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Jurisprudencia

El Supremo avala la ley catalana que grava con un impuesto las viviendas vacías

El Alto Tribunal reprocha que en el recurso de la patronal bancaria ésta no haya tenido en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional

Frontal del Tribunal Supremo (Foto: Economist & Jurist)

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Jurisprudencia

El Supremo avala la ley catalana que grava con un impuesto las viviendas vacías

El Alto Tribunal reprocha que en el recurso de la patronal bancaria ésta no haya tenido en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional

Frontal del Tribunal Supremo (Foto: Economist & Jurist)



El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Española de Banca (AEB) contra el Decreto 183/2016, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre viviendas vacías de Cataluña.



En julio de 2015, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó esta Ley, que permitía a la comunidad cobrar un impuesto sobre las viviendas vacías. Un impuesto destinado a gravar las viviendas de entidades financieras y empresas inmobiliarias con excedentes de pisos que lleven más de dos años sin estar habitados. El objetivo del impuesto, según el Gobierno catalán, era reducir el número de viviendas vacías y potenciar el alquiler social.

El Alto Tribunal, que entiende que el precepto no vulnera principios constitucionales, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña el 17 de diciembre de 2019, al no apreciar que la regulación del impuesto vulnere los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.



Plano general de la fachada de la Generalitat de Cataluña. (Foto: Viator)



En el recurso interpuesto en su día ante el TSJ de Cataluña, la AEB argumentaba que la norma aprobada por el Gobierno catalán vulnera el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) y la competencia estatal dimanante del artículo 149.1.13 de la Constitución Española. Además, señalaba que vulnera el principio de igualdad, la ausencia de carácter extrafiscal y vulneración de la capacidad económica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Entendía, asimismo, que “la incorrecta configuración de la naturaleza del impuesto que en realidad es de naturaleza sancionadora, la vulneración de los artículos 17, 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la incidencia en la unidad de mercado”.

Jurisprudencia del Constitucional

En su fallo, el TSJ recordaba varias sentencias del Tribunal Constitucional que le sirvieron de base para desmontar uno a uno los argumentos esgrimidos por la patronal bancaria. Según la sentencia 17/1/2019 (recurso de inconstitucionalidad 2255/16) «entre el impuesto sobre las viviendas vacías y el IBI se aprecian diferencias sustanciales, que llevan a concluir que no estamos ante tributos ‘coincidentes’ (STC 210/2012) ni ‘equivalentes’ (STC 53/2014) a efectos del artículo 6.3 de la LOFCA».

Además, los magistrados del TSJ recordaban que “en el presente caso es claro que la creación de tributos propios está reconocida en el art. 202.3 del Estatuto de Autonomía así como la competencia de le Generalitat de Catalunya en materia de vivienda que se recoge en el artículo 137 del mismo, por lo que por la vía de la interpretación amplía de lo que son las bases de la planificación económica, no puede dejarse sin contenido dicha competencia”. “Tampoco aparece la pretendida vulneración de la competencia del Estado del artículo 149.1.1 (la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales), señala el tribunal.

Imagen de Barcelona. (Foto: Creative Commons)

Ahora, en la sentencia emitida por el Supremo, los magistrados indican que la estructura impositiva del impuesto no desvirtúa su finalidad extrafiscal y no representa una selección arbitraria del sujeto pasivo, desconectada de la legítima finalidad extrafiscal del tributo. Entiende el Supremo que configura un sistema de determinación de la base imponible, y de la cuota, a través de los diversos criterios ya examinados, que no vulnera el principio de capacidad económica (artículo 31.1 de la Constitución Española), ni resulta arbitrario (artículo 9.3 Constitución Española), pues responde al ámbito legítimo del ejercicio de la potestad tributaria del legislador autonómico.

La Sala III del Tribunal Supremo indica, además, que «no deja de sorprender que el escrito de interposición de la parte actora y recurrente orille por completo, como si no existieran, el examen de las dos sentencias del Tribunal Constitucional que han desestimado sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos» contra la Ley 14/22015, de Cataluña, del citado impuesto.

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