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Las cuestiones procesales abiertas del Real Decreto-ley 29/2026 en los procesos de desahucio

Claves procesales del RDL 29/2026 en desahucios: suspensión por vulnerabilidad hasta 2030, enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC y recursos

Publicación del BOE

(Imagen: E&J)

José Ramón Pérez Velasco

Abogado en el despacho De Vega Ruiz y Matias




Tiempo de lectura: 21 min

Publicado




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Las cuestiones procesales abiertas del Real Decreto-ley 29/2026 en los procesos de desahucio

Claves procesales del RDL 29/2026 en desahucios: suspensión por vulnerabilidad hasta 2030, enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC y recursos

Publicación del BOE

(Imagen: E&J)

El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, se publicó en el BOE del 7 de octubre y entró en vigor al día siguiente, el 8 de octubre de 2026, en un contexto que no conviene perder de vista: el Congreso había derogado cinco días antes el Real Decreto-ley 26/2026, de contenido sustancialmente coincidente, las Cámaras se disolvieron el 5 de octubre y la convalidación del nuevo texto corresponde, por tanto, a la Diputación Permanente del Congreso, dentro del plazo de treinta días del art. 86.2 CE, en relación con el art. 78.2 CE.

Desde la óptica del proceso civil, la norma incorpora tres cuestiones novedosas que afectan de lleno al juicio de desahucio.

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La primera es un régimen temporal de suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, desdoblado en dos supuestos según quién sea el demandante (art. 2.1 y art. 2.2), con un ámbito temporal que llega al 31 de diciembre de 2030.

La segunda es la enervación extraordinaria de la acción de desahucio a cargo de la Administración, que el art. 5.Dos lleva al nuevo apartado 6 del art. 22 LEC con vocación de permanencia y al margen de la enervación ordinaria del apartado 4.

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La tercera es la regla transitoria de la disposición transitoria 2.ª, que proyecta ambos mecanismos sobre las ejecuciones de resoluciones dictadas en los procedimientos del art. 441.5 LEC que se encuentren en curso, siempre que no se hubiera practicado el lanzamiento.

El propósito de estas páginas es acotar las cuestiones procesales que plantean mayores dificultades prácticas y ofrecer para cada una de ellas una solución razonable, apoyada en el propio texto de la norma y en la integración analógica con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

I. El cauce procesal del incidente

El art. 2 del Real Decreto-ley 29/2026 no especifica a qué procesos se aplica. Su rúbrica “Suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional” y su texto se refieren genéricamente a “los procesos” en que actúe como demandante una u otra clase de sujeto, sin mayor precisión.

Entiendo que la referencia natural son los procesos en que la Ley de Enjuiciamiento Civil ya prevé el incidente de vulnerabilidad, esto es, los del art. 441.5 LEC, que en la redacción dada por la disposición final 5.ª.4 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, comprende los juicios verbales del art. 250.1.1.º, 2.º, 4.º y 7.º cuando el inmueble constituye la vivienda habitual de la parte demandada: desahucio por falta de pago de rentas y cantidades asimiladas o por expiración del plazo, recuperación de la finca cedida en precario, recuperación de la posesión de vivienda ocupada sin consentimiento y efectividad de derechos reales inscritos, estando excluidos los procedimientos de ejecución hipotecaria.

La propia disposición transitoria 2.ª confirma esta lectura al referirse a los procedimientos a que se refiere el apartado 5 del artículo 441 de la LECv.

Tampoco se fija un trámite específico para su tramitación, por lo que la respuesta más ajustada seria acudir, por analogía, al trámite del art. 441.5 LEC, que resuelve cuestiones planteadas sobre la misma materia. La procedencia de la suspensión no se sustanciaría, por tanto, en pieza separada, sino dentro del propio proceso, porque sus efectos se producen en él.

Ello conduciría a suspender el curso del proceso mientras se resuelve el incidente, concediendo a las partes un trámite de audiencia de cinco días para alegar y aportar lo que convenga a su derecho sobre la condición del demandante (y, con ella, sobre la aplicación del régimen del art. 2.1 o del art. 2.2, según sea o no una de las entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en las condiciones descritas en el precepto); sobre la situación de vulnerabilidad del demandado, presupuesto inexcusable, pues si no se acredita el proceso se reanuda; sobre la procedencia de la enervación extraordinaria; o sobre la compensación económica del demandante.

