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El derecho a la ejecución como parte de la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia constitucional

Tiempo de lectura: 46 min

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

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El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española contiene un haz de derechos fundamentales, delimitados por un sólido cuerpo doctrinal de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre los que se encuentra el derecho a la ejecución e intangibilidad de las resoluciones firmes, cuya proyección alcanza a todos los órdenes jurisdiccionales, sentando una línea infranqueable para todos los poderes públicos, sean jueces o tribunales, órganos de la Administración, u órganos legislativos, los cuales han de respetar las directrices que se exponen en el presente trabajo, sin perjuicio de las nuevas que se vayan creando en el futuro, ante el avance imparable del ilimitado poder de la tantas veces nombrada Tutela Judicial Efectiva.

I. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

El derecho a la tutela judicial efectiva forma parte de los principios constitucionales que informan el proceso, aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales con carácter general, sin perjuicio de la especialidad que presenta el proceso penal inspirado por otros criterios que no serán objeto de estudio en este trabajo.  Son principios constitucionales además del derecho a la tutela judicial efectiva, los siguientes derechos: a obtener una sentencia fundada en Derecho, al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso público y, a un juicio sin dilaciones indebidas. Todos ellos se encuentran amparados por la Constitución española por lo que reciben una protección especial, además de ser informadores de la legislación positiva de nuestro ordenamiento jurídico, cuyo control se encomienda al Tribunal Constitucional. El reconocimiento en la CE del derecho a la tutela produce un efecto paradójico, ya que convierte al Tribunal Constitucional en una especie de última instancia jurisdiccional que se emplea principalmente para controlar y revisar las actuaciones del poder judicial[1].



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