queda confiado a criterios informales, a la prudencia institucional y a decisiones caso por caso, sin respetar al ciudadano y considerándolo un ser todavía no preparado para recibir la información en el momento en que se genera; como si fuera un ser inferior y, por ello, fuese el poder el que decide en qué momento debe administrarse la dosis del medicamento.

Precisamente por eso siguen apareciendo sospechas, acusaciones cruzadas y debates recurrentes sobre la utilización política de la Justicia.

El caso relacionado con Zapatero vuelve a poner sobre la mesa una cuestión profundamente incómoda para el Estado de derecho: ¿quién controla los tiempos de la Justicia y con qué límites? Porque tan problemático puede resultar utilizar una investigación para influir políticamente como retrasarla deliberadamente para evitar ese impacto; entre ambos extremos existe una zona gris jurídicamente muy poco definida.

La gran pregunta sigue abierta: si no existe una norma que habilite expresamente a jueces o magistrados para modular investigaciones según el calendario electoral, ¿hasta dónde llega realmente esa capacidad de «prudencia institucional»?

En una democracia madura, probablemente el verdadero desafío no sea solo garantizar la independencia judicial, sino también asegurar que esa independencia no termine percibiéndose como una forma indirecta de intervención política.