La primera cuestión que debe examinarse es la condición de quien figura como demandante, pues el art. 2 del Real Decreto-ley establece dos regímenes distintos.

Bloque de viviendas

(Imagen: E&J)

II. La suspensión del art. 2.1: quién demanda

El primer régimen de suspensión de los desahucios se refiere a un tipo determinado de demandante: las entidades, con o sin personalidad jurídica, dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado.

Precisando, el citado precepto, que quedan fuera los entes públicos territoriales y los organismos, empresas y sociedades del sector público cuya finalidad sea la promoción y gestión de vivienda social y asequible.

Igualmente quedan fuera las personas jurídicas que ostenten la condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda a quienes el art. 2.1 no menciona como com. Estas sí aparecen en el art. 1.1, pero como sujetos de la limitación de adquisiciones, junto a las entidades del art. 2.1 y a las de su grupo, y no como demandantes sometidos a la suspensión imperativa. Incorporarlas al art. 2.1 supondría extender, por vía interpretativa, una suspensión de más de cuatro años, sin revisión ni compensación, a un supuesto que la norma no contempla, en contra de la prohibición de aplicar las normas excepcionales y de ámbito temporal a supuestos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (art. 4.2 CC).

La persona jurídica gran tenedora que no reúna los rasgos del art. 2.1 queda sometida, por tanto, al art. 2.2 y, en los desahucios por impago, a la enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC, con la particularidad de que nunca podrá invocar la prevalencia de su propia vulnerabilidad.

1. El precio claramente inferior y la finalidad

El precepto no dice qué ha de entenderse por precio claramente inferior al valor de tasación de mercado, y estamos ante un concepto jurídico indeterminado del que depende nada menos que la aplicación de una suspensión del desahucio por tiempo de más de cuatro años.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 podría entenderse un valor de contraprestación inferior al setenta por ciento de su valor de mercado, determinado, a la fecha del acuerdo vinculante, por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Banco de España, independiente de las partes, que emitirá un informe que deberá aportar la parte compradora.

El art. 2.1 añade además un elemento finalista para la aplicación de este régimen: que la adquisición se haga para eludir los mecanismos de función social de la vivienda o para maximizar la rentabilidad mediante rentas, precios de reventa o usos no residenciales desproporcionados. Es un elemento subjetivo de difícil acreditación, de modo que la cuestión quedará, en la práctica, remitida al incidente de suspensión y a la valoración que en él se haga de lo alegado por las partes.

Por analogía con el art. 1.2, entiendo que esa finalidad no concurre, y que se excluye por tanto la aplicación del régimen del art. 2.1, cuando la demandante acredite que la adquisición de la vivienda objeto del procedimiento responde a alguna de las siguientes finalidades:

a) Su destino a vivienda habitual a precio asequible o social hasta al menos el 31 de diciembre de 2030.
b) Su destino a residencia de personas que precisen atención sociosanitaria.
c) Su destino a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables por parte de entidades del tercer sector de acción social.
d) Su destino a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto de atención como residencial y en cualquiera de sus modalidades.
e) La adhesión y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, con la advertencia de que, mientras ese Código no se apruebe, la excepción no puede invocarse (art. 1.5, último párrafo).

2. La acreditación de la condición del demandante

Nada dice la norma sobre cómo se acredita que el actor encaja en el art. 2.1. Si la demanda se presenta tras la entrada en vigor, lo lógico es que el actor exponga en ella las circunstancias que permiten determinar si está o no incluido en el citado precepto, en coherencia con las cargas de alegación que ya impone el art. 439.6 LEC respecto de la vivienda habitual y de la condición de gran tenedor.

Si el procedimiento está en curso, lo procedente, teniendo en cuenta las distintas consecuencias que lleva aparejadas la suspensión según el régimen aplicable al demandante, es dar audiencia a las partes por cinco días, de nuevo por analogía con el art. 441.5 LEC, para que justifiquen lo que a su derecho convenga, y resolver con la información obtenida y las alegaciones formuladas sobre la inclusión en el supuesto del art. 2.1 y sobre la procedencia de la suspensión.

Esta audiencia debe darse en todo caso, aunque en el procedimiento se hubiera dictado sentencia, decreto o auto poniendo fin al procedimiento o acordando el lanzamiento, siempre que este no se hubiera llevado a efecto.

