Real Decreto-ley 31/2026: así cambia la protección de la Seguridad Social

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de octubre el Real Decreto-ley 31/2026, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, publicado en el BOE núm. 261 del 21 de octubre.

La reforma tiene un impacto directo en la vida de muchas personas, ya que afecta, entre otras cuestiones, a la incapacidad temporal de millones de trabajadores, las pensiones de viudedad y orfandad, la conciliación de padres con hijos gravemente enfermos y el Fondo que adelanta las pensiones de alimentos impagadas.

La norma está en vigor desde el 21 de octubre, fecha de su publicación, pero no todas sus medidas surten efecto al mismo tiempo, como se detalla en los apartados siguientes.

I. Dos nuevas bajas especiales: menopausia y violencia de género

A partir del 1 de diciembre de 2026, la Ley General de la Seguridad Social (art. 169.1.a) reconocerá dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes:

• Patología limitante por trastorno menopáusico secundario: siempre que el diagnóstico responda a la codificación clínica específica prevista para esta baja, y mientras la trabajadora reciba asistencia del Servicio Público de Salud y esté impedida para trabajar.
• Lesiones causadas por la pareja o expareja de la trabajadora, aun sin convivencia. Para que se reconozca, deben existir, antes del alta, documentos oficiales en los que debe constar la relación entre la lesión y el acto de violencia ­-parte sanitario a Fiscalía o al juzgado, una orden de protección, una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal con indicios de violencia de género o una sentencia condenatoria-.

Al presentar la norma, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que “más de 10 millones y medio de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social” y que la reforma da respuesta a “situaciones que estaban invisibilizadas».

(Imagen: E&J)

Estas nuevas situaciones especiales de IT se suman a las que ya existían (menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, gestación desde la semana 39 y donación de órganos), que la norma reordena en un mismo precepto y que presentan tres ventajas fundamentales frente a la baja común:

1.No se exige periodo mínimo de cotización (art. 172.a) LGSS) en las situaciones especiales previstas en el artículo 169.1.a):  menstruación incapacitante e interrupción del embarazo (1.ª), donación de órganos (3.ª), menopausia (4.ª) y violencia de género (5.ª), no se exigirán periodos mínimos de cotización.

La única excepción es la gestación desde la semana 39 (2.ª), que exige que la persona interesada acredite los periodos mínimos de cotización señalados en el artículo 178.1 LGSS, según la edad que tenga cumplida en el momento de inicio del descanso, tomando como referencia la fecha de la baja médica, periodos que el propio art. 178.1 fija para la prestación por nacimiento y cuidado de menor.

2. Se cobra desde el día siguiente a la baja a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes. El salario íntegro del día de la baja corre a cargo del empresario (art. 173.1, párr. 3.º, LGSS).

3.La cuantía es la misma que la del subsidio de IT por contingencias comunes (art. 171.1 LGSS), salvo en la baja por donación de órganos, que se cobra al 100%.

Las situaciones especiales de IT se extienden también a los autónomos, a los trabajadores del mar y al funcionariado de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, con las particularidades propias de cada régimen.

Los cambios en las situaciones especiales de IT solo se aplicarán a las bajas nuevas, no a las que ya estuvieran en curso (disposición transitoria primera).

II. Un cambio discreto que afecta a todas las bajas: la base reguladora

Menos comentado, pero con alcance general: desde el 1 de diciembre de 2026, la base reguladora de la IT de los trabajadores por cuenta ajena se calculará con la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al de la baja (nuevo art. 171.2 LGSS). Es decir, con la cotización de dos meses antes, y no con la del mes anterior. La norma regula además cómo calcularla cuando el trabajador acaba de incorporarse a la empresa.

(Imagen: E&J)

Asimismo, para el Régimen General, el art. 144.4 LGSS regula expresamente que la obligación de cotizar continúa durante todas las situaciones especiales de IT, y recoge también la reducción del 75% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante la IT de trabajadores de 62 años o más.

Para los autónomos hay dos novedades. Por una parte, el nuevo art. 318.h) LGSS sigue el mismo criterio que el Régimen General: la base reguladora será la base de cotización del mes anterior al previo a la baja, dividida entre treinta. Por otra, a partir del 1 de enero de 2027, mientras el autónomo cobre una prestación (por ejemplo, una baja o el permiso por nacimiento), su cotización de esos meses será definitiva. Es decir, la Seguridad Social no la revisará después en función de sus ingresos reales (art. 309.1 LGSS).

III. Familias con hijos con cáncer o enfermedad grave: más flexibilidad

La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), y la reducción de jornada del art. 37.6 del Estatuto de los Trabajadores que la acompaña, cambian con efectos desde el 23 de octubre de 2026.

