Un informe de las asociaciones Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens denuncia la quiebra del Estado de Derecho en España

Entidades y personalidades como el Foro de Profesores —al que pertenecen los juristas Manuel Aragón y María Teresa Freixes, al mismo tiempo presidenta de Citizens por Europa—; Carlos Conde, profesor asociado de historia de la Universidad de Northumbria (Reino Unido); así como Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadanos; e Isabel Fernández, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, han hecho posible un estudio sobre la quiebra del Estado de Derecho en España.

Ese informe, que se envió a la Unión Europea el pasado mes de diciembre, acaba de ser actualizado por los últimos acontecimientos relacionados con la amnistía y entregada una copia a la Comisión de Venecia, que estuvo hace unos días en nuestro país.

En sus cincuenta páginas se dan detalles sobre una decena de «vulneraciones» que se observan tanto en las instituciones estatales como en la Generalitat. Así, analizan la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la independencia de la Fiscalía cuestionada por varias sentencias, el abuso de los decretos leyes por parte del Gobierno, el uso partidista de las instituciones y un análisis a fondo de la amnistía con las repercusiones para nuestra democracia.

Rafael Arenas explica a Economist & Jurist que «entre estos ejemplos de vulneración del Estado de Derecho destacan los ataques a la independencia judicial que están creciendo de forma continuada por parte del Gobierno como de sus socios». Y recuerdan los ataques dirigidos a los jueces de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, o de los ministros Ernesto Artasun de Cultura o de la vicepresidenta Teresa Ribera criticando la actuación del juez Manuel García-Castellón en relación con Tsunami Democràtic.

Para este jurista, «las críticas al poder judicial han ido creciendo de forma notable. Se ha modificado el Código Penal revisado los delitos de secesión y malversación de fondos. Este Gobierno está basado en la falsa creencia de que la soberanía popular mantiene un discurso equivocado desde el cual cualquier crítica que se haga a su gestión implica un debilitamiento equivocado contra las instituciones democráticas».

También aclara que este es el primer informe global sobre el Estado de Derecho y que con anterioridad se presentó uno más parcial desde la asociación Hay Derecho. El trabajo de estos académicos ha sido intenso mientras que Isabel Fernández desarrollaba la parte de los medios de comunicación y sus problemas con el Gobierno en materia de censura. Aragón, Freixes, Arenas y Conde se han intercambiado documentos sobre la salud democrática de nuestro país en estos últimos meses. «Un trabajo online y por videoconferencia sobre todo», aclaran.

Durante su intervención sobre la renovación del CGPJ, el comisario Didier Reynders señala la gravedad del problema. (Imagen: Comisión Europea)

Una respuesta inesperada de la sociedad civil

En este contexto, estos expertos destacan la reacción casi unánime de la sociedad civil con movilizaciones en Ferraz que aún persisten o quejas interpuestas en Bruselas por la mayoría de las asociaciones de nuestra sociedad civil. Al mismo tiempo, el CGPJ, asociaciones judiciales y otros operadores jurídicos como el propio ICAM con diversos foros en marcha, han dado un paso al frente en esta situación.

En ese informe enviado a Bruselas, la propia Freixes —que luego comparecía en el Parlamento Europeo— solicitaba que se «envíe un mensaje claro a los ciudadanos españoles y europeos desde la posición que ocupa sobre el gran daño que tal amnistía causaría al Estado de Derecho y la separación de poderes en España», además de manifestar su preocupación por la ley que están pactando los partidos independentistas y el PSOE con Sumar para cerrar el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, algo que será inminente.

En el texto se recuerda que una amnistía también sería contraria a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, el Estado de Derecho que recoge el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «como ya advirtió el presidente de la Comisión Europea al presidente de Rumanía en 2019» y recordaba que el Presidente del Gobierno y sus integrantes habían subrayado en varias ocasiones durante el último mandato el carácter inconstitucional de la amnistía.

