La paradoja de la longevidad: jubilados con experiencia en una sociedad que los excluye
La sociedad opera bajo esquemas que asocian la jubilación con la retirada definitiva de la vida productiva
(Imagen: E&J)
La paradoja de la longevidad: jubilados con experiencia en una sociedad que los excluye
La sociedad opera bajo esquemas que asocian la jubilación con la retirada definitiva de la vida productiva
(Imagen: E&J)
En una publicación anterior analizábamos las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder al empleo, la vivienda y la independencia económica. Sin embargo, existe otra realidad que suele pasar desapercibida en el debate público: la de millones de personas que, tras alcanzar la edad de jubilación, continúan gozando de buena salud, mantienen intactas sus capacidades intelectuales y profesionales y desean seguir aportando a la sociedad, pero encuentran crecientes barreras derivadas de su edad.
La denominada generación “Silver” se ha convertido en uno de los colectivos con mayor potencial económico, social y humano del siglo XXI. Paradójicamente, mientras los Estados han adaptado sus sistemas de pensiones para responder al aumento de la esperanza de vida, la sociedad y muchas de sus instituciones continúan operando bajo esquemas que asocian la jubilación con la retirada definitiva de la vida productiva.
La cuestión plantea una reflexión de fondo: ¿estamos preparados para una sociedad donde las personas viven más años, permanecen activas durante más tiempo y desean seguir participando en la vida económica y social después de la jubilación?
Del nacimiento de las pensiones a la sociedad de la longevidad
La jubilación es una institución relativamente reciente en términos históricos. Durante siglos, las personas trabajaban mientras sus condiciones físicas se lo permitían y dependían de la familia o de la beneficencia cuando ya no podían hacerlo.
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El primer sistema moderno de protección para la vejez suele situarse en la Alemania de finales del siglo XIX, impulsado por Otto Von Bismarck. En 1889 se estableció un sistema de pensiones para trabajadores que llegaban a los 70 años, una cifra que, en aquella época, muy pocos lograban alcanzar debido a la reducida esperanza de vida. Posteriormente, otros países europeos adoptaron sistemas similares. Durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, la consolidación del Estado del bienestar convirtió las pensiones en uno de los pilares fundamentales de la protección social.
En América del Norte, la aprobación de la Social Security Act de 1935 en Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la protección económica de las personas mayores. Por su parte, numerosos países latinoamericanos incorporaron progresivamente sistemas de seguridad social inspirados en los modelos europeos, aunque con distintos niveles de cobertura y sostenibilidad.
Todos estos sistemas compartían una misma premisa: la jubilación debía proteger a las personas durante una etapa relativamente corta de su vida. Lo que ninguno de sus diseñadores pudo prever fue el extraordinario incremento de la longevidad que experimentaría la humanidad durante las décadas siguientes.
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La evolución normativa de la jubilación en España
España no ha sido ajena a esta transformación. El sistema de protección a la vejez evolucionó desde mecanismos asistenciales limitados hasta la consolidación de un sistema público de pensiones integrado en la Seguridad Social.
La Constitución Española de 1978 otorgó un papel central a la protección social. El artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Por su parte, el artículo 50 obliga a los poderes públicos a garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Durante décadas, la edad ordinaria de jubilación se situó en los 65 años. Sin embargo, el progresivo envejecimiento de la población y el incremento constante de la esperanza de vida obligaron a replantear el modelo.
Las reformas aprobadas en los últimos años han introducido un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años para determinados supuestos, al tiempo que se han establecido incentivos para quienes deciden prolongar voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria.
La transformación normativa española en materia de jubilación ha sido especialmente intensa durante la última década. La Ley 27/2011 introdujo una de las reformas más relevantes del sistema de pensiones al establecer un incremento progresivo de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, proceso que culminará plenamente en 2027. La medida respondió al aumento de la esperanza de vida, a la disminución de la tasa de natalidad y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.
Posteriormente, las reformas impulsadas entre 2021 y 2023 profundizaron en esta línea, fomentando la denominada jubilación demorada mediante incentivos económicos para quienes deciden prolongar voluntariamente su actividad profesional más allá de la edad ordinaria. Paralelamente, se fortalecieron mecanismos como la jubilación activa, que permite compatibilizar parcialmente el cobro de la pensión con el desarrollo de determinadas actividades laborales o profesionales.
