La sociedad abierta no pide permiso

Quienes firman estas líneas comparten un diagnóstico: las organizaciones de la sociedad civil padecen un déficit estructural de desarrollo y de visibilidad. No porque sus propósitos sean menores, sino porque sus recursos son escasos y su presencia en el espacio público, episódica. Muchas sobreviven con dificultades, formulan reclamos que quedan primero perdidos y luego olvidados; las que llegan a impulsar litigios estratégicos logran dejar huella, pero son la excepción. Desde ese diagnóstico compartido, este artículo propone una lectura crítica de los instrumentos sugeridos por el autor original¹ y una vía alternativa que no contradice lo planteado, sino que procura llevarlo más lejos.

La propuesta original plantea que los medios de prensa cedan espacios a las organizaciones cívicas, coordinados mediante un consejo de notables y estimulados por la técnica del fomento administrativo. La idea tiene el mérito de la viabilidad política: no requiere legislación de emergencia ni organismos nuevos. Pero la técnica del fomento puede no ser neutral, por lo que conviene examinarla con rigor antes de adoptarla como palanca principal.

Toda relación de fomento supone una asimetría estructural: quien otorga el beneficio retiene implícitamente la facultad de retirarlo, y esa asimetría podría producir disciplinamiento en los beneficiados. La historia reciente de América Latina y de Europa ofrece casos donde la amenaza de retirar beneficios a medios operó como instrumento de presión editorial. En contextos donde los gobiernos han cooptado sistemáticamente a los medios tradicionales, atar a las organizaciones cívicas a esos mismos medios como canal de visibilidad las expone a quedar atrapadas en la misma lógica de dependencia que se pretende superar. El resultado podría ser una sociedad civil formalmente visible pero en la práctica domesticada, cuya agenda termina siendo la del medio que le cede el espacio, el que podría ser a su vez un medio domesticado.

Otro asunto a tratar es el de la elegibilidad. ¿Quién decide qué organización accede al espacio que le daría un beneficio fiscal al medio de prensa? Si lo decide cada medio según su valoración editorial, la autonomía de la organización queda subordinada a esa línea. Si lo decide el Estado mediante regulación, existe el riesgo de que quien administra el esquema redefina discrecionalmente qué cuenta como “interés público” para orientar los contenidos según su conveniencia. El decreto argentino 1201/98, que permitió a emisoras de radio y televisión saldar deudas con el regulador entregando segundos de publicidad para campañas de interés público, ilustró ese riesgo: los canales cumplieron el decreto de buena fe, pero el gobierno de turno utilizó los espacios para difundir propaganda de gestión que la justicia consideró ajena al interés general que el decreto exigía. El problema no estuvo en los beneficiarios del esquema sino en quien definía qué merecía ese nombre.

Dos referencias de derecho comparado convergen en el mismo punto. En España, el Tribunal Supremo, mediante STS 301/2022, de 31 de enero (Sala Tercera, Sección Tercera, BOE-A-2022-4207), anuló el mecanismo de financiación del bono social eléctrico: el Estado había hecho recaer sobre las empresas comercializadoras el costo de una prestación social de interés general sin justificación objetiva, cuando la solución era financiarla con presupuesto público. En Argentina, la disidencia del ministro Boffi Boggero en Cine Callao (Fallos 247:121, 1960) había anticipado ese razonamiento décadas antes: imponer al sector privado el costo de una política de interés general, sin compensación proporcional, desnaturaliza tanto el derecho de propiedad como la propia política que se pretende sostener. La mayoría de la Corte no lo siguió entonces, pero la deriva que Boffi Boggero quiso evitar, convertir a los privados en financiadores involuntarios de objetivos públicos bajo amenaza de sanción, es exactamente la que el Tribunal Supremo español corrigió décadas más tarde. Una disidencia visionaria no deja de serlo porque haya llegado tarde a la mayoría.

(Imagen: Poder Judicial)

El principio que emerge de ambas referencias es el mismo: si el Estado decide que las organizaciones cívicas merecen visibilidad, la carga de financiarla le corresponde al Estado. Esto no implica rechazar el fomento; implica diseñarlo correctamente. La diferencia no es entre fomento sí y fomento no, sino entre un fomento que va directamente a las organizaciones para que construyan sus propios canales, con menos intermediarios y menos puntos de captura, y un fomento que pasa por los medios, añadiendo una capa de dependencia que reproduce en escala menor el problema que se quiere resolver.