Tampoco se pronuncia sobre la carga de la prueba de la concurrencia de esta circunstancia en el demandante. Como regla, corresponde a quien invoca el régimen más favorable, en este caso el demandado que pretende la suspensión imperativa, acreditar los hechos que lo fundan (art. 217.2 LEC). Pero los datos decisivos, cuales son el precio pagado por la cartera o el inmueble, el valor de tasación, el modelo de negocio de la entidad, están en poder exclusivo del actor, por lo que el principio de disponibilidad y facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) debe desplazar hacia este la carga de aportarlos, bajo la consecuencia de tener por acreditados los hechos alegados de contrario si no lo hace sin causa justificada.

Abogada revisando un caso

(Imagen: E&J)

3. Una suspensión sin revisión periódica

Acreditado que el demandante encaja en el régimen del art. 2.1, y concurriendo los demás presupuestos comunes vulnerabilidad del demandado, carencia de alternativa habitacional y lanzamiento no ejecutado, el tribunal “suspenderá por auto el proceso”, sin que la norma contemple revisión alguna de la suspensión acordada.

De una lectura meramente literal resulta que, una vez acordada, y a diferencia de lo que ocurre en el régimen previsto en el artículo 2.2.; la suspensión se mantendría hasta el 31 de diciembre de 2030, y ello aunque desaparezcan los presupuestos que dieron lugar a la suspensión, porque el demandado hubiera superado la situación de vulnerabilidad o se hubiera obtenido una alternativa habitacional, sin que tampoco se prevea la enervación del desahucio por la administración ni compensación económica alguna, ni análisis o confrontación de prevalencia en caso de una eventual concurrencia de situaciones de vulnerabilidad en ambas partes del procedimiento lo que difícilmente se compadece con el canon de proporcionalidad que debe superar cualquier limitación del derecho a la ejecución de lo juzgado.

III. La acreditación de la vulnerabilidad en el demandado

Los dos regímenes del art. 2 exigen la misma situación de vulnerabilidad del demandado, que comprende tanto la económica como la social, y admiten dos vías alternativas para acreditarla: el informe de los servicios sociales o la aplicación de los criterios ponderativos del art. 441.7 LEC.

La alternatividad tiene una consecuencia práctica que conviene subrayar. El tribunal puede apreciar la vulnerabilidad sin esperar al informe administrativo, que debe solicitar en todo caso, valorando directamente si concurren los criterios del art. 441.7 LEC a la vista de la documentación aportada. El informe no es, por tanto, presupuesto necesario de la decisión, y cabe prescindir de él cuando a juicio del tribunal la documentación obrante sea suficiente.

El art. 441.7 LEC contiene parámetros concretos, para la vulnerabilidad económica, pero con todo, el art. 441.7 dice que el tribunal “podrá considerar” esos parámetros, de modo que son orientativos y no impiden apreciar la vulnerabilidad por otras circunstancias acreditadas.

La experiencia de los incidentes anteriores muestra que el problema real no es la falta de informe, sino lo ineficaz por genérico del mismo, además de la insuficiencia de la documentación aportada por el demandado. Así, se ha confirmado la denegación de la suspensión cuando la demandada no aportó certificado de empadronamiento en el municipio de la vivienda, no justificó la falta de ingresos de la persona con la que decía convivir y no compareció ante los servicios sociales, que informaron carecer de datos para valorar su situación, AAP Asturias (Sección 6.ª, Oviedo) núm. 59/2026, de 29 de abril.

En sentido inverso, se ha considerado que la mera constatación de la vulnerabilidad por los servicios sociales no bastaba para suspender al amparo del art. 441.6 LEC si la Administración no proponía medida concreta alguna. Este el criterio del auto de instancia, cuyo contenido recoge el AAP Málaga (Sección 6.ª) núm. 540/2026, de 21 de julio.

Esa lógica no es trasladable al RDL 29/2026: en el art. 2.1 basta la vulnerabilidad y la falta de alternativa, y en el art. 2.2 es precisamente la falta de respuesta de la Administración, o su respuesta de que carece de recursos, lo que determina la suspensión.

