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Claves para reducir las condenas penales de nuestros clientes

Claves para reducir las condenas penales de nuestros clientes

Por Puerto Solar Calvo. Jurista de Instituciones Penitenciarias. Doctora en Derecho

 

En breve: El presente trabajo pretende aportar una visión actual sobre la aplicación del artículo 76 del Código Penal de acuerdo con la jurisprudencia más reciente en la materia. La necesidad de trabajar por el retorno social de los condenados a pena privativa de libertad, promueve que busquemos la mejor posibilidad de acumulación jurídica, reduciendo el número y duración de las conocidas como condenas eternas. Por ello, se ofrecen tres caminos para la mejor interpretación del precepto que comentamos en el sentido que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece.    

Sumario: 

  1. Criterios de aplicación del artículo 76 del Código Penal
  2. Los Acuerdos del Tribunal Supremo de 2016 y 2018
  3. Necesarias propuestas de futuro

3.1. Nueva acumulación por cambio jurisprudencial

3.2. Eliminación de las sentencias estorbo

3.3. El problema de las sentencias europeas

  1. Conclusiones
  2. Formulario tipo: propuesta de escrito de solicitud de artículo 76 del Código Penal

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO PENAL

El artículo 76 del Código Penal (en adelante, CP) trata de evitar condenas de prisión inmanejables a efectos de la reinserción de los condenados. En concreto, su párrafo primero determina que “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años”.

La interpretación de este precepto por el Tribunal Supremo, y los criterios que el mismo ha impuesto para la aplicación de una posible acumulación jurídica de las condenas impuestas ha sido en general favorable al reo[1]. De modo que se prescinde de la rationae materia y toma como referencia única y exclusivamente la rationae temporis. Esto es, con independencia de su naturaleza, se tiene en cuenta la fecha de hechos probados de los delitos cometidos y la fecha en que hubieran sido respectivamente sentenciados[2]. Sin embargo, a la par, y con la finalidad de evitar acumulaciones jurídicas materialmente injustas, el Tribunal Supremo ha consolidado dos parámetros predominantes para excluir condenas de un posible bloque de acumulación. A saber, que los hechos que dan lugar a dicha condena estuviesen: bien, sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; bien, sean posteriores a la sentencia que determina la acumulación, cuando ésta no sea la última[3]. De modo que sólo son acumulables las condenas referidas a aquellos hechos, próximos o lejanos en el tiempo, que no se encuentren separados por una sentencia firme[4].

Tras los múltiples cambios normativos del CP en el sentido de aproximar la redacción de los preceptos transcritos a la interpretación que el Tribunal Supremo ha ido imponiendo, la Ley Orgánica 1/2015 ha supuesto un paso más para la armonización jurídica en relación con esta figura. La nueva redacción del apartado 2 del artículo 76 del CP acerca la redacción de la norma penal a la jurisprudencia que hemos comentado. Así:

“La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar”.

 

LOS ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 2016 Y 2018

Como segundo camino de necesaria mejora, corresponde destacar aquellos supuestos que cumplen con el requisito temporal para proceder a la acumulación, pero en los que no se opta por la acumulación más favorable, al incluirse en la misma las conocidas como sentencias estorbo. La colisión que estos supuestos plantean con el artículo 25.2 de la Constitución Española es evidente. Los propósitos prácticos de reinserción se vuelven quimeras si nos enfrentamos a penas excesivamente largas, lo que se han dado en llamar condenas eternas. De ahí que parte de la doctrina con la que nos posicionamos, reclame cambios al respecto.

Para su resolución, bastaría con una modificación jurisprudencial, no siendo necesario cambio normativo alguno para que, dentro del literal del artículo 76.2 del CP, y respetando el requisito de conexidad temporal que determina, se eliminase de las acumulaciones las sentencias estorbo, buscando así la acumulación jurídica que sea más favorable al reo. Por el momento, la postura mayoritaria, aunque cada vez más discutida, del Tribunal Supremo al respecto es realizar la acumulación jurídica siguiendo el orden cronológico de las sentencias impuestas, y buscando cuáles cumplen con el requisito de conexidad respetando esa sucesión temporal. La propuesta que aquí hacemos prescinde de esa limitación. De manera que, con independencia de ese orden cronológico de las sentencias, y siempre que se cumpla el requisito temporal que la norma y la lógica jurídica exigen, se puedan eliminar de la acumulación las sentencias estorbo que evitan estimar la triple de la condena más favorable al reo.

Como decimos, ni el literal del artículo 76.2 del CP ni la jurisprudencia antes destacada se oponen a que se busque esa combinación que pueda dar lugar a la triple más favorable al interno. Parece que la lógica del análisis que el operador jurídico realiza para el estudio de la acumulación -seguir el orden cronológico de las sentencias impuestas-, se ha convertido en una limitación al resultado de la misma, sin que tal limitación se establezca en ninguna norma. A su vez, como fundamento de esta postura, ha de tenerse en cuenta que una perspectiva, ya no resocializadora, sino meramente humanitaria del cumplimiento, reclama soluciones prácticas que acorten condenas desproporcionadas teniendo en cuenta los márgenes habituales de duración de la vida humana.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 186/2014, de 13 de marzo, vino a establecer la posibilidad de acumulación de las sentencias dictadas en nuestro país y en otros Estados miembros. Ello en base a dos fundamentos principales. De un lado, teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial antes expuesto, y confirmado posteriormente en la nueva versión del artículo 76 del CP tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, que escoge la conexidad temporal como único requisito a tener en cuenta. De otro, la consideración de ser más conforme esta interpretación con la existencia de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, que implica, de alguna forma, una distinta consideración de algunos aspectos relacionados con el ejercicio de la soberanía. Por ello, tal y como establece la referida sentencia, en tanto no hubiera normas que expresamente regulasen esta materia, la interpretación de las vigentes debería realizarse de la manera más conforme posible con el contenido de la normativa europea. De ahí que entienda que no constituye un límite a la posibilidad de acumulación el que la sentencia haya sido dictada por un tribunal de otro Estado de la Unión Europea.

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