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Actualidad

Es discriminatoria la exigencia del euskera para el acceso al empleo público, reitera la Justicia

Una nueva sentencia vuelve a proteger los derechos fundamentales en el País Vasco

El caso analizado afecta a un policía local que estuvo trabajando como funcionario interino más de 30 años y no se le permitió regularizar su puesto por exigirse el perfil lingüístico. 

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




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Es discriminatoria la exigencia del euskera para el acceso al empleo público, reitera la Justicia

Una nueva sentencia vuelve a proteger los derechos fundamentales en el País Vasco

El caso analizado afecta a un policía local que estuvo trabajando como funcionario interino más de 30 años y no se le permitió regularizar su puesto por exigirse el perfil lingüístico. 



El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia-San Sebastián (País Vasco) ha dictaminado que es discriminatoria la exigencia del euskera para que un policía local, a través de un proceso de estabilización, adquiera la condición de funcionario de carrera.

Así lo ha sentenciado el magistrado-juez Gonzalo Pérez Sanz en una resolución dictada el 18 de abril (93/2024) y notificada hoy, en la que estima parcialmente el recurso interpuesto por un agente de la Policía Local de Éibar contra el proceso selectivo extraordinario que se hizo en 2022 a través de la Ley 20/2021, proceso en el cual no se le permitió regularizar su situación después de llevar trabajando más de 30 años en el Cuerpo. 



Este agente fue auxiliar de la Policía Local entre julio de 1992 y noviembre de 2001; funcionario en prácticas entre noviembre de 2001 y diciembre de 2018 y funcionario interino de enero de 2019 hasta la actualidad.

Recurrió la oferta pública de empleo para el 2022 en relación a las plazas de agente de la Policía Local y la inclusión en dicha oferta de empleo de la plaza que ocupa, ampliado posteriormente a las bases específicas de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración derivado de las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021.



La estimación de la demanda es parcial porque el Juzgado no ha considerado oportuno declarar la nulidad radical del proceso selectivo, con todo lo que conlleva, y ha optado por eximir a este agente del requisito del perfil lingüístico. Si las partes no recurren la sentencia, el afectado tendrá que volver al proceso selectivo, desarrollarlo y ya se verá si la posición final que ocupa en el mismo da lugar a que adquiera la condición de funcionario de carrera.



«Apartheid lingüístico» en el País Vasco

«De nuevo, la Justicia pone coto al apartheid lingüístico que existe en el País Vasco a la hora de acceder a un empleo público», declara a Economist & Jurist el abogado que ha llevado el caso, Francisco Ignacio López Lera.

Francisco Ignacio López Lera está especializado en el ámbito Contencioso-Administrativo y en materia de personal contra las Administraciones públicas. (Imagen: E&J)

«Es totalmente injusto que una persona que haya desarrollado un trabajo durante más de 30 años, en el momento de regularizar su situación se le considere no apto en el proceso selectivo por no acreditar el perfil lingüístico», denuncia este letrado y afirma que «este hecho ocurre en numerosas administraciones locales del País Vasco».

Según informa, también ha presentado una demanda de un caso muy similar a éste que afecta a un docente de música «con más de 25 años de desempeño profesional y de la noche a la mañana se ha quedado sin empleo justo a las puertas de la jubilación».

Este letrado también consiguió la sentencia de la Policía Local de Irún que declaró nulo un proceso selectivo por la misma discriminación y la que concluyó que el Ayuntamiento de San Sebastián discrimina a los funcionarios interinos al estabilizar sus plazas con la exigencia del euskera y declaró nula la base de la convocatoria de la Policía Local. Por defender los derechos de sus clientes, este letrado ha sufrido «una campaña de señalamiento» en el País Vasco, al igual que los jueces que han dictado las sentencias relacionadas con la discriminación a la hora de acceder al empleo público.

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