Estas reformas evidencian un cambio de paradigma. El legislador ya no contempla la jubilación exclusivamente como el final de la vida laboral, sino como una transición más flexible entre la actividad y el retiro. Sin embargo, esta evolución normativa todavía no ha venido acompañada de una transformación equivalente en el mercado laboral, en las entidades financieras ni en buena parte de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
La lógica de estas reformas es comprensible. Cada vez vivimos más años y el sistema necesita equilibrar el número de cotizantes con el número de pensionistas. Sin embargo, el debate se ha centrado principalmente en la sostenibilidad financiera de las pensiones y mucho menos en el papel que pueden desempeñar las personas mayores una vez alcanzan la jubilación.
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La revolución silenciosa de la esperanza de vida
España es actualmente uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Alcanzar los 80 o incluso los 90 años ya no constituye una excepción. Esta realidad ha transformado completamente el concepto tradicional de vejez. Una persona de 65 años hoy presenta unas condiciones físicas, cognitivas y sociales muy distintas a las que tenía una persona de esa misma edad hace medio siglo.
Muchos profesionales alcanzan la jubilación en un momento de plena madurez intelectual. Médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, investigadores, profesores o directivos acumulan décadas de experiencia, redes profesionales consolidadas y un conocimiento difícilmente reemplazable. Sin embargo, la jubilación continúa operando en muchos casos como una frontera simbólica que marca el paso de ciudadano productivo a ciudadano retirado.
La consecuencia es la pérdida de una enorme cantidad de talento, experiencia y conocimiento que podría seguir generando valor para la sociedad.
La discriminación silenciosa de la generación “Silver”
A pesar de los avances en materia de igualdad y no discriminación, la edad continúa siendo uno de los factores que generan mayores barreras sociales y económicas. Muchas personas mayores encuentran dificultades para acceder a determinados seguros de salud privados o se enfrentan a primas significativamente más elevadas. Los seguros de vida suelen restringir coberturas a partir de determinadas edades y numerosos productos financieros limitan el acceso en función de criterios etarios.
Situaciones similares se producen en el mercado hipotecario. Aunque una persona jubilada disponga de ingresos estables, patrimonio y capacidad de pago, las entidades financieras suelen considerar la edad como un factor de riesgo adicional. En el ámbito laboral, el edadismo continúa siendo una realidad. Numerosos profesionales mayores de 55 años encuentran enormes dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo tras una situación de desempleo. En muchos casos, la experiencia deja de percibirse como un valor para convertirse en un obstáculo.
Esta exclusión resulta particularmente paradójica en una sociedad que, simultáneamente, enfrenta escasez de talento en determinados sectores y dificultades para transmitir conocimiento entre generaciones.
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Desde una perspectiva jurídica, estas situaciones plantean además un debate cada vez más relevante en torno al denominado edadismo. Aunque el ordenamiento jurídico español y europeo prohíbe diversas formas de discriminación, la edad continúa siendo uno de los factores menos visibilizados en las políticas de igualdad.
La Directiva 2000/78/CE de la Unión Europea estableció un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, incluyendo expresamente la edad como uno de los factores protegidos frente a la discriminación. No obstante, en la práctica continúan existiendo importantes barreras que afectan especialmente a los trabajadores de mayor edad, tanto en los procesos de selección como en las oportunidades de promoción o reincorporación laboral.
La paradoja resulta evidente. Mientras las políticas públicas incentivan carreras profesionales más largas para sostener el sistema de pensiones, numerosos profesionales mayores de 55 años encuentran enormes dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales. El resultado es una contradicción institucional en la que el sistema necesita prolongar la vida activa de las personas, pero el mercado continúa expulsándolas prematuramente.
El edadismo no se limita al empleo, también aparece en el acceso a determinados productos financieros, pólizas de seguro, servicios tecnológicos e incluso en la representación de las personas mayores dentro de los procesos de toma de decisiones. La edad, lejos de ser considerada una fuente de experiencia y conocimiento, continúa siendo percibida en muchos ámbitos como un factor de riesgo.
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La realidad española presenta una contradicción particularmente interesante. Mientras una parte importante de los jóvenes encuentra dificultades para incorporarse al mercado laboral, acceder al crédito o emanciparse por falta de experiencia y recursos, una parte significativa de la generación senior afronta obstáculos similares por razones exactamente opuestas: posee experiencia, conocimiento y, en muchos casos, estabilidad económica, pero encuentra barreras derivadas exclusivamente de su edad.
Se trata de dos generaciones aparentemente situadas en extremos opuestos del ciclo vital, pero que comparten una misma sensación de exclusión. Los jóvenes escuchan que carecen de experiencia para acceder a determinadas oportunidades; los seniors descubren que poseen demasiada experiencia para ser considerados competitivos en determinados mercados.
Esta situación genera ineficiencias económicas evidentes. España enfrenta simultáneamente problemas de acceso al empleo juvenil, escasez de vivienda asequible, envejecimiento poblacional y pérdida de talento senior. Sin embargo, las políticas públicas continúan abordando cada uno de estos desafíos de forma aislada, cuando muchos de ellos podrían resolverse mediante estrategias de cooperación intergeneracional.
Es precisamente en este contexto donde adquieren especial relevancia las experiencias de cohousing, vivienda colaborativa e iniciativas de mentoría intergeneracional, capaces de generar beneficios recíprocos para ambas generaciones.
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Vivienda colaborativa e intergeneracional: una oportunidad de futuro
En distintos países europeos han surgido experiencias de vivienda colaborativa donde personas mayores y jóvenes comparten espacios, servicios y proyectos de vida comunitaria. Algunas iniciativas incorporan mecanismos de acompañamiento mutuo, intercambio de conocimientos y apoyo cotidiano. Otras desarrollan fórmulas mediante las cuales personas mayores contribuyen a facilitar el acceso a la vivienda de generaciones más jóvenes a cambio de compañía, asistencia o participación comunitaria.
Más allá de resolver necesidades habitacionales, estas experiencias contribuyen a reconstruir vínculos sociales que se han debilitado en sociedades cada vez más individualizadas. La vivienda colaborativa intergeneracional aparece, así como una herramienta capaz de responder simultáneamente a problemas de soledad no deseada, acceso a la vivienda y cohesión social.
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Generación Savia y el reconocimiento del talento senior
España también ha comenzado a desarrollar iniciativas destinadas a visibilizar el valor de los profesionales senior. Un ejemplo destacado es Generación Savia, una plataforma que promueve la empleabilidad, el emprendimiento y la participación de las personas mayores de 50 años. La iniciativa parte de una idea sencilla pero poderosa: la experiencia constituye un activo económico y social que no debería desperdiciarse.
Frente a una cultura que tradicionalmente ha asociado la edad con la pérdida de productividad, programas de esta naturaleza reivindican la necesidad de aprovechar el conocimiento acumulado durante décadas de trayectoria profesional. Generación Savia representa además un ejemplo de cómo la sociedad civil comienza a responder a un desafío que las instituciones todavía no han abordado plenamente: transformar el envejecimiento de la población en una oportunidad económica y social, y no únicamente en un problema asociado a las pensiones o al gasto público.
El proyecto pone el foco en la empleabilidad, el emprendimiento y la visibilización del talento senior, demostrando que la experiencia acumulada puede seguir generando valor mucho después de alcanzada la edad de jubilación.
El reto no consiste únicamente en permitir que las personas mayores sigan trabajando si así lo desean, sino también en crear espacios donde puedan compartir experiencia, mentorizar nuevas generaciones, emprender proyectos o participar activamente en la construcción de soluciones para los desafíos contemporáneos.
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A modo de conclusión, la discusión sobre la generación “Silver” no puede reducirse al debate sobre las pensiones. La verdadera cuestión consiste en determinar qué papel queremos reservar a millones de ciudadanos que todavía poseen capacidad, conocimiento y voluntad de contribuir activamente a la sociedad.
España afronta uno de los procesos de envejecimiento más intensos de Europa. Frente a esta realidad, las políticas públicas no deberían limitarse a garantizar ingresos durante la jubilación, sino también a promover mecanismos efectivos de participación económica, profesional y social para quienes desean seguir aportando valor.
La experiencia acumulada durante décadas constituye una forma de capital social tan valiosa como el capital financiero o tecnológico. Ignorarla supone una pérdida para los propios seniors, pero también para el conjunto de la sociedad.
Si el siglo XX construyó un sistema destinado a proteger a las personas mayores de la pobreza, el gran desafío del siglo XXI será protegerlas de la exclusión derivada de la edad. Porque en una sociedad cada vez más longeva, la verdadera innovación no consistirá únicamente en vivir más años, sino en garantizar que esos años sigan siendo plenamente útiles, participativos y dignos.