Estas son las novedades principales:

• Ambos progenitores pueden cobrarla, de forma alternativa o simultánea. Si la disfrutan a la vez por el mismo hijo, cada uno percibe el 50% de su base reguladora de IT por contingencias profesionales, con independencia del porcentaje en que haya reducido su jornada (art. 192.1 LGSS).
• La prestación cubre también la «situación asimilada» a la hospitalización. El Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, que entra en vigor el 5 de enero de 2027, la concreta en: hospitalización a domicilio, tratamientos ambulatorios o continuados y cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas, entre otros supuestos, siempre que se requiera cuidado directo, continuo y permanente (art. 4.1). Además, aclara que la escolarización del menor es compatible con la prestación si persisten tratamientos o controles.
• La prestación se sigue aplicando más allá de los 26 años, de forma excepcional, si el hijo tiene una discapacidad igual o superior al 65% o un grado III de dependencia, sigue conviviendo con el progenitor y persiste la necesidad de cuidado directo. La convivencia se mantiene aunque el hijo pase estancias temporales de respiro en un recurso residencial o una vivienda de apoyo, siempre que el progenitor mantenga de forma acreditada el cuidado efectivo y continuado.

(Imagen: E&J)

• En el supuesto de varios hijos enfermos cada progenitor puede cobrar la prestación por el cuidado de un hijo distinto.
• Para los casos de separación, divorcio o violencia de género el derecho corresponde al progenitor que conviva con el hijo enfermo, aunque el otro no trabaje.
• Si el hijo enfermo se casa o forma pareja de hecho, su cónyuge o pareja de hecho tendrá derecho a la reducción de jornada, siempre que acredite las condiciones exigidas (art. 37.6 ET).
• Las parejas de hecho con hijos comunes no necesitan acreditar la inscripción registral ni documento público para esta prestación (art. 191.5 LGSS).

IV. Viudedad: las parejas de hecho con hijos ya no necesitan estar inscritas

Es, probablemente, la medida que más consultas va a generar en los despachos. El nuevo art. 221.2 LGSS dispone que, si la pareja tiene hijos en común, solo se exige una convivencia estable y notoria de al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento, acreditada con el certificado de empadronamiento.

Desaparece para estos casos la exigencia de inscripción en un registro de parejas de hecho o de documento público. El preámbulo justifica el cambio en las situaciones de desprotección y la elevada litigiosidad que generaban esos requisitos formales.

Sin hijos en común, nada cambia: siguen haciendo falta cinco años de convivencia y la inscripción o el documento público con al menos dos años de antelación.

¿Y si el fallecimiento fue anterior a la reforma? La nueva disposición transitoria cuadragésima octava abre una ventana: quien no pudo acceder a la pensión en su día, siempre que el causante reuniera los requisitos del art. 219.1 y pueda acreditarse que, al fallecer, existía pareja de hecho en los términos del nuevo art. 221.2, puede solicitarla en el plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor del decreto-ley.

En estos casos, la pensión tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud y estará sujeta al límite de concurrencia de pensiones.

La norma permite también, en el mismo plazo de doce meses, pedir la rehabilitación de determinadas pensiones de viudedad que quedaron suspendidas por aplicación de regímenes transitorios anteriores. Todo ello se extiende al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

V. Orfandad, terrorismo y catástrofes: más protección en los casos más graves

1.Huérfanos de la violencia contra la mujer

Conforme a la nueva redacción del art. 224.1 LGSS, cuando la madre fallece por violencia contra la mujer el importe mínimo mensual de la pensión de orfandad pasa a ser el doble del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente. Para los supuestos en que la madre no reuniera los requisitos para generar una pensión de orfandad (por ejemplo, porque no estaba dada de alta en la Seguridad Social), sus hijos tienen derecho a una prestación de orfandad por esa misma cuantía.

(Imagen: E&J)

Por otra parte, si hay varios beneficiarios, el importe conjunto no puede superar esa cifra y  si los hijos son adoptados posteriormente no pierden la pensión o la prestación de orfandad (art. 224.2 LGSS).

Conforme a la modificación del art. 38 del Decreto 3158/1966, se equiparan a los huérfanos absolutos (con los incrementos económicos que conlleva) en tres supuestos,

• Cuando solo consta un progenitor, porque el padre no es conocido.
• Cuando el padre ha abandonado sus responsabilidades familiares y el menor ha quedado en acogimiento o tutela de terceros o familiares por violencia contra la mujer. En este caso, la orfandad absoluta se presume.
• Cuando el padre ha perdido la pensión de viudedad por haber cometido el delito. La ley le retira la viudedad si es condenado por el homicidio o las lesiones de la madre. En ese caso, el huérfano tiene derecho a los mismos incrementos que la orfandad absoluta.

2.Víctimas del terrorismo

Desde el 1 de noviembre de 2026, la pensión extraordinaria mínima por actos de terrorismo equivale al doble del SMI, en lugar del triple del IPREM. Si un mismo atentado causa varias pensiones de muerte y supervivencia, ese mínimo se aplica a su importe conjunto (art. 61.2 LGSS).

Por otro lado, se reforma la Ley 29/2011 para equiparar las indemnizaciones de las víctimas sin sentencia penal firme, o cuya sentencia no fijó responsabilidad civil, con las del resto. Pasados cinco años del delito sin sentencia firme, o con sentencia que no fije responsabilidad civil, podrán pedir en el plazo de un año que el Estado complete las cuantías: por lesiones incapacitantes, hasta las previstas en el art. 20.4 de la Ley 29/2011; en caso de fallecimiento, hasta 350.00 o 500.000 euros según quiénes sean los perceptores (art. 20.8).

Quienes, antes de la reforma, no hubieran sido indemnizados por responsabilidad civil disponen de cuatro años para solicitar una ayuda complementaria por la diferencia, que se abonará en tres pagos anuales (disposición transitoria segunda de la Ley 29/2011).

3.Catástrofes extraordinarias

Tras la experiencia de la COVID-19, la DANA o el accidente de Adamuz, la LGSS incorpora una nueva disposición adicional sexagésima cuarta que permite que las leyes que se aprueben tras una catástrofe asimilen a contingencia profesional prestaciones como la IT, la incapacidad permanente o las de muerte y supervivencia. Conviene subrayar que no es automático: la norma dice que «podrá acordarse» en cada ley específica.

(Imagen: E&J)

VI. Pensiones de alimentos impagadas: el anticipo sube a 300 euros

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que adelanta la pensión de alimentos reconocida judicialmente a los hijos menores cuando el obligado no paga, se actualiza:

• Anticipo máximo de 300 euros al mes por beneficiario. Se aplica también a los anticipos ya vigentes, que se revisan de oficio sin necesidad de nueva solicitud, con efectos desde el 1 de noviembre de 2026.
• Nuevo umbral de ingresos ligado al SMI. Los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar el SMI multiplicado por 1,75 con un hijo, coeficiente que sube 0,25 por cada hijo adicional.
• Sin límite fijo de duración. Los anticipos se mantienen mientras exista la obligación de alimentos, sin perjuicio de las causas de extinción del reglamento.
• Más menores protegidos. Los menores extranjeros no comunitarios deben acreditar dos años de residencia legal (si el custodio es español, basta con que residan legalmente al pedirlo). Y la unidad familiar incluye a los menores que convivan en el domicilio cuya filiación no esté determinada respecto del otro progenitor.

Calendario: cuándo se aplica cada medida

El Real Decreto-ley 31/2026 está en vigor desde el 21 de octubre de 2026, fecha de su publicación en el BOE, pero sus medidas surten efecto en fechas distintas.

Ya en aplicación

Se aplicarán más adelante

(Imagen: E&J)

Conclusiones

El Real Decreto-ley 31/2026 es una reforma de amplio alcance que reúne un conjunto de mejoras dirigidas a colectivos muy diversos: trabajadoras que hasta ahora no tenían una protección específica, familias que cuidan de hijos gravemente enfermos, parejas de hecho que quedaban fuera de la viudedad por no estar inscritas, huérfanos de la violencia contra la mujer, víctimas del terrorismo y menores que dependen del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, entre otros.

Para trabajadores y empresas, el cambio más inmediato llegará el 1 de diciembre: dos nuevas bajas especiales, sin periodo mínimo de cotización y cobradas desde el día siguiente a la baja, y una nueva forma de calcular la base reguladora de todas las bajas, que obligará a revisar los cálculos de nómina.

Para asesores y despachos, lo urgente son los plazos. Las parejas de hecho que no pudieron acceder a la viudedad, y quienes vieron suspendida su pensión, disponen de doce meses desde la entrada en vigor del decreto-ley para solicitarla. Las víctimas del terrorismo no indemnizadas por responsabilidad civil tienen cuatro años para pedir la ayuda complementaria.

Las familias que perciben la CUME deben tener presente el nuevo reglamento, que entra en vigor el 5 de enero de 2027.

Todo ello, con una advertencia: la norma sigue pendiente de convalidación. Como todo decreto-ley, es una norma provisional hasta que el Congreso decida convalidarlo o derogarlo en los treinta días siguientes a su promulgación. En este caso, con las Cortes disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre, esa votación corresponde a la Diputación Permanente.

Si no se convalida, el decreto-ley dejará de aplicarse, aunque se mantendrán los efectos producidos durante su vigencia. En definitiva, las medidas con efectos a partir del 1 de diciembre dependen de que el decreto-ley sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.