Apuntes sobre el Real Decreto 681/2026 que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta
Un instrumento jurídico que llega cuando la crisis ya no es noticia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera del Tarajal. (Imagen: Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa)
Apuntes sobre el Real Decreto 681/2026 que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta
Un instrumento jurídico que llega cuando la crisis ya no es noticia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera del Tarajal. (Imagen: Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa)
El Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta. La norma, firmada por el Rey y refrendada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, activa un mecanismo previsto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, para hacer frente a una crisis que, según el propio texto, se originó con la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. La declaración se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga o finalización anticipada, y atribuye la Autoridad Funcional al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La primera objeción que merece este instrumento es de orden temporal y no puede ser soslayada por ningún jurista que se precie. La crisis migratoria en Ceuta estalló el 30 de julio. El Real Decreto se aprueba el 25 de agosto y se publica el 26. Han transcurrido casi cuatro semanas desde los hechos que motivan la declaración. El Gobierno ha esperado a que la atención mediática decayera y a que el verano avanzara para activar un mecanismo que, por su propia naturaleza, debería haber sido puesto en marcha en el momento en que la gravedad de los hechos lo exigía.
La seguridad nacional no es una categoría jurídica que pueda activarse a conveniencia, cuando el problema ya no ocupa las portadas de los periódicos. Es un instrumento de respuesta a crisis que, por su gravedad y urgencia, exigen una actuación inmediata. Que el Gobierno haya esperado casi un mes para declarar la situación de interés para la seguridad nacional revela una alarmante falta de previsión y una gestión que ha priorizado las vacaciones de los responsables sobre la seguridad de los ciudadanos de Ceuta.
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