Lo dijo alguien en redes sociales, pero eso no lo convierte en noticia: el Supremo exige verificar antes de publicar
Los comentarios anónimos de Internet no pueden presentarse como denuncias actuales ni quedan protegidos automáticamente por la doctrina del reportaje neutral
(Imagen: E&J)
Lo dijo alguien en redes sociales, pero eso no lo convierte en noticia: el Supremo exige verificar antes de publicar
Los comentarios anónimos de Internet no pueden presentarse como denuncias actuales ni quedan protegidos automáticamente por la doctrina del reportaje neutral
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Internet puede ser el lugar donde aparece una historia, pero no la prueba de que esa historia sea cierta. Un comentario anónimo, una reseña negativa o una acusación publicada en un foro pueden justificar que un periodista comience a investigar. Lo que no permiten es saltarse la investigación y convertir directamente esas manifestaciones en una noticia.
El Tribunal Supremo ha establecido una doctrina de enorme importancia para los medios de comunicación, las páginas digitales y cuantos difunden contenidos informativos a través de redes sociales. Recopilar comentarios anónimos publicados en Internet, seleccionar únicamente los más negativos y presentarlos como declaraciones actuales de padres, clientes, trabajadores o afectados puede constituir una intromisión ilegítima en el derecho al honor.
La conclusión procede de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo (disponible en el botón ‘descargar resolución’) que confirmó la condena impuesta a una editora digital por una información referida a un centro educativo y a su director. El artículo se construyó fundamentalmente a partir de opiniones publicadas entre 2014 y 2018 en distintos foros de Internet por personas cuya identidad se desconocía.
El problema no consistió simplemente en reproducir críticas. La gravedad estaba en transformar su naturaleza. Comentarios antiguos y anónimos fueron presentados en 2020 como si profesores, familias y alumnos hubieran hablado directamente con el medio y estuvieran denunciando en aquel momento unos hechos concretos. Además, se escogieron las manifestaciones negativas y ofensivas, omitiendo las opiniones favorables que también aparecían en las páginas consultadas.
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La apariencia era la de una noticia actual y contrastada. La realidad era otra.
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El medio intentó acogerse a la doctrina del reportaje neutral, conforme a la cual un periodista puede reproducir declaraciones de terceros sobre asuntos de interés público sin asumir necesariamente como propia la veracidad de todo lo afirmado. Pero esta protección tiene límites precisos: las declaraciones deben ser noticiables por sí mismas, atribuirse a personas determinadas y reproducirse sin alterar sustancialmente su sentido ni su importancia dentro del conjunto de la información.
El anonimato no amplía esa protección; la debilita. El Supremo afirma que, si resulta imposible saber quién realizó una manifestación lesiva para el honor, tampoco puede comprobarse por qué esa declaración sería en sí misma noticia. La relevancia de unas palabras depende muchas veces de quién las pronuncia, de su relación con los hechos y de su conocimiento directo de lo sucedido. No tiene el mismo valor informativo la denuncia identificada de una persona afectada que una frase escrita bajo un seudónimo por alguien cuya existencia, vínculo e intención se desconocen.
Por eso, el Alto Tribunal llega a una conclusión contundente: cuando no pueda conocerse la identidad del autor de una declaración ofensiva, esa manifestación anónima no debe ser reproducida como si constituyera por sí sola una noticia.
No significa que los medios tengan prohibido investigar asuntos que comienzan a circular en las redes. Tampoco que las publicaciones digitales carezcan completamente de valor. Pueden ser un indicio, una alerta o el punto de partida de una investigación. Pero el punto de partida no puede hacerse pasar por el punto de llegada. Antes de publicar será necesario localizar fuentes, comprobar fechas, contrastar los hechos y diferenciar con claridad entre una denuncia verificada, una opinión individual y un simple comentario anónimo.
Tampoco basta con llamar a la persona o institución afectada cuando la acusación original es imposible de identificar. En el caso resuelto, el Supremo considera insuficiente el supuesto contacto con el centro educativo porque difícilmente podía confirmar o desmentir manifestaciones realizadas años antes por autores desconocidos. Contrastar no consiste solamente en ofrecer unos minutos para responder. Exige saber qué hecho concreto se está comprobando, quién lo afirma y sobre qué base.
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La sentencia aplica y refuerza la doctrina desarrollada por la propia Sala Civil en su sentencia 250/2023, de 14 de febrero, y por el Tribunal Constitucional en la STC 24/2019, de 25 de febrero: el reportaje neutral requiere que el medio actúe como mero transmisor de declaraciones identificables y noticiables, sin apropiárselas, deformarlas o reconstruirlas hasta producir un mensaje diferente. La jurisprudencia constitucional ha continuado examinando esta garantía y sus límites cuando los medios difunden contenidos de terceros, recordando que la neutralidad periodística no opera como una exención general de responsabilidad.
Existe, además, otra cuestión decisiva: el paso del tiempo. Una crítica publicada varios años atrás no puede presentarse en tiempo presente para provocar la impresión de que existe una controversia actual. El Supremo relaciona expresamente actualidad e interés público. Cuanto mayor es la distancia temporal, más necesario resulta justificar por qué unos hechos continúan siendo relevantes y evitar que informaciones antiguas adquieran artificialmente una nueva apariencia.
La condena confirmada comprendió la retirada del artículo, la publicación de la sentencia y el pago de 5.000 euros a cada uno de los dos perjudicados, además de intereses y costas. Sin embargo, la verdadera importancia de la resolución no se encuentra en la cuantía, sino en la regla que establece para todo el ecosistema informativo.
Las redes sociales han multiplicado las fuentes, pero también han multiplicado el ruido, el anonimato y la posibilidad de manipular una narración mediante una selección interesada de comentarios. El Derecho no impide escuchar ese ruido. Exige comprobar si detrás existe una voz real, identificable y conocedora de los hechos.
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