Sin intérprete, pero con condena: la alcoholemia a un conductor sordo es válida si comprendió sus derechos
Los agentes adaptaron la información mediante documentos, escritura en un ordenador y gestos, por lo que se considera probado que el conductor entendió el alcance de la prueba
(Imagen: E&J)
Sin intérprete, pero con condena: la alcoholemia a un conductor sordo es válida si comprendió sus derechos
Los agentes adaptaron la información mediante documentos, escritura en un ordenador y gestos, por lo que se considera probado que el conductor entendió el alcance de la prueba
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La ausencia de un intérprete de lengua de signos no anula por sí sola una prueba de alcoholemia practicada a una persona sorda. Lo decisivo no es cumplir mecánicamente una formalidad, sino acreditar que el conductor recibió una información accesible y comprendió realmente qué prueba se estaba realizando y qué derechos podía ejercer. Así lo concluye la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que ha confirmado la condena impuesta a un conductor por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas pese a que toda la actuación policial se desarrolló sin la intervención de un intérprete.
El conflicto enfrenta dos exigencias que no pueden resolverse mediante automatismos. De un lado, la Administración debe adaptar la comunicación a las circunstancias de cualquier persona cuya discapacidad pueda dificultar la comprensión. De otro, la omisión de un medio concreto de comunicación no conduce necesariamente a la nulidad cuando existen otros elementos capaces de demostrar que la información fue entendida. La garantía protege la comprensión efectiva, no una determinada apariencia documental.
El conductor había sufrido un accidente y fue sometido por agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián a las correspondientes pruebas de detección de alcohol. Al advertir que era una persona sorda, los policías se comunicaron con él mediante gestos, escritos en papel y textos mostrados en la pantalla de un ordenador. No solicitaron la asistencia de un intérprete de lengua de signos.
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El Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián lo condenó como autor de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año y un día. También le impuso las costas y el pago de una indemnización de 416,87 euros por los daños ocasionados, declarando la responsabilidad civil directa de Catalana Occidente.
La defensa recurrió la sentencia y pidió la nulidad de las diligencias policiales y la absolución. Sostenía que el acusado no había sido informado de sus derechos de una manera verdaderamente comprensible, que desconocía el alcance de los documentos que firmó y que la falta de intérprete había vulnerado sus derechos de defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a un proceso con todas las garantías.
El recurso planteaba una objeción de indudable consistencia. El artículo 520.2 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la información se facilite mediante un lenguaje comprensible y accesible, adaptado, entre otras circunstancias, a la discapacidad del destinatario. No es concebible que la entrega de un formulario normalizado baste por sí misma cuando quien lo recibe no puede comprenderlo. Informar no es poner un papel delante de una persona; informar es hacer posible que conozca sus derechos y pueda decidir cómo ejercerlos.
Pero la Audiencia entiende que la realidad probatoria del caso fue otra.
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Los agentes declararon que escribieron en el ordenador que el conductor iba a ser sometido a una prueba de alcoholemia, le explicaron los pasos que debían seguirse y le informaron de la posibilidad de contrastar el resultado mediante un análisis clínico. Según su testimonio, le preguntaron expresamente si había comprendido la información y este respondió afirmativamente con la cabeza. Tras conocer el resultado positivo, también le comunicaron que podía acudir al hospital para realizar una prueba de contraste y que debería asumir su coste si volvía a resultar positiva. El conductor rechazó esa posibilidad.
A ello se añadió la documentación firmada. La Sala otorga valor a la diligencia escrita en la que figuraba la información sobre las pruebas de detección alcohólica, incluido el derecho a contrastar los resultados mediante análisis de sangre, orina u otros medios análogos. El acusado afirmó durante el juicio que firmó porque así se lo indicaron los agentes, pero que no entendió el contenido. Esta explicación no convenció al Juzgado ni posteriormente a la Audiencia Provincial.
La sentencia advierte que la sordera no implica por sí misma la imposibilidad de leer o comprender un texto. Tampoco encontró una prueba objetiva que demostrara que el acusado careciera de capacidad lectora suficiente. Por el contrario, la Sala tuvo en cuenta que había obtenido el permiso de conducir, que sus manifestaciones posteriores coincidían sustancialmente con algunos datos consignados por los agentes y que, al ser informado de sus derechos como investigado, eligió solicitar un abogado de oficio.
La conclusión judicial es contundente: la prueba de alcoholemia debía practicarse con todas las garantías, pero el intérprete no constituía, en las circunstancias acreditadas, la única vía posible para satisfacerlas. El análisis conjunto de los testimonios, los documentos firmados y la conducta del propio interesado permitió concluir que la información le llegó de forma comprensible.
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La resolución también distingue entre la práctica de la prueba y las garantías propias de una detención. Someterse al control de alcoholemia no equivale por sí solo a estar detenido, ni requiere previamente asistencia letrada. Tampoco vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo, pues el conductor no realiza una confesión: colabora en una comprobación técnica cuyo resultado es inicialmente incierto. Una vez que el resultado positivo da lugar a la condición de investigado, entran en juego los derechos específicos asociados a esa situación procesal.
En su recurso, la defensa invocó otras resoluciones en las que la falta de intérprete sí había determinado la invalidez de la actuación. Entre ellas figuraba el caso de una ciudadana estadounidense a la que la Policía mostró sus derechos mediante Google Translate después de que hubiera solicitado reiteradamente un intérprete. Aquella referencia no significa que Google interviniera en el asunto ahora resuelto. Se trataba únicamente de un precedente con el que la defensa pretendía demostrar que una traducción improvisada no siempre garantiza la comprensión.
La diferencia es esencial. En aquel supuesto existían datos que cuestionaban seriamente que la afectada hubiera entendido la información. En el caso del conductor sordo, por el contrario, la Audiencia considera acreditado que la comunicación escrita funcionó, que el interesado respondió coherentemente y que pudo tomar decisiones concretas después de conocer sus derechos. La solución no depende, por tanto, del instrumento utilizado, sino del resultado alcanzado.
La Sala rechaza igualmente la impugnación de la responsabilidad civil. La defensa sostenía que el Ministerio Fiscal no estaba legitimado para reclamar la indemnización porque la propietaria del vehículo dañado no había comparecido personalmente ni se había personado en el procedimiento. La Audiencia recuerda que la acción civil debe ser ejercitada por el Ministerio Fiscal junto con la penal mientras el perjudicado no haya renunciado expresamente a ella o se la haya reservado. La falta de personación no equivale a una renuncia.
La Sección Tercera desestima así íntegramente el recurso y confirma la condena, declarando de oficio las costas de la apelación. Frente a la resolución cabía recurso de casación en los supuestos legalmente previstos.
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El alcance de esta sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) debe interpretarse con prudencia. La resolución no concede a la Policía libertad para prescindir habitualmente de los intérpretes ni permite presumir que toda persona sorda comprende cualquier documento escrito. Cada discapacidad y cada situación comunicativa exigen una valoración individual. Si no existe prueba suficiente de la comprensión, si el afectado solicita un intérprete o si presenta dificultades lectoras, la falta de adaptación puede comprometer seriamente la validez de la actuación.
Cierto es que las garantías procesales exigen formas. Pero su verdadero fundamento no reside en la forma vacía, sino en la protección que proporcionan. La presencia de un intérprete será indispensable cuando resulte necesaria para comprender; cuando esa comprensión se alcance y se pruebe por otros medios adecuados, su ausencia no convierte automáticamente en nulo todo lo actuado. En definitiva, la realidad se impone: ni una firma demuestra siempre que una persona ha entendido, ni la falta de intérprete demuestra necesariamente que no lo haya hecho.
