El fiscal general del Estado reclama una reforma del sistema penal que permita a los fiscales asumir la dirección de la investigación

El fiscal general del Estado, Álvaro García ha urgido al legislador a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la dirección de la investigación. “Cuarenta años después de que el legislador definiera el modelo propuesto por la Constitución para la configuración del Ministerio Fiscal en España, la Fiscalía está abierta a cambios y a asumir retos y responsabilidades. No nos inquieta cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal General”, ha afirmado García durante su intervención en el acto de apertura del año judicial.

Enmarcado en “una reforma sustancial de la justicia”, el cambio de modelo procesal reivindicado por los fiscales nos igualaría a la gran mayoría de países de nuestro entorno. Es “un modelo con el que venimos trabajando eficazmente en la jurisdicción de menores, demostrando desde hace más 20 años nuestra capacidad. Un modelo, además, ya vigente en España en los delitos competencia de la Fiscalía Europea”.

García ha apuntado que la LECRIM ha sido reformada en más de 50 ocasiones desde la promulgación de la Constitución. Pero “el progresivo aumento de la litigiosidad, la excesiva dilación de la respuesta penal o la proliferación de una delincuencia más organizada, compleja y sofisticada (…) convierten en necesaria definitivamente una reforma estructural de nuestro sistema de justicia penal. Y ello es imprescindible para dotarlo de una mayor agilidad y eficacia”, ha insistido.

El liderazgo de la investigación penal es reclamado por todas las asociaciones fiscales y hay quien, en la fiscalía señala que el actual es un modelo obsoleto y propio de la inquisición. Fuentes del Ministerio Fiscal dicen esperar que, tras varias intentos fallidos, la reforma se lleve por fin a cabo en la próxima legislatura.

Por lo demás, en su discurso, el fiscal general del Estado ha afirmado que los ataques a su figura no deberían contagiar a la propia carrera. “La acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones”, ha dicho. “La dependencia jerárquica no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación”, añadía.

El fiscal general del Estado, Álvaro García, junto a la ministra de Justicia, Pilar Llop. (Imagen: E&J)

Aumentan las diligencias previas, los procedimientos abreviados y los sumarios

Según la memoria, en 2022 se incoaron 1.497.808 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 2,24% respecto al año anterior. También crecen un 8,6% los procedimientos abreviados incoados y un 16% los procedimientos ordinarios o sumarios. Los juicios leves suponen el 49% de los señalamientos a los que ha asistido el Ministerio Fiscal. Otro dato destacado: el 75% de las sentencias se dictaron con pronunciamientos acordes a las pretensiones del Ministerio Fiscal. Según el fiscal general. “el incremento de sentencias parece reflejar que se han superado los efectos de la crisis sanitaria, con el correlativo aumento de los señalamientos”.

En su intervención, García ha marcado como línea prioritaria la lucha contra la violencia de género. En 2023 ha habido 42 feminicidios consumados y 26 intentados. La cifra de denuncias, sin embargo a descendido hasta el 19% de las víctimas mortales, respecto al 44,9% del año anterior. Desde el año 2009 hasta 2022, en España se han interpuesto más de dos millones de denuncias por violencia contra la mujer. El fiscal también ha alertado del auge de delitos motivados por la LGTBIfobia, que ocupan el primer lugar en las condenas dictadas por delitos de odio y discriminación, seguidos por el racismo y la xenofobia.

La memoria también aborda la vulnerabilidad de las personas extranjeras y las diferentes respuestas jurídicas ante el fenómeno de la migración. “La situación administrativa de irregularidad aboca a la persona extranjera a la marginalidad, a la pobreza y a la exclusión social, lo que propicia que acaben siendo objeto de explotación. Es ilustrativo que el 98% de las víctimas de trata de seres humanos en nuestro país sean extranjeras” o que “de las 50 víctimas de feminicidio en 2022, 14 fuesen extranjeras”. Álvaro García ha destacado también el papel de la Fiscalía en la protección de los menores no acompañados, en situación de desamparo. “Detrás de siglas que los estigmatizan, hay miles de niños y niñas que huyen de realidades de pobreza, miseria, guerra y persecución”. En este sentido, “la memoria alerta del peligro que supone proyectar un aspecto negativo de la diversidad”.