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Jurisprudencia

Las licencias turísticas, acechadas por la Justicia

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 17 personas por la tramitación fraudulenta de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella

(Foto: E&J)


Jurisprudencia

Las licencias turísticas, acechadas por la Justicia

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 17 personas por la tramitación fraudulenta de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella

(Foto: E&J)



La Sección 10 de la Audiencia Provincial (AP) de Barcelona ha condenado a diecisiete personas por delitos de cohecho, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental tras haber tramitado entre los años 2005 y 2009 licencias fraudulentas de pisos turísticos en Ciutat Vella.

El caso comenzó a investigarse en 2009 en el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona después de que el Ayuntamiento exigiera esas licencias a raíz de una regulación sobre los pisos turísticos en el distrito, prohibiendo abrir nuevos apartamentos de ese carácter, aunque sí que permitía que siguieran los que ya había si en su defecto tenían una licencia municipal.



La causa llegó a la AP en 2019, correspondiendo su enjuiciamiento y cuyo fallo finalmente ha terminado imponiendo penas entre seis y tres años y medio de prisión, así como penas de multa. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la causa consta de un total de 35.369 folios repartidos en 27 volúmenes y tiene más de 46 cajas de prueba documental.



Corrupción desde dentro de las instancias

El juicio, iniciado en marzo de este año, se celebró en 14 sesiones con la magistrada Monstserrat Comas como presidenta y ponente del tribunal. Una trama que comenzó con una veintena de imputados, entre ellos funcionarios municipales de Cuitat Vella que se lucraron a través de la concesión fraudulenta de licencias de pisos turísticos a cambio de sobornos económicos.

La magistrada Montserrat Comas (Foto: Robert Bonet/ El Diario)

Finalmente, quince de ellos lograron alcanzar acuerdos con la Fiscalía para rebajar su pena antes de dar comienzo el juicio, entre ellos Heliodoro Lozano, quien fuera jefe de servicios técnicos, y Joaquim Quílez, ingeniero que ejercía como intermediario entre funcionarios y propietarios de pisos.

La única funcionaria que no pactó con la Fiscalía fue Elena Ariza, jefa de la asesoría jurídica del distrito entonces. Ariza, para quien en principio se pedía más de once años de prisión, al final ha sido condenada a cumplir tres años y seis meses de prisión después de que los magistrados considerasen que, las pruebas documentales, testificales y periciales corroborasen los hechos y desmintiesen la versión de la exasesora jurídica.

Según recoge la sentencia, en el 2006 el Ayuntamiento de Barcelona acordó un plan y una normativa para frenar la proliferación de pisos turísticos en dicho distrito con nuevas licencias. Un hecho que ocasionó la entrada de cientos de solicitudes que colapsaron los servicios, ya que los pisos que ya se usaban como turísticos debían obtener una nueva calificación de usos.

Quílez, compinchado con Ariza y Lozano, proponía a los titulares de pisos unos pagos para agilizar sus expedientes, algunos de los cuales se indicaba que tenían carencias, pero tras pasar por las manos de los funcionarios, obtenían el visto bueno. Ahora, los tres acusados se ven en la obligación de devolver las cantidades que cobraron a los empresarios, que oscila alrededor de 70.500 euros.

Varios cargos municipales de Ciutat Vella han sido condenados por conceder licencias fraudulentas de pisos turísticos en el distrito (Foto: Ayuntamiento de Barcelona)

Las amenazas como barrera

Itziar González, entonces concejala de Cuitat Vella, y Lourdes Concesa, arquitecta técnica, fueron piezas claves para este caso, pues fueron las primeras que detectaron irregularidades en la tramitación y denunciaron la trama.

Unos hechos que tuvieron consecuencias, ya que ambas recibieron amenazas por ello por parte de algunos acusados -quienes lo reconocieron posteriormente ante la Fiscalía- y fue el motivo que forzó a ambas funcionarias a renunciar a sus responsabilidades en el distrito.

Sin embargo, según información publicada por Europa Press, el tribunal de la Audiencia Provincial ha descartado incluir en la sentencia remitir testimonio al Ayuntamiento de Cuitat Vella para valorar si la administración debe indemnizarlas por haber dejado su cargo a causa de las amenazas recibidas.

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