Tampoco aquí regula la norma las posibilidades de alegación y prueba de las partes. La respuesta debe ser coherente con lo ya expuesto: trámite de audiencia de cinco días, por analogía con el art. 441.5 LEC, para que el demandado acredite su situación y el demandante pueda contradecirla, y resolución por auto.

IV. La suspensión del art. 2.2: requerimiento, compensación y prevalencia

1. Ámbito

El segundo régimen se aplica a los demandantes no comprendidos en el art. 2.1, pero, a diferencia de este, no alcanza a todos los procedimientos del art. 441.5 LEC, sino únicamente a los desahucios que no se fundan en el impago de rentas y cantidades asimiladas y los supuestos de impago en que la vulnerabilidad acreditada no sea económica, pues en estos supuesto es de aplicación prevalente la enervación extraordinaria.

El terreno propio del art. 2.2 son, por tanto, al desahucio por expiración del plazo, recuperación de la finca cedida en precario, recuperación de la posesión de vivienda ocupada sin consentimiento y efectividad de derechos reales inscritos.

Entre esos demandantes se encuentran los propios entes públicos y sociedades públicas de vivienda excluidos del art. 2.1, que, además, pueden ser beneficiarios de la compensación como personas jurídicas dedicadas al alquiler asequible o social. El supuesto no es teórico: los organismos municipales de vivienda promueven, con frecuencia, desahucios por precario de viviendas de su parque, y en ellos el requerimiento a la Administración y la compensación pueden acabar recayendo sobre la misma Administración, o sobre otra de distinto nivel territorial, lo que obligará a precisar quién es la administración competente en materia de vivienda en cada caso (art. 2.3).

2. El requerimiento a la Administración y su plazo

Tratándose de un desahucio que no se funda en el impago de rentas y cantidades asimiladas, justificada la condición del demandante como no incluido en el ámbito del art. 2.1 y acreditada la vulnerabilidad del demandado, que carezca de alternativa habitacional y no se le haya ofrecido por la Administración una alternativa habitacional digna y adecuada, el tribunal requerirá, por el cauce designado por la comunidad autónoma, a la administración competente conforme a la legislación autonómica en materia de vivienda y servicios sociales, para que informe, expresamente, acerca de los recursos que tiene disponibles y los ofrezca.

Informe de vulnerabilidad

Si no hay respuesta, o se informa de la falta de recursos, el tribunal suspende el proceso hasta que se garantice una alternativa habitacional adecuada. La suspensión así decretada es independiente de la prevista en el art. 441.6 LEC, se revisa cada doce meses, tiene una duración máxima de tres años y no extingue la obligación del arrendatario de mantenerse al corriente en el pago de la renta.

La norma deja dos vacíos: no fija plazo para que la Administración informe y no dice cómo ha de justificarse el ofrecimiento de la alternativa.

Para el primero, se podría aplicar el plazo de dos meses previsto para la enervación extraordinaria en el articulo 5.2 del Real decreto ley para los supuestos de desahucios por falta de pago de rentas o cantidades asimiladas; transcurrido sin respuesta, se entenderá que no se cuenta con recursos.

Para el segundo, el ofrecimiento debe constar por escrito y con indicación concreta de la vivienda o recurso, su régimen y el plazo de disponibilidad, pues solo así podrá el tribunal valorar si la alternativa es adecuada y efectiva y, por tanto, si el rechazo del demandado carece de causa justificada, que justificaría el alzamiento de la suspensión.

3. El alzamiento

A diferencia del supuesto del art. 2.1, la suspensión se alza en este caso, previa audiencia de las partes, cuando desaparece la vulnerabilidad, cuando se pone a disposición del demandado una alternativa adecuada y efectiva, o este la rechaza sin causa justificada o cuando transcurren tres años desde que se acordó, siempre con el límite del 31 de diciembre de 2030.

4. La compensación

El auto que decrete la suspensión debe declarar que la Administración competente en materia de vivienda asumirá la obligación de compensar al demandante, cuya pretensión de desahucio se ha suspendido.

Tienen derecho a esta compensación las personas físicas y las personas jurídicas dedicadas al alquiler habitual asequible o social, y su contenido, máximo, comprende la renta contractual dejada de percibir, los suministros impagados y las costas, con exclusión del lucro cesante hipotético y del daño moral. La demora de la Administración, una vez acordada la compensación por el tribunal, devenga intereses.