«Ahora han cambiado de posición, ya que para permanecer en el poder necesitan los votos en el Congreso de los partidos cuyos líderes se beneficiarían de una amnistía», comentaba en una comparecencia pública reciente. Freixes, al igual que otros expertos, cree necesaria la intervención de las instituciones europeas para frenar esta escalada de despropósitos.

Sobre la renovación del CGPJ y las reuniones de Reynders con el ministro Bolaños y González Pons, dos en un mes pero sin ningún acercamiento, explicaba que “nos preocupa que haya sustituido a los mecanismos internos porque deben ser los presidentes de Congreso y Senado quienes insten a la renovación y a la reforma del sistema de elección de los vocales del propio CGPJ”.

Para Arenas, “sería peligroso que el CGPJ reflejara la mayoría parlamentaria existente en estos momentos. Necesitamos mucha claridad y mucha convicción y una labor de pedagogía en nuestra sociedad porque podemos dejar de ser una democracia si se mantiene esta deriva. Sin equilibrio de poderes no hay democracia”.

Rafael Arenas advierte de los mensajes populistas del Gobierno y de los peligros de la amnistía. (Imagen: Cesión propia)

Amnistía y corrupción política

Por su parte, Manuel Aragón ha mantenido sus tesis en este trabajo de hace unos días cuando presentó junto a otros académicos una obra contra la amnistía en nuestro poder. A su juicio, «el espectáculo que se está dando es un ejemplo palmario de corrupción política y jurídica, un espectáculo indigno del deterioro constitucional e institucional del Estado de Derecho», ha apostillado el magistrado emérito del Constitucional.

Al hilo ha avisado que esta futura norma negociada entre el PSOE y sus socios independentistas no es compatible con el derecho de la Unión Europea; un criterio compartido con Freixas. El catedrático ha puesto de relieve que se trata de un indulto generalizado, prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, y que, por lo tanto, está «prohibido constitucionalmente». «Esta amnistía en Alemania sería imposible», ha apostillado.

Desde Newcastle, Carlos Conde, profesor asociado de Historia en la Universidad de Northumbria (Reino Unido), explica a este periodista el movimiento de Foro de Profesores del que es presidente y que integra a unos 400 docentes en quince países diferentes. A esta entidad pertenecen también Aragón, Freixas y Arenas.

Este académico destaca que el informe que acaba de actualizarse analiza a fondo lo que es la amnistía y sus antecedentes, “una problemática que está erosionando la separación de poderes y que se remonta a los últimos diez años. Los problemas del Estado de Derecho son notables y el descrédito a las instituciones es palpable”.

A su juicio, “una de las cuestiones que más llama la atención es la hostilidad del poder ejecutivo contra los jueces españoles. Es preocupante cómo se quiere renovar el CGPJ, manteniendo las cuotas de poder de los partidos políticos sin disimulo alguno, como también fue en su día el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado y la falta de independencia actual de este Ministerio Público”.

La idea de estos juristas es seguir tomando el pulso a la amnistía e informar a las instituciones europeas de todo lo que pasa, ya que según Conde “estamos en una deriva muy peligrosa, donde hemos pedido amparo a las instituciones europeas que tienen un papel de supervisión de la UE. Nos deslizamos por una pendiente parecida a la de Polonia y Hungría cuyos gobiernos de distinto color político han querido colonizar el poder judicial”.

En este sentido, también subraya la estrecha relación que se mantiene entre el Poder judicial y el lawfare, que se analiza en ese estudio. “Lo peor es que el Gobierno ha comprando esos argumentos. Es algo muy grave. Y te quedas sin adjetivos. El asunto de lawfare tiene muchas ramificaciones desde el terrorismo y la investigación rusa que deben conocerse”.

También nos aclara que “desde Foro Profesores seguimos con la pista rusa. No solo afecta a España sino a la UE, la OTAN y la comunidad democrática internacional. Es un asunto muy grave. Haremos una jornada en Barcelona antes de las elecciones europeas de junio”.