Los funcionarios no descartan ir a la huelga si no recuperan los 30.000 millones perdidos en pagas extra desde 2010

“No es de recibo que nuestra patronal nos trate así y tengamos perdidas de poder adquisitivo del 20% desde el 2010 con el deterioro clave de los servicios públicos como justicia, sanidad o educación. Vamos a un conflicto generalizado donde no descartamos ir al a huelga, aclaró Miguel Borra, presidente de CSIF, en un encuentro con periodistas, en el que explicó la situación de los más de dos millones de funcionarios públicos.

Desde su punto de vista, “no es casualidad que muchos de estos profesionales están o vayan a estar en huelga porque nadie escucha sus reivindicaciones”, comentó Borra, que estuvo acompañado por Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de este sindicato.

Borra señaló que en estos momentos los funcionarios habrían dejado de cobrar 30.000 millones de euros en sus pagas extraordinarias desde 2010, por lo que ante la inacción del Gobierno ha presentado hoy lunes, sin el apoyo de otras organizaciones sindicales una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados.

Se trata con esta ILP de que los trabajadores de las Administraciones Públicas recuperen la estructura salarial previa a los recortes de la pasada crisis. En concreto, la ILP pretende derogar el artículo en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

El presidente de CSIF explicó que aún queda vigente el recorte en la paga extra, que desde que se aprobaron los recortes se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces, ingenieros, inspectores); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policía local). Según este sindicato, esto supondría el equivalente a haber trabajado gratis hasta cinco meses desde 2010.

«Lo que era una medida extraordinaria se ha convertido en estructural. El recorte del señor Zapatero, solamente en las pagas extra en estos 12 años, ha supuesto que dos millones de empleados públicos hayan dejado de percibir 30.000 millones euros», ha señalado Miguel Borrá, quien pide al Gobierno un esfuerzo con la función pública.

Pese al poco tiempo que falta para que acabe la legislatura, creen que van a conseguir las firmas necesarias para que su demanda se tramite como una Iniciativa Legislativa Popular y “estamos seguros de que la mesa del Congreso va a tener la celeridad necesaria para poner en marcha esta recogida de firmas», ha indicado.

El sindicato entiende que «los empleados públicos ya han contribuido de manera sobrada a la solución crisis financiera y en un momento de recaudación récord (tal y como reconoce el Gobierno a Bruselas la recaudación se incrementó en el último año un 14%) se podría afrontar este gasto», explicó el propio Borra.

Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.

Un acuerdo salarial que los empobrece

De hecho, CSIF no apoyó la subida salarial que el Gobierno acordó con CCOO y UGT para los empleados públicos hasta 2024. En concreto, conforme a este pacto, el sueldo de los funcionarios subió un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 (que puede ser del 3,5% en función del IPC y el PIB nominal) y crecerá un 2% en 2024 (aunque podría ser un 2,5%).

Desde este sindicato se denuncia que este acuerdo «agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos». «Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse. En 2022 perdimos cinco puntos, ya que el IPC cerró en un 8,5% y la subida fue del 3,5%», explica el sindicato.

Asimismo, el presidente de CSIF recuerda que los empleados públicos van a tener una subida un 60% inferior a la que va a haber en la empresa privada. «Le exigimos al Gobierno que no nos trate peor que la patronal privada a los empleados privados. No puede ser que los empleados públicos de este país sigamos perdiendo poder adquisitivo.

El Gobierno firmó una subida del 2,5% para 2023 más un 1% variable, mientras que en la empresa privada será del 4% más un 1% variable«, ha subrayado Borrá, haciendo referencia al nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de los funcionarios y la mejora de sus condiciones laborales.

Faltan funcionarios

Por otra parte, desde CSIF se denuncia que hay un déficit importante de funcionarios públicos “creemos que faltan cerca de 160.000 para poder mejorar la prestación de servicios, según un estudio que realizamos recientemente. En el caso de la Sanidad hemos constatado que harían falta 280.000 profesionales en diez años para poder estar al día con el ratio europeo que se maneja en países de nuestro entorno.

Sobre los procesos de estabilización del personal interino, Borra recordó que el 31 de diciembre del 2024 deberían estar realizados todos los procesos selectivos, ya sean concurso o concurso oposición, como señala la normativa aprobada de forma extraordinaria como es la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Desde su punto de vista es evidente que las Comunidades Autónomas deberían ser más diligentes a la hora de organizar este tipo de procesos. “Lo más importante es que muchos profesionales que han estado años en situación de interinidad tendrán una plaza fija en los próximos meses”, destacó.

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