Varias cuestiones quedan abiertas. La primera es la posición procesal de la Administración, que no es parte, no se le da audiencia, solo se le recaba informe, y carece de cauce para recurrir la decisión que le impone la obligación de compensar, pudiéndose soslayar esos inconvenientes mediante su intervención voluntaria, sino en orden a la suficiencia de la solución habitacional ofertada (cuestión de carácter puramente administrativo) si al menos en orden a la cuantificación económica de la misma

La segunda cuestión es la relativa al importe y conceptos que integran la compensación, pues excluidos el lucro cesante hipotético, y los daños morales, comprenderá como máximo, la renta contractual dejada de percibir, así como costes de suministros impagados y las costas procesales a favor del demandante. Como este régimen no se aplica a los desahucios por impago con vulnerabilidad económica, por la aplicación prevalente de la enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC, la renta contractual dejada de percibir se proyectará, sobre todo, en los desahucios por expiración del plazo, en los que el arrendatario sigue obligado a pagar la renta durante la suspensión y la compensación cubrirá solo lo que efectivamente deje de abonar.

Pero se obvia que se incluyen en su ámbito los supuestos en que se suspenda un desahucio por precario o en el supuesto de los interdictos, en que no hay una renta contractual, y que necesariamente habría que determinar con cargo a la administración, sin que se pueden acudir a la aplicación de las rentas de mercado equiparables, pues la compensación no comprenderá ni los daños morales ni los lucros cesantes hipotéticos.

5. La prevalencia entre vulnerabilidades

La suspensión no procede, en primer lugar, cuando el tribunal aprecie que debe prevalecer la vulnerabilidad económica o habitacional del demandante, salvo que sea persona jurídica o persona física gran tenedora. Aquí será necesaria prueba al efecto y audiencia de las partes, en la línea de la valoración ponderada que ya exige el art. 441.7 LEC al ordenar apreciar «las situaciones de vulnerabilidad que pudieran concurrir también en la parte actora».

En segundo lugar, cuando el demandante es una persona física titular de dos viviendas o menos, la vulnerabilidad económica del demandado no prevalece. Este supuesto permitiría prescindir de la tramitación del incidente cuando lo único alegado es la vulnerabilidad económica, porque la ley ha resuelto de antemano la ponderación y el trámite resultaría inútil.

Queda abierta, sin embargo, la cuestión de si frente al pequeño propietario la vulnerabilidad social del demandado la de los hogares con menores, personas dependientes o víctimas de violencia sobre la mujer puede todavía justificar la suspensión, dado que la norma solo excluye la prevalencia económica cuando se trate de personas física con dos viviendas, pero no a diferencia del supuesto anterior que menciona expresamente la económica y la habitacional.

Llaves y contrato de alquiler

(Imagen: E&J)

V. La enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC

1. Contenido y ámbito

El nuevo art. 22.6 LEC introduce, al margen de la enervación ordinaria, una enervación extraordinaria que se configura como obligación legal de la Administración y que se ejecuta dentro del propio proceso de desahucio. A diferencia del art. 2, no está sujeta al límite del 31 de diciembre de 2030, por lo que tiene vocación de permanencia.

El ámbito subjetivo es amplio: se aplica con independencia de quién sea el demandante persona física, sociedad, gran tenedor o ente público, con la única exclusión del supuesto del art. 2.1 del Real Decreto-ley, en el que rige la suspensión sin compensación.

El ámbito objetivo se limita a los desahucios por falta de pago de rentas o cantidades debidas del art. 250.1.1.º LEC, en situación de vulnerabilidad económica del arrendatario.

Acreditada la vulnerabilidad económica, no la social, “en los términos legalmente previstos”, que no pueden ser otros que los del art. 441.7 LEC o el informe de los servicios sociales que debe atenerse a ellos, se comunica de inmediato a la Administración competente, que dispone de dos meses, máximos e improrrogables desde la notificación, para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar al arrendador o consignar judicialmente la totalidad de lo reclamado, lo devengado hasta el pago y las costas. Durante ese plazo quedan suspendidos el curso del procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.

En este supuesto como indica PÉREZ DAUDÍ, V. 1, las consecuencias son las siguientes:

Si la Administración paga o consigna en plazo, se declara enervada la acción, se pone fin al procedimiento y el contrato sigue vigente.

