Ruptura de la unidad sindical: CSIF y UGT cierran un acuerdo salarial solo para los 12.000 funcionarios adscritos a Justicia

Ruptura de la unidad sindical. El acuerdo que firmarán hoy, 11 de abril, CSIF y UGT en la mesa delegada con el Ministerio de Justicia solo para los 12.000 funcionarios del territorio Ministerio ha roto el frente sindical ante la negativa de UGT, STAJ, ELA Y CIGA y otros sindicatos a firmar ese acuerdo por considerarlo fuera de las pretensiones del colectivo.

La subida oscila entre los 165 y 250 euros mensuales según categorías y afecta a los trabajadores de Órganos Centrales, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, así como a los trabajadores de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC. Esto supone la mitad de la subida que han tenido los LAJs tras su huelga.

La subida tras un año de conflicto laboral se aplicará de manera progresiva: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50% con efecto retroactivo, y desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100% de lo acordado. De esta manera, en apenas ocho meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios.

A este acuerdo han confirmado su presencia Miguel Borra, presidente, y Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia; por parte de UGT junto con Antonio Lozano, portavoz nacional, estará el responsable y secretario general del sector AGE, Carlos Álvarez. En el lado del Ministerio es previsible que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuda a esa firma, donde no se sabe si habrá alguien del Ministerio de Hacienda, como pasó en los acuerdos de LAJs, jueces y fiscales.

El mejor acuerdo posible

Desde CSIF, Javier Jordán de Urríes indica que valoraron el acuerdo alcanzado teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la inestabilidad de las alianzas parlamentarias que han provocado, entre otras consecuencias, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pensando en el interés del conjunto de trabajadores de la Justicia, consideran que han alcanzado el mejor acuerdo posible en este momento. “Esta mesa se equipara a las mesas de negociación de las comunidades autónomas (CC. AA.). En mayo de 2021 se crea esta mesa delegada para respaldar a los funcionarios que están en territorio Ministerio donde se abordan cuestiones retributivas, de jornada de trabajo o de salud laboral entre otras cuestiones”, explica.

Javier Jordán de Urríes cree que en estos momentos era el mejor acuerdo posible, el que firman este jueves en el Ministerio. (Imagen: CSIF)

En todo caso, CSIF «seguirá trabajando para la mejora de las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia, tanto en el reconocimiento de sus funciones, como en la aplicación de la Ley de Tribunales de Instancia, carrera profesional, teletrabajo, guardias, promoción interna y el conjunto de materias incluidas en un documento consensuado por todos los sindicatos en un calendario de negociación remitido al ministerio el pasado febrero», prosigue.

También cree que en estos momentos “hay que hablar de unidad sindical desde la responsabilidad. En estos momentos no se podría lograr ningún otro acuerdo por lo que hemos visto. Es el mejor acuerdo posible. Ahora iremos a las CC. AA. a cerrar otros acuerdos y a la mesa sectorial a reclamar el tema de nuestras nuevas funciones y carrera profesional. A eso no podemos renunciar».

El documento que se firmará mañana, 12 de abril, incluye una cláusula por la que el Ministerio se compromete a comunicar este acuerdo en la Conferencia Sectorial a las comunidades autónomas con competencias en Justicia e incluye revisar la normativa sobre nombramiento de personal interino para reducir la contratación temporal, un protocolo de nombramiento de refuerzos y revisión de plantillas, planes de formación y medidas en materia de salud laboral.

El único acuerdo viable

La otra organización firmante es UGT. Su portavoz nacional, Antonio Lozano, explica a Economist & Jurist que “este jueves firmamos el acuerdo que es importante, no solamente por el incremento retributivo que es lo más llamativo, porque además hay un compromiso del Ministerio de desarrollar otras materias que afectan al personal del ámbito transferido y que llevaba mucho tiempo sin tenerse en consideración”.

A su juicio, “el problema del Ministerio es que ha tenido el ámbito de gestión directa de su personal aparcado porque Justicia siempre ha dado prioridad a cuestiones generales que son de más trascendencia. Eso ha hecho que estas gestiones directas se quedaran en dique seco, entre ellas el reconocimiento retributivo que en el 2021 tuvimos una negociación dura porque llevaban trece años sin corregirlo. Conseguimos que se crease la mesa delegada, desgajada de la mesa sectorial de la Administración del Estado”.

Con este acuerdo, Lozano señala que “esta es la prueba de que la mesa delegada ha dado sus frutos. Hemos firmado un acuerdo que reconoce la labor de ese personal pero se van a negociar materias que nosotros teníamos interés en que se pongan en desarrollo como cualquier Consejería de Justicia con competencias transferidas”.

La unidad sindical se ha roto con este acuerdo. CCOO y STAJ en el lado izquierdo de la imagen no lo firman. CSIF y UGT lo suscriben. (Imagen: E&J)

Respecto al resto del personal, “nosotros en UGT lo tenemos claro lo que se debe hacer: En un año donde no hay Presupuestos Generales del Estado intentar una reivindicación del complemento general del puesto se nos antojaba complejo y podíamos encontrar que con una deriva política. Al mismo tiempo que cada administración pública debe atender a su personal. Las CC. AA. son responsables de su personal y deben seguir el camino del acuerdo suscrito con el propio Ministerio de Justicia”.

Las organizaciones sindicales que suscriben este acuerdo recuerdan que CC. AA. como el País Vasco, al igual que Madrid, cerraron incrementos retributivos y ahora se negocia en Cataluña. “En este escenario, el acuerdo suscrito con el Ministerio hay que ponerlo en valor y al mismo tiempo se abre un escenario en el que el resto de CC. AA. con competencias en justicia sigan el mismo camino”, concluye.

Un acuerdo inadmisible

En el lado de los sindicatos que no han suscrito este acuerdo, Luis Calero, secretario general de FSC-CCOO, mostró su desacuerdo con un comunicado contundente: “El Ministerio de Justicia ha actuado de mala fe cuando ha desviado la negociación de las reivindicaciones de la huelga estatal (no se nos olvide, una huelga de 2 meses y medio en 2023, la más larga y dura de nuestra historia) a la mesa de negociación del ámbito no transferido, porque su único objetivo ha sido intentar cerrar este conflicto con el menor coste”.

Desde su punto de vista, CSIF y UGT no han estado a la altura del Ministerio: “Se han convertido en defensores de la estrategia del Ministerio de Justicia, pueden dar lecciones de nada: ellos saben perfectamente que con lo que han hecho, han colaborado con Justicia en su intento de desactivar por completo el conflicto que ha llevado a miles de compañeras y compañeros a tener descuentos de miles de euros en la huelga por una lucha justa que ahora, Ministerio, CSIF y UGT se cargan de un plumazo”.

Calero recuerda que el conflicto no ha acabado —ni mucho menos— y que ya preparan movilizaciones en colaboración con STAJ. “Los sindicatos CSIF Y UGT han acudido a la mesa delegada y han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, lo que permitirá al secretario de Estado de Justicia y ministro salir en los medios de comunicación anunciando el fin del conflicto en Justicia, cosa que no es cierta”, critica.

CCOO y STAJ anuncian movilizaciones y acusan al Ministerio de Justicia de engañarles. (Imagen: E&J)

A su juicio, “ni el conflicto se acaba con este vergonzoso acuerdo (ni siquiera el incremento para el personal no transferido llega a ser ni la mitad del que se pactó con las asociaciones de LAJ), pese a las nuevas funciones que vamos a asumir con las nuevas normativas de eficiencia que están a punto de entrar. Creo que dichos sindicatos no podrán explicar cómo han abandonado a más del 70 % del personal de la Administración de Justicia de toda España”.

Justicia nos ha engañado

Eduardo Montesinos, representante sindical de STAJ en Barcelona, aclara que “la situación es compleja ahora. No nos oponemos a que se suba ahora a los compañeros del territorio Ministerio, pero hay que darse cuenta de que la huelga que se impulsó hace meses participaron todos los compañeros de todo el país. El Ministerio quiere resolver el conflicto que tiene con 45.000 trabajadores resolviendo el incremento salarial de unos 12.000 al subirles el complemento específico, cuando negociamos el complemento general”.

Con este acuerdo, cree que se rompe el dicho de “retribuciones justas y funciones claras. Justicia ha vuelto a una primera oferta que nos manifestó hace un año en mayo del 2023 cuando habló de negociar la subida solo en el ámbito no transferido. En aquel momento los sindicatos lo rechazamos porque hablábamos de un conflicto nacional, pedimos la modificación del complemento general del puesto que no se mueve desde hace veinte años, porque el conflicto afectaba a todos los trabajadores”.

Desde su punto de vista, el Ministerio de Justicia “nos ha mentido, porque nos dijo que suspendiéramos las movilizaciones que tras las elecciones de julio iba a haber dinero. Incluso Bolaños llegó a decir en una Conferencia Sectorial de Justicia algo parecido. Hemos accedido a la negociación del Ministerio con los grupos de trabajo que comentaron desarrollan, pero al final Justicia se desdice de todo y retoma la propuesta del año pasado. CCOO; ELA; CIGA y STAJ les decimos que no”.

En su opinión, “se ha roto la unidad de acción sindical con este acuerdo que no satisface al total de los 45.000 funcionarios del país porque este es un conflicto que afecta a todo el Estado. Estamos decepcionados con el Ministerio y con las organizaciones sindicales que suscriben este acuerdo. Ahora planteamos un calendario de movilizaciones conjuntas con CCOO a corto y medio plazo. El conflicto laboral abierto hace un año sigue sin cerrarse”.