Peligro para los propietarios de inmuebles en la costa: pasará a dominio público cualquier zona a la que haya llegado una ola durante un temporal
El Ministerio para la Transición Ecológica somete a consulta un Real Decreto que redefine el límite de la costa con la ola más alta de un temporal y amenaza a miles de viviendas
(Imagen: E&J)
Peligro para los propietarios de inmuebles en la costa: pasará a dominio público cualquier zona a la que haya llegado una ola durante un temporal
El Ministerio para la Transición Ecológica somete a consulta un Real Decreto que redefine el límite de la costa con la ola más alta de un temporal y amenaza a miles de viviendas
(Imagen: E&J)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuya titular es Sara Aagesen Muñoz, somete desde el 16 de julio de 2026 y hasta el 16 de septiembre de 2026 a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas para reforzar la gestión del riesgo de inundación.
Según el Gobierno, el objetivo del proyecto es reforzar el marco normativo y de planificación vinculado al riesgo de inundación en un contexto en el que los fenómenos se ven intensificados por el cambio climático. Este proyecto pretende modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
El texto propone reforzar la regulación de los usos del suelo en función del riesgo de inundación, impulsar una planificación territorial más resiliente y mejorar la información disponible para la ciudadanía.
También plantea la creación del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas y la elaboración de programas municipales de adaptación en los municipios con mayor riesgo.
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Pero lo cierto es que esta nueva normativa incluye también, de pasada, modificaciones del Reglamento de Costas e introduce un artículo que establece que sean las mayores olas registradas durante los temporales las que delimiten qué es dominio público.
(Imagen: E&J)
En la actualidad, este límite lo fija una media de cinco alcances en cinco años. Por el contrario, la nueva normativa del Gobierno elimina la media del punto máximo para coger el punto máximo de una única ola. Este nuevo sistema incrementa el dominio público.
Además, este Real Decreto extiende la definición de playa incluyendo las dunas, que también pasan a formar parte del dominio marítimo-terrestre. Solo se excluyen las dunas que estén aisladas tierra adentro o colgadas de una costa rocosa sin vinculación alguna con la playa.
La conclusión a destacar especialmente es que esta nueva normativa implica que pasará a dominio público marítimo-terrestre cualquier zona a la que haya llegado una ola durante un temporal.
En España se calcula, por diversos estudios publicados, que hay casi 90.000 viviendas que están en una especie de “limbo” por el avance de la erosión del mar. A inicios de la última década del siglo XX, el dominio público marítimo-terrestre era de unas 14.000 hectáreas aproximadamente y en la actualidad ronda las 150.000 hectáreas.
La polémica y mencionada modificación del Reglamento de Costas, que provoca un radical ataque a la propiedad privada al engrandecer el dominio público marítimo-terrestre, la introdujo por primera vez la ministra Teresa Ribera en 2022, pero solo dos años después fue anulada por el Tribunal Supremo por adolecer de defectos de forma. El Ejecutivo ahora insiste.
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