Si transcurre el plazo sin alternativa ni pago, la Administración queda subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario, no hay lanzamiento y el contrato se mantiene hasta su expiración mientras persista la vulnerabilidad

Si la Administración ofrece, dentro del plazo, una alternativa habitacional adecuada, el proceso debe reanudarse, porque la acción de desahucio por impago no ha sido enervada.

2. Trámite y forma de la resolución

Igualmente por analogía sería conveniente aplicar el trámite del art. 441.5 LEC, con intervención de las partes y con la alternativa de recabar informe de los servicios sociales o aplicar directamente los criterios del art. 441.7 LEC.

La decisión debe adoptar la forma de auto pues el juzgador ha de valorar la vulnerabilidad económica, el demandante puede discutir si se ha pagado o consignado todo lo debido y el demandado puede sostener que la alternativa ofrecida no es adecuada.

Sobre este último punto, la determinación de si la alternativa habitacional es adecuada corresponde en principio a la Administración, pero no puede quedar al margen del control judicial en los supuestos en que la inadecuación sea manifiesta.

3. Las costas

La enervación extraordinaria no se rige, a mi juicio, por la regla de costas del art. 22.5 LEC, prevista para la enervación ordinaria, que condena al arrendatario al pago de las costas devengadas salvo que las rentas no se hubieran cobrado por causa imputable al arrendador. El art. 22.6 incluye expresamente las costas en lo que la Administración debe pagar o consignar, y esa es la regla específica que debe prevalecer. El mismo criterio de inaplicación del art. 22.5 LEC procede en el supuesto del art. 2.2, en el que las costas forman parte de la compensación.

La dificultad práctica está en que la Administración debe pagar las costas dentro del plazo de dos meses, cuando todavía estas no están tasadas. La solución sería incluir en la comunicación a la Administración una estimación provisional, en la línea de lo que prevé el art. 575 LEC para la ejecución, y practicar después la liquidación definitiva.

4. El destino del proceso tras la subrogación

Es, probablemente, el punto más oscuro de la reforma. La ley excluye el lanzamiento y mantiene el contrato, aunque en fase de ejecución se haya declarado el desahucio por sentencia firme, pero no dice qué ocurre con la acción de desahucio ni con la reclamación de las rentas acumuladas.

En mi opinión debe seguir abonando las rentas y compensando al acreedor, pues el propia Decreto Ley contempla la posibilidad de enervación en los procesos de ejecución siempre que no se haya practicado el lanzamiento, quedando suspendido la ejecución material del desahucio hasta contar con una alternativa habitacional.

Expediente proceso vivienda

(Imagen: E&J)

VI. Procesos y ejecuciones en curso

La disposición transitoria 2.ª aplica el art. 2 y el art. 22.6 LEC a las ejecuciones de resoluciones dictadas en los procedimientos del art. 441.5 LEC que se encuentren en curso, siempre que no se haya practicado el lanzamiento. La regla obliga a distinguir dos supuestos, porque la propia norma los trata de modo diferente.

En las ejecuciones en curso con lanzamiento no practicado, las suspensiones del art. 2, se activan a instancia del ejecutado, siendo la solicitud admisible aunque el trámite del art. 441.5 LEC se hubiera resuelto antes o se hubiera agotado el plazo máximo de suspensión del art. 441.6 LEC. Presentada con la documentación justificativa que no conste ya en las actuaciones, el Letrado de la Administración de Justicia suspende provisionalmente el lanzamiento hasta que el tribunal resuelva por auto.

La enervación extraordinaria, en cambio, opera de oficio. La disposición transitoria establece que, “antes de continuar el proceso, independientemente de la fase en la que se encuentre, deberá darse cumplimiento a la nueva obligación de enervación extraordinaria”. Ello exige comunicar a la Administración y abrir el plazo de dos meses en todos los desahucios por impago pendientes en que conste la vulnerabilidad económica, antes de dar cualquier otro paso.

Queda un tercer supuesto que la disposición transitoria no menciona: los procesos declarativos en curso, todavía sin sentencia. Entiendo que tanto el art. 2 como el art. 22.6 LEC se aplican a ellos desde el 8 de octubre de 2026. El art. 2, porque admite la suspensión incluso cuando ya se ha dictado sentencia, decreto o auto que pone fin al procedimiento; si alcanza a la fase de ejecución, con mayor razón ha de alcanzar a la declarativa.
El art. 22.6 LEC, por la misma razón, puesto que la transitoria lo extiende incluso a las ejecuciones, y porque la enervación es una institución propia de la fase declarativa.

