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Derecho Laboral

Tubacex dijo que el puesto había desaparecido, pero otros trabajadores seguían haciendo el trabajo

El TSJ del País Vasco obliga a la empresa a reponer a la trabajadora, indemnizarla con 6.100 euros y afrontar una multa de 100 euros por cada día que retrase el cumplimiento

Puesto de prueba hidráulica

(Imagen: E&J)

Rodrigo Corchero

Director ejecutivo de E&J School




Tiempo de lectura: 5 min

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Derecho Laboral

Tubacex dijo que el puesto había desaparecido, pero otros trabajadores seguían haciendo el trabajo

El TSJ del País Vasco obliga a la empresa a reponer a la trabajadora, indemnizarla con 6.100 euros y afrontar una multa de 100 euros por cada día que retrase el cumplimiento

Puesto de prueba hidráulica

(Imagen: E&J)

Una empresa no puede considerar desaparecido un puesto de trabajo cuando la instalación continúa funcionando y sus tareas siguen siendo realizadas por otros empleados. Mucho menos puede hacerlo cuando existe una sentencia firme que le ordena devolver a una trabajadora precisamente a ese puesto. El nombre que la compañía atribuya a su reorganización importa poco cuando la realidad demuestra que la actividad permanece.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aplicado este principio a una trabajadora de Tubacex que prestaba servicios en el puesto de prueba hidráulica, dentro del área de calidad. La empresa la apartó de aquellas funciones y la destinó primero a movimiento de materiales y posteriormente a saneado inoxidable, pero la empleada recurrió la modificación y obtuvo una sentencia favorable.

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Aquella primera resolución declaró nulo el cambio comunicado el 26 de noviembre de 2021, ordenó reponerla en las condiciones laborales anteriores y condenó a Tubacex a pagarle 7.501 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la huelga.

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El argumento de la amortización y los avances técnicos

La sentencia era firme y su mandato parecía suficientemente claro: la trabajadora debía regresar al puesto del que había sido apartada. Sin embargo, Tubacex no la devolvió a las funciones de prueba hidráulica y, cuando la afectada solicitó la ejecución judicial, la compañía sostuvo que cumplir ya no era posible porque el puesto había sido amortizado.

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La empresa explicó que los avances técnicos habían reducido considerablemente la utilización de las pruebas hidráulicas, sustituidas en gran medida por sistemas de ultrasonidos, y que la reorganización surgida después de un despido colectivo había eliminado los dos puestos dedicados habitualmente a esa actividad. Según su versión, las funciones subsistentes representaban apenas algo más del 3 % de una jornada y carecían de entidad suficiente para mantener un puesto permanente.

Tubacex añadió otro argumento: el trabajo asignado en saneado inoxidable podía resultar más favorable para la empleada. Pero este razonamiento introduce una cuestión que el tribunal resuelve con especial claridad.

Nave industrial con tubos

(Imagen: E&J)

No corresponde a la empresa decidir qué resulta más conveniente para una trabajadora sustituyendo su criterio y su voluntad, especialmente cuando una sentencia ya ha reconocido su derecho a recuperar las condiciones anteriores.

Reducción de carga frente a desaparición real

Cierto es que las empresas pueden reorganizarse, introducir nuevas tecnologías y adaptar su plantilla a las necesidades productivas. También es posible que una actividad pierda importancia y deje de justificar el mismo número de puestos que tuvo en otro momento.

Pero la realidad era otra: la instalación de prueba hidráulica seguía existiendo, había sido utilizada durante 2024 para probar 306.877 kilos de tubo y disponía de capacidad para superar las 700 toneladas. Las tareas tampoco se habían extinguido, sino que habían sido asumidas por los coordinadores de laminación, que las realizaban cuando resultaba necesario.

Por tanto, el puesto podía haber perdido buena parte de su carga de trabajo, pero no había desaparecido. Y esa diferencia resulta decisiva.

El TSJ del País Vasco considera que una verdadera amortización exige la desaparición completa o liquidación del puesto. La mera reducción de la actividad, aunque sea considerable, no permite presentar como inexistentes unas funciones que continúan desarrollándose dentro de la empresa. Tampoco puede Tubacex fijar unilateralmente qué porcentaje mínimo de ocupación la obliga a cumplir una sentencia firme.

Aceptar lo contrario permitiría que una empresa eludiera cualquier resolución judicial mediante una sencilla redistribución interna. Bastaría con retirar las funciones al trabajador que ganó el pleito, repartirlas entre sus compañeros y declarar después que su antiguo puesto ya no existe. La sentencia quedaría reducida a una victoria sobre el papel, sin ninguna consecuencia real en la vida profesional de quien acudió a los tribunales.

Y el Derecho no puede aceptar semejante resultado. La tutela judicial efectiva no termina cuando el juez dicta una resolución favorable, sino cuando aquello que se ha reconocido se cumple verdaderamente. Una sentencia que no se ejecuta en sus propios términos se convierte en una declaración retórica, aparentemente solemne, pero vacía de contenido.

Planos de tubos y un mazo de juez

(Imagen: E&J)

Indemnización por daños y advertencia de multas

El tribunal confirma así la obligación de Tubacex de reponer a la trabajadora en un puesto de naturaleza administrativa adscrito al área de calidad, realizando las funciones de prueba hidráulica. La circunstancia de que esas tareas sean ahora menos frecuentes no autoriza a la empresa a escoger otro destino que considere más conveniente ni a sustituir el mandato judicial por su propia valoración organizativa.

La compañía deberá abonar, además, otros 6.100 euros por los daños causados al desarrollo profesional de la empleada. Esta cantidad es distinta de los 7.501 euros reconocidos en el procedimiento anterior por vulneración de derechos fundamentales.

La Sala considera acreditado el nuevo perjuicio porque la trabajadora nunca debió abandonar su puesto. Durante el tiempo en que Tubacex dejó sin ejecutar la sentencia fue destinada sucesivamente a movimiento de materiales y saneado inoxidable, lo que la obligó a afrontar nuevos periodos de formación, aprendizaje y adaptación laboral, además de apartarla de la trayectoria profesional que le correspondía.

Para calcular la indemnización, el órgano de instancia aplicó un módulo de 100 euros diarios desde el 15 de enero de 2025, fecha en la que la trabajadora pidió su reposición, hasta el 17 de marzo, cuando se celebró la vista del incidente. El TSJ considera razonable este criterio y confirma los 6.100 euros.

La resolución (disponible en el apartado ‘descargar resolución’) también contiene una advertencia especialmente contundente: Tubacex deberá ejecutar la reposición dentro de los cinco días siguientes a la correspondiente notificación y, si no lo hace debidamente una vez alcance firmeza el pronunciamiento, podrá afrontar una multa de 100 euros por cada día de retraso. La empresa también ha sido condenada a pagar las costas del recurso, incluidos 600 euros más IVA por los honorarios del abogado de la trabajadora.

Documento de sentencia y billetes de euro

(Imagen: E&J)

La sentencia del TSJ todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina. No obstante, su razonamiento ofrece ya una advertencia clara para cualquier empresa obligada a restablecer las condiciones laborales de un trabajador: la reorganización posterior no puede utilizarse como una puerta de salida para vaciar una sentencia.

Una empresa puede modernizar sus instalaciones, redistribuir funciones y reducir actividades, pero no puede borrar sobre el papel lo que continúa existiendo en la fábrica. Si la instalación funciona y otros empleados siguen realizando el trabajo, la realidad se impone: el puesto no ha desaparecido y la sentencia debe cumplirse.

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