Más protección, billetes más caros: cuando regular acaba perjudicando al consumidor

La polémica sobre el equipaje de mano revela uno de los grandes problemas de la Europa actual: la tendencia a responder a cualquier controversia con nuevas regulaciones, aunque el resultado final pueda ser exactamente el contrario del que se pretende conseguir, en los últimos meses, el debate sobre el equipaje de mano se ha convertido en una de las grandes cuestiones de consumo en Europa. Instituciones comunitarias, asociaciones de consumidores y tribunales discuten si las compañías aéreas deben estar obligadas a permitir gratuitamente el embarque de determinadas maletas de cabina o si, por el contrario, pueden seguir cobrando suplementos por este servicio.

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A primera vista, la respuesta parece sencilla. ¿Quién podría oponerse a que los pasajeros tengan más derechos y paguen menos? Sin embargo, la realidad económica suele ser bastante más compleja que los titulares políticos.

La discusión sobre el equipaje de mano es un magnífico ejemplo de uno de los errores más frecuentes de la regulación moderna: creer que es posible imponer nuevas obligaciones a las empresas sin que ello tenga consecuencias sobre los precios que pagan los consumidores.

Conviene recordar cómo era el transporte aéreo hace apenas dos décadas. Viajar en avión era considerablemente más caro que en la actualidad. Muchos trayectos nacionales o europeos costaban varios cientos de euros y para una parte importante de la población el avión seguía siendo un medio de transporte ocasional.

(Imagen: E&J)

La irrupción de las compañías de bajo coste cambió radicalmente ese escenario. Aerolíneas como Ryanair, easyJet o Wizz Air revolucionaron el mercado europeo permitiendo que millones de personas pudieran viajar por precios que anteriormente parecían imposibles. Billetes de 20, 30 o 40 euros pasaron a formar parte de la normalidad.

Pero esos precios no aparecieron por casualidad.

Las compañías low cost construyeron un modelo de negocio completamente distinto al de las aerolíneas tradicionales. Aumentaron el número de pasajeros por avión, redujeron los espacios disponibles, eliminaron servicios accesorios y comenzaron a cobrar por prestaciones que anteriormente se incluían de forma obligatoria en el billete.

El resultado era evidente. El viaje podía resultar menos cómodo, el espacio para las piernas más reducido y las condiciones más estrictas en materia de equipaje, pero a cambio millones de consumidores accedían a precios extraordinariamente bajos.

La clave del sistema era precisamente la libertad de elección. Quien necesitaba viajar únicamente con una mochila podía pagar muy poco. Quien deseaba añadir maletas, prioridad de embarque o selección de asiento podía contratar esos servicios adicionales.

Sin embargo, la nueva corriente regulatoria europea parece partir de una premisa diferente: que todos los pasajeros deben recibir los mismos servicios con independencia de que los necesiten o no. Todo lo contrario al principio de libertad al que estaban habituados los ciudadanos de las naciones de la vieja Europa Occidental. Y ahí es donde aparece el problema, si las instituciones europeas obligan a las compañías a incluir gratuitamente determinadas maletas de cabina dentro del precio básico del billete, las aerolíneas no asumirán ese coste por altruismo. Lo repercutirán en el precio final.

Ninguna ley puede obligar a una empresa a prestar más servicios sin permitirle ajustar sus tarifas.

La consecuencia práctica será que el pasajero que hoy vuela por 30 euros con una mochila terminará pagando más para financiar servicios que quizá nunca utiliza, lo cual se mire por donde se mire es injusto. Los usuarios que habitualmente viajan con equipaje de mano saldrán beneficiados. Pero quienes viajan ligeros, que son millones de personas, verán desaparecer parte de las ventajas que hicieron posible la revolución low cost.

La paradoja es evidente. Una regulación diseñada para proteger al consumidor puede acabar perjudicando precisamente a aquellos consumidores que más se beneficiaban del modelo actual. Este fenómeno no es exclusivo del transporte aéreo. De hecho, refleja una tendencia cada vez más visible en Europa.

(Imagen: E&J)

Mientras Estados Unidos, China y otras regiones compiten por liderar sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la biotecnología o la economía digital, la Unión Europea parece concentrar gran parte de sus esfuerzos en regulares actividades que todavía están en plena evolución. Con la vaga esperanza de que el mundo adopte estas regulaciones, lo que no ocurre en ningún caso; y por ende perjudicando en última instancia a las empresas y a los ciudadanos de la unión

La intención suele ser legítima: proteger derechos, garantizar la seguridad o reforzar la posición de los consumidores. El problema aparece cuando la regulación se convierte en un fin en sí mismo y deja de valorar adecuadamente sus efectos económicos.

Las empresas innovan, invierten y crean empleo allí donde encuentran entornos razonablemente previsibles y competitivos. Cuando la carga regulatoria se multiplica, muchas optan simplemente por desarrollar sus proyectos en otros mercados.

El resultado final es que Europa corre el riesgo de quedarse con las normas, mientras la innovación, la inversión y el crecimiento se producen en otros lugares.

La controversia sobre el equipaje de mano constituye un ejemplo perfecto de ese dilema. La pregunta no es únicamente si una maleta debe viajar gratis o no. La verdadera cuestión es quién acabará pagando el coste de esa gratuidad.

Y la experiencia demuestra que, en la inmensa mayoría de los casos, la respuesta termina siendo la misma: el consumidor.

Por eso convendría que los reguladores europeos recordaran una realidad tan sencilla como incómoda. Proteger no siempre significa prohibir, obligar o intervenir.