VII. El concepto de gran tenedor

La condición de gran tenedor es determinante en varios puntos del régimen: excluye la prevalencia de la vulnerabilidad del demandante en el art. 2.2 y condiciona las cargas de alegación de los arts. 439.6.b) y 685.2 LEC. El art. 4 del Real Decreto-ley modifica la letra k) del art. 3 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Conforme a la nueva redacción, es gran tenedor quien sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial, excluidos garajes y trasteros, definición que puede particularizarse en los entornos de mercado residencial tensionado hasta los titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial. La condición se acredita mediante certificación del Registro de la Propiedad, y cada unidad susceptible de uso residencial de un edificio computa como inmueble independiente, haya o no división horizontal inscrita.

En la ejecución hipotecaria, el nuevo art. 685.2 LEC obliga a indicar en la demanda si el inmueble es la vivienda habitual del deudor y si el ejecutante es gran tenedor y, si se niega esta condición, a acompañar certificación registral de las viviendas a nombre del actor. La nueva redacción sustituye íntegramente el apartado, cuyo inciso final había sido anulado por conexión por la STC 26/2025, de 29 de enero, junto con los apartados 6.c) y 7 del art. 439 LEC.

La norma, sin embargo, guarda silencio sobre un supuesto frecuente en la práctica: el de quien no es titular de inmuebles completos, sino de porcentajes de propiedad sobre distintos inmuebles. No se dice si esas cuotas indivisas computan como una unidad, en proporción a la participación o no computan en absoluto, y la respuesta puede alterar por completo la calificación del demandante. Es una cuestión que el legislador debería resolver expresamente. Mientras no lo haga, el debate se trasladará al incidente y a la valoración de la certificación registral aportada, que solo acredita la titularidad inscrita a nombre del propio interesado, pero no los inmuebles de entidades de su grupo o de quienes actúen por su cuenta ni la tenencia por otros títulos.

IX. El régimen de recursos

El Real Decreto-ley no regula el recurso contra los autos que acuerdan o deniegan la suspensión, ni contra los que resuelven sobre la enervación extraordinaria. La cuestión no es nueva: tampoco el RDL 11/2020 y sus prórrogas, ni la Ley 12/2023 al reformar el art. 441 LEC, previeron recurso alguno, y las Audiencias Provinciales han construido sobre ese silencio una doctrina que, salvo excepciones, es muy consistente.

1. La posición mayoritaria: solo cabe reposición

Según la posición claramente mayoritaria, el auto que resuelve sobre la suspensión por vulnerabilidad no es apelable porque no es un auto definitivo y ninguna norma prevé expresamente la apelación (arts. 207.1 y 455.1 LEC). El auto que concede o deniega la suspensión resuelve una cuestión incidental en un proceso que sigue existiendo: si se deniega, el juicio continúa; si se concede, queda paralizado temporalmente y se reanuda después. Como señalan los AAP Málaga (Sección 6.ª) núm. 540/2026, de 21 de julio AAP Barcelona (Sección 13.ª) núm. 178/2026, de 30 de abril, rec. 290/2026 que el auto agote la cuestión incidental sobre la vulnerabilidad no significa necesariamente que sea un auto definitivo en el sentido técnico de los artículos 207 y 455 LEC.

A ello se añade que, conforme al art. 393.5 LEC, el auto que resuelve un incidente ordenando la continuación del proceso no es apelable, y que contra el auto que resuelve la reposición no cabe recurso alguno (art. 454 LEC). En este sentido AAP Málaga (Sección 4.ª) núm. 460/2026, de 18 de junio, AAP Málaga (Sección 4.ª) núm. 409/2026, de 3 de junio, rec. 809/2026: y AAP Málaga (Sección 4.ª) núm. 296/2026, de 24 de abril, rec. 802/2026, recogen, además, el criterio del Pleno de la AP de Navarra y una extensa relación de resoluciones de otras Audiencias en el mismo sentido.

La misma conclusión se alcanza cuando el auto se dicta en fase de ejecución, porque el art. 562.1.2.º LEC solo admite la apelación «en los casos en que expresamente se prevea en esta ley», y ni el RDL 11/2020 ni la disposición final 5.ª de la Ley 12/2023 la contemplan (AAP Barcelona (Sección 1.ª) núm. 347/2026, de 28 de julio) Y se refuerza por analogía con otros incidentes de suspensión sin apelación los de los arts. 661 y 675 LEC, el de la Ley 1/2013 o la suspensión del art. 19 LEC, de modo que, si la apelación se admite indebidamente, la causa de inadmisión se torna en causa de desestimación AAP Pontevedra (Sección 3.ª) núm. 152/2026, de 11 de junio los AAP Valencia (Sección 8.ª) de 13 de marzo y 26 de diciembre de 2025.

No faltan, sin embargo, resoluciones, AAP Asturias (Sección 6.ª, Oviedo) núm. 59/2026, de 29 de abril que han entrado en el fondo de la apelación interpuesta contra un auto denegatorio dictado conforme al art. 441.6 y 7 LEC, sin cuestionar su admisibilidad, lo que confirma la inseguridad que genera la falta de regulación expresa.

2. Por qué el RDL 29/2026 obliga a reconsiderar la cuestión

La doctrina mayoritaria se construyó sobre suspensiones breves (los dos o cuatro meses del art. 441.6 LEC) o expresamente temporales y periódicamente prorrogadas. El nuevo régimen es cualitativamente distinto, y ello permite distinguir tres supuestos.

El primero es el auto que declara enervada la acción y terminado el procedimiento por el pago o la consignación de la Administración (art. 22.6 LEC). Es un auto que pone fin al proceso y, por tanto, definitivo en el sentido del art. 207.1 LEC y apelable conforme al art. 455.1 LEC. Así lo confirma, además, el régimen general del propio art. 22 LEC, cuyo apartado 3 dispone que contra el auto que acuerde la terminación del proceso «cabrá recurso de apelación».

El segundo es el auto que declara la subrogación automática de la Administración y excluye el lanzamiento. Aunque formalmente no extinga el proceso, impide de modo definitivo que la pretensión de desahucio llegue a su fin mientras subsista la vulnerabilidad.

El tercero son los autos de suspensión de los arts. 2.1 y 2.2. Aquí el argumento es más débil de lege data, porque la suspensión, por larga que sea, sigue siendo temporal. Pero la suspensión imperativa del art. 2.1 hasta el 31 de diciembre de 2030, sin revisión ni compensación, tiene un impacto difícilmente equiparable al de las suspensiones breves del art. 441.6 LEC, y el auto que la acuerda decide sobre presupuestos nuevos —la condición del demandante, la finalidad de su adquisición— que no se reducen a una mera ordenación del procedimiento. A ello se suma que la decisión impone a quien no es parte, la Administración, la obligación de compensar o de enervar con cargo a fondos públicos. Todo ello aconseja una doble instancia, que el legislador debería establecer expresamente si la norma se tramita como proyecto de ley.

Si la apelación llegara a admitirse, debe tenerse presente que el auto recae en un proceso que lleva aparejado el lanzamiento, por lo que el recurso del demandado queda sujeto a la exigencia del art. 449.1 LEC de acreditar el pago de las rentas vencidas y de las que deba pagar adelantadas con la
subsanación que permite el art. 449.6 LEC. La exigencia es coherente con la regla del art. 2.2 según la cual la suspensión no exime al arrendatario de mantenerse al corriente de la renta.

Queda, por último, el examen de la posición de la Administración quien no es parte y, por tanto, no puede recurrir el auto que la obliga a compensar, a pagar o consignar, o que la declara subrogada. Para paliar esa carencia queda la posibilidad de su intervención voluntaria al amparo del art. 13 LEC, pues ostenta un interés directo y legítimo en el resultado del incidente; una vez admitida como interviniente, podrá utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales (art. 13.3 LEC).

IX. Convalidación

El Real Decreto-ley 29/2026 ha sido convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el día 12 de noviembre del presente año, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, por lo que las medidas que han sido expuestas continúan en vigor desde el día siguiente a su publicación en el BOE.

Bibliografía

PÉREZ DAUDÍ, V., «Las reformas procesales del RDL 29/2026: desahucio por falta de pago y ejecución hipotecaria», Revista de Derecho vLex, núm. 269, octubre 2026, pp. 1-28 (VLEX-1136274556).

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