Pero hay un argumento más profundo que el jurídico. Los medios tradicionales, prensa escrita, televisión abierta y radio generalista, atraviesan un declive estructural que no es coyuntural: se puede observar cómo la publicidad migra a plataformas de segmentación algorítmica, la audiencia joven consume cada vez menos televisión lineal y compra muy pocos diarios físicos. La información circula en comunidades digitales organizadas por interés temático. Construir visibilidad sobre esa infraestructura en declive es una estrategia de horizonte corto; no porque los medios vayan a desaparecer mañana, sino porque su capacidad de llegar a las audiencias que las organizaciones cívicas necesitan formar se reduce cada año. El escepticismo ciudadano hacia los medios cooptados abre, paradójicamente, un espacio que las organizaciones cívicas, las que logran crecer, pueden ocupar si tienen la voluntad de intentarlo.

Por todo ello, la pregunta relevante no es cómo insertarse en medios que declinan, sino cómo construir el propio ecosistema de comunicación. Los canales de video digital, las publicaciones en plataformas de suscripción, los podcasts temáticos y las redes de largo aliento tienen costos de entrada cercanos a cero. La publicidad digital puede segmentarse por comunidades de interés exactamente del modo en que las organizaciones cívicas organizan su actividad: derechos humanos, medio ambiente, integridad institucional, educación, ciudad. Una organización de defensa del Estado de Derecho no debería necesitar que un diario le ceda un cuarto de página; necesitaría un canal propio que sus redes viralicen y que, con el tiempo, obligue a los propios medios tradicionales a nutrirse de esas fuentes cuando la agenda lo justifica.

La objeción más seria a este modelo no es de diseño sino de escala: la sociedad civil organizada en Argentina y en España no tiene hoy la masa crítica ni la coordinación que el ecosistema propuesto requiere. El modelo es viable porque los costos de entrada son bajos y la tecnología está disponible; lo que falta es la coordinación entre muchas organizaciones que hoy compiten por visibilidad individual. El problema, entonces, no está en el modelo: está en la ausencia de un marco que incentive la construcción colectiva. Ese marco coordinador es precisamente lo que falta diseñar. No es poca cosa, lamentablemente, ni se avizora mucha vocación para ese cometido.

(Imagen: E&J)

El consejo propuesto en los artículos precedentes podría ser exactamente ese marco. No como comité que negocia con los diarios la cesión de espacios, sino como comité editorial de un ecosistema de comunicación cívica común: con una columna semanal de rotación entre organizaciones en los medios que adhieran voluntariamente, con gestores de comunidad capaces de generar sinergias entre las redes de cada organización, y con, por ejemplo, un premio anual a la iniciativa cívica más innovadora o relevante del año como mecanismo de visibilidad, de incentivo y de generación de agenda. Un reconocimiento de esas características, con un jurado de credibilidad y difusión coordinada entre todas las organizaciones participantes, puede producir más impacto en el espacio público que meses de negociación con redacciones en crisis.

Ambas estrategias, la del fomento y la del ecosistema propio, no se excluyen. Un fomento bien diseñado, que subvencione directamente a las organizaciones y no a los medios que las alojan, puede ser el puente que permita construir la masa crítica inicial. Pero el destino del fomento importa tanto como su existencia: subsidiar la dependencia de los medios tradicionales es distinto a financiar la independencia de las organizaciones. El primero reproduce el problema con mejores intenciones; el segundo apunta a resolverlo.

Nada de esto es sencillo ni inmediato, y sería deshonesto presentarlo como una solución lista para ejecutar. Lo que sí puede afirmarse es que las condiciones tecnológicas para intentarlo nunca fueron más favorables, y que el declive de los medios tradicionales abre un espacio que otros, sin las credenciales ni las redes de las organizaciones cívicas, ya están ocupando. Kafka describió en su parábola Ante la ley a un hombre que espera toda su vida que el guardián le permita entrar, y solo cuando está cerca de morir descubre que esa puerta estaba abierta únicamente para él. Las organizaciones cívicas no deberían reconocerse en ese hombre. La autonomía de la sociedad civil empieza y termina en la autonomía de sus propios canales de comunicación. Construirlos es un proyecto imprescindible de largo aliento. Pero posponerlo indefinidamente mientras se espera que los medios cedan espacio es, también, una melancólica decisión.

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¹ Las referencias al “autor original”, “artículos precedentes” y “propuesta original” se refieren a dos notas de Beltrán Gambier en Infobae: “La prensa y la sociedad civil” (5 de mayo de 2026): https://www.infobae.com/america/opinion/2026/05/05/la-prensa-y-la-sociedad-civil/ y “La prensa y la sociedad civil II” (11 de mayo de 2026): https://www.infobae.com/america/opinion/2026/05/11/la-prensa-y-la-sociedad